Francesca García, periodista de El Comercio, estuvo de paso por Puerto Esperanza, en la provincia de Purús, Ucayali, después de recorrer la Interocéanica hasta Iñapari, en la frontera con Brasil, y de allí tomar la ruta hacia Río Branco. Su crónica sobre el tantas veces mencionado aislamiento de la provincia de Purús con respecto a los polos de desarrollo amazónicos acaba de ser publicada en El Comercio de Lima. Me permito apuntar algunas notas sueltas que pueden complementar su trabajo periodístico.
1. Efectivamente, la carretera a Iñapari, Madre de Dios, se ha convertido en una obsesión para un grupo numeroso de habitantes de Puerto Esperanza, la capital provincial, quienes sufren las consecuencias de un aislamiento notorio. Pero es necesario mencionar que su reclamo empezó a tomar cuerpo recién desde que se anunciara la construcción de la Interoceánica del Sur y ha sido en todo momento apoyado por el párroco Miguel Piovesán, un sacerdote cuestionado por las poblaciones indígenas que habitan el ámbito rural de la provincia de Ucayali.
2. Ahora bien, ese compacto segmento de descontentos citadinos, mayoritariamente empleados públicos (y sus familiares en muchos casos) se ha vinculado históricamente con la ciudad de Pucallpa, la capital departamental, no con la de Puerto Maldonado. No olvidemos que las jefaturas de sus dependencias despachan desde Ucayali. O desde Lima. Y que los vuelos cívicos que los sucesivos gobiernos nacionales han venido proveyendo cubren la ruta Puerto Esperanza-Pucallpa.
3. Tan fuerte es la relación que existe entre la población de Puerto Esperanza y la de Pucallpa que los vuelos cívicos que el gobierno de Humala alentó para unir la capital de Purús con Puerto Maldonado no tuvieron el eco esperado y al final se cancelaron por falta de pasajeros.
4. En Iñapari vive la presidenta del Comité de Gestión del Parque Nacional Purús, la señora Mercedes Perales, una activista del desarrollo de la provincia de Purús que impulsa la conexión multimodal que comenta la nota de Francesca García y que en enero pasado, cuando la entrevisté en Puerto Maldonado, me comentó que a todas luces es muy poco lo que la provincia produce.
5. Y que la carretera, de prosperar los sueños del padre Piovesán, del congresista Tubino y de los habitantes de Puerto Esperanza, beneficiaría, sobre todo, a los madereros de Atalaya y Masisea, impulsores detrás de bambalinas de las pretensiones carreteras.
Cierro esta larga introducción al trabajo de Francesca García con algunas opiniones que siguen dando vueltas en la sala de edición de este portal:
La primera es de Arsenio Calle –dato muy valioso: el jefe del Parque Nacional Purús despacha desde Pucallpa: “La carretera es inviable económicamente, cuesta 300 millones de dólares. Cuando nos reunimos con el Ejecutivo, le preguntaron al alcalde de Puerto Esperanza por los productos que saldrían por la carretera y el alcalde no supo que decir, apenas mencionó que los indígenas producían “unas cuantas cositas” … es evidente que se pretende construir una carretera para desangrar el Purús”.
La segunda es de Juan José Villanueva, profesor, alguna vez sub prefecto provincial, en la actualidad presidente de una asociación de concesionarios privados: “Aquí nadie se está yendo, aquí no hay antipatriotas. Sucede que en Brasil encontramos a mejor precio los productos básicos que en Puerto Esperanza son extremadamente caros. Y si alguien ha migrado es porque en Puerto Esperanza no hay trabajo, producción, servicios…”
La tercera, la de monseñor David Martínez, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, “Sin lugar a dudas, este enfrentamiento está muy condicionado por la preocupante discusión de la carretera y la necesidad de conectar el Purús con el resto del Perú. Es un tema que ha generado fuerte beligerancia, situando a las partes en un conflicto que no favorece ni a las instituciones, ni a los pueblos originarios, ni al resto de población purusina de buena voluntad, ni a la conservación de la naturaleza, ni al desarrollo del Purús como región. Creo que se han afilado demasiado las espadas y hay heridas mutuas fuertes que habrá que empezar a sanar si realmente tenemos un interés sincero por los pueblos, sus gentes, el desarrollo sostenible y el medio ambiente.
La última, de ayer con Carlos Soria, abogado socioambiental como lo llaman algunos: “Tenemos que ser eficientes en el manejo de los recursos que hay en las áreas naturales protegidas, la gente local quiere, ya que hablamos de conservación, el desarrollo de actividades sostenibles, no extractivas y hay muchas: el ecoturismo es una de ellas, la elaboración de productos de alto valor es otra; la gestión de paisajes, el cacao, pero vendido a empresas grandes, la producción de chocolates bien hechos, son solo muestras de lo que se debería hacer (…) La gente local no necesita que les enseñen a conservar, necesita simplemente que los gobiernos dejen de molestarlos y que las ONGs hagan bien su trabajo”.
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