Firmé el día de ayer un pronunciamiento elaborado por un grupo de amazónicos y dirigentes indígenas señalando la importancia de articular los esfuerzos necesarios entre el Estado y la sociedad organizada con el fin de detener el avance del COVID-19 en la Amazonía, un territorio habitado por una población altamente vulnerable e históricamente invisibilizada.
Hace un par de días se reportó la muerte de un indígena huni kuin en Pucallpa como consecuencia de la pandemia que enfrentamos y, como era de esperarse, las alarmas -que ya se habían activado- subieron en intensidad: en la Amazonía peruana habitan 480 mil indígenas, la mayoría de ellos dispersos en las 2435 comunidades nativas reconocidas por la ley. Algunas de estas comunidades, debido a su cercanía a las grandes ciudades, se encuentran a la fecha magramente atendidas por el bono de 380 soles asignado por el Ejecutivo y el limitado apoyo de los municipios locales; el resto, la mayoría, resiste a duras penas el flagelo y lo hacen sin la ayuda prometida desde el Estado.
Los firmantes de la carta pública que ha empezado a circular reclamamos la inmediata creación de una mesa de trabajo del más alto nivel donde estén representadas las federaciones indígenas (AIDESEP y sus organizaciones regionales –CONAP y ANECAP) y los organismos que están en primera línea de la lucha contra el COVID-19 para organizar de manera perentoria, entre otras cosas, el apoyo social y económico a las comunidades nativas, la estrategia de aislamiento comunal que vienen implementando de manera espontánea así como enfrentar el desabastecimiento que aflige a sus poblaciones, sobre todo a las más alejadas de las ciudades principales.
Las comunidades nativas saben muy bien, han padecido tantas, lo que significa para sus hijos el daño y la mortandad que generan las epidemias. Y saben también cuál es el proceder del Estado central cuando las papas queman, por decirlo de alguna manera. Tienen vivo el recuerdo la inacción de los gobernantes frente a los derrames petroleros, los asesinatos de sus líderes sociales, tienen grabado en el alma los crímenes de Bagua y tantas otras atrocidades. Piden atención urgente: mineros ilegales, taladores de madera y narcotraficantes, encantados con la situación, se mueven a sus anchas por los territorios nativos y las vías de comunicación poniendo en riesgo a sus poblaciones.
Hay que escuchar a las federaciones y actuar en consecuencia. Ellas son las que mejor conocen la problemática y también la forma de ser más eficientes en la llegada del apoyo social y su adecuada fiscalización. Confío en que sus voces sean escuchadas y se actúe con justicia y responsabilidad con este numeroso grupo de peruanos y peruanas que viven en los bosques que estamos en la obligación de cuidar.
Les dejo el pronunciamiento, sé que lo han empezado a distribuir desde las plataformas de Servindi e Inforregión, ayúdanos a viralizarlo. Es de justicia y es urgente atender sus reclamos.
