Mi opinión
Trece pueblos originarios en la frontera de la región Ucayali con el Brasil, coaligados en una muy activa comisión transfronteriza, binacional, vienen trabajando una agenda común con el objetivo de ser atendidos por las autoridades de ambos países: los problemas que padecen son los mismos que asolan a las demás comunidades nativas de nuestra Amazonía y tienen que ver con el auge en sus territorios de las economías ilegales y la presencia cada vez mayor del crimen organizado. Si a estos dos males se le suma la complacencia de un Estado que sigue promoviendo la construcción de infraestructuras y la concesión a particulares de grandes extensiones del bosque, la situación es francamente alarmante en una región de inmensa biodiversidad y recursos naturales. La plataforma indígena que agrupa a las comunidades de Juruá, Yurúa y Alto Tamaya han iniciado una ronda de visitas a las autoridades nacionales para que se escuchen sus reclamos y se viabilicen las soluciones que se requieren; para sus representantes la tala ilegal, el narcotráfico, la construcción de carreteras legales e ilegales que ponen en riesgo el buen vivir de los hombres y mujeres de las comunidades originarias deben cesar. Advierten, además, que muchos de sus dirigentes vienen sufriendo amenazas contra sus vidas por parte de elementos extraños con claros vínculos con las mafias detrás de los negocios ilícitos y el extractivismo. Reclaman una acción más decidida del Estado peruano a fin de evitar otra tragedia como la ocurrida en Saweto, cuando cuatro defensores ambientales fueron asesinados por sicarios vinculados al tráfico de madera.
NP Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya
Ha sido una semana clave para las organizaciones indígenas de Ucayali y Brasil, integrantes de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya. Sus representantes han logrado establecer reuniones cruciales con diversos actores, incluidos ministerios como Relaciones Exteriores, Justicia, Agricultura y Ambiente, así como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Congreso y embajadas, entre otros. En estos encuentros, se abordaron temas urgentes que requieren la atención del gobierno central para evitar la repetición de tragedias como el caso Saweto, por defender sus derechos territoriales.
La Comisión ha puesto en el foco de su agenda la preocupante situación de las concesiones forestales que se superponen a sus territorios y a las nacientes de sus ríos. Este esfuerzo busca fortalecer la protección de sus territorios, preservar las nacientes de los ríos y conservar la biodiversidad. La seguridad de los habitantes se ha convertido en un tema crucial, especialmente ante el aumento de proyectos de infraestructura, tanto legales como ilegales, que incluyen carreteras, caminos forestales y pistas de aterrizaje clandestinas. A estas preocupaciones se suma el avance de las economías ilegales y el crimen organizado, amenazas persistentes que ponen en peligro la vida de las comunidades.
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Para las comunidades de Sawawo (Perú) y Apiwtxa (Brasil), no hay fronteras, pero comparten una creciente preocupación por la conservación de su entorno natural. La trocha UC 105, que se proyecta como carretera, ya ha generado impactos en las cabeceras de los ríos Genepanshea, Sheshea, Tamaya, Shatanya, Alto Tamaya, Amonia y Yurúa ,amenazando la diversidad ecológica y cultural que rodea estos cursos de agua y sus afluentes. Esta vía cruza ríos, quebradas y otros cuerpos de agua más de 200 veces, con un impacto potencial en 24 mil kilómetros cuadrados de cuencas hidrográficas. Se presenta, así, como una amenaza significativa para una zona biodiversa que estas comunidades buscan proteger, pues dependen de estas cuencas para su subsistencia. En este contexto, es crucial que las autoridades escuchen las propuestas y preocupaciones de las comunidades transfronterizas en la planificación de infraestructuras, asegurando que el desarrollo no comprometa la riqueza natural y ancestral de la región.
En el marco de los diálogos sostenidos, la comisión ha destacado que la recuperación de sus territorios es su principal prioridad. La invasión de grupos ilegales ha aumentado, generando “comunidades fantasmas” y tráfico de tierras, lo que representa una amenaza no solo a las comunidades indígenas, sino también para la biodiversidad del planeta. Subrayan que la carretera no traerá desarrollo porque no existe infraestructura para conectar con Brasil, más bien facilita actividades ilegales. Enfatizaron que el verdadero objetivo es la extracción de madera, abrir estos caminos para la carretera ya ha provocado la deforestación de más de 4,000 hectáreas entre 2016 y 2023, según un informe de la Universidad de Richmond (EEUU).
Las comunidades exigen ser actores activos en la gestión de sus territorios, y así lo han expresado ante diversas instancias públicas, como el Ministerio del Ambiente y Cultura.
Los integrantes de la Comisión informaron que tras la pandemia, ha aumentado el tránsito de mochileros y las amenazas en la frontera, con un incremento de la violencia y el narcotráfico. La falta de atención estatal y la impunidad agravan la situación, dejando a los defensores en situación de alta vulnerabilidad. La Comisión busca dialogar con el Estado para proponer estrategias que mejoren la seguridad de los pueblos indígenas y prevenir muertes. Recordaron el caso de Saweto, crimen ocurrido el 2014 contra cuatro líderes y autoridades indígenas, que solo defendían sus territorios. Los antecedentes del crimen organizado y su relación con las empresas madereras es real.
La voz de María Elena Paredes, lideresa Asheninka de la Comunidad Nativa Sawawo Hito 40 hace eco cuando dice: “Si estamos aquí, es por un objetivo, y para lograrlo no debería morir un indígena más; no queremos que eso suceda».
Por parte de la comisión también hay una preocupación por el impacto de la carretera a las Reservas indígenas Muruhuana, porque afecta a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Además, han alertado sobre la extracción irracional de aceite de copaiba en las áreas de reservas indígenas, lo que podría llevar a su extinción.
“Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas sobre nuestra realidad. La Comisión se enfoca en un desarrollo sostenible y busca proteger la zona mediante diálogos y alianzas. Aunque hay intereses políticos, se cometen delitos graves que amenazan no solo el bosque, sino nuestra cosmovisión y conocimientos ancestrales. Nuestra propuesta incluye mejorar la protección del territorio y dialogar con ambos gobiernos para abordar problemas fronterizos y reclamar derechos, promoviendo la justicia ambiental”, sostiene Francisco Piyãko, líder asháninka que dedica su vida a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas de Brasil y presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Río Juruá (OPIRJ).
Finalmente, un tema recurrente en estos espacios de diálogo ha sido la falta de implementación de la ley de consulta previa, libre e informada en las concesiones y proyectos de infraestructura que afectan a los pueblos indígenas. Esta situación pone en riesgo el desarrollo sostenible, comprometiendo el futuro de estas comunidades. No solo se afecta el entorno natural, sino también la preservación del conocimiento ancestral y la cohesión social de estos grupos.
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De este modo, por primera vez, trece pueblos originarios fronterizos han presentado una agenda común, respaldada por informes técnicos detallados y propuestas sostenibles, dirigidas a las autoridades de Perú y Brasil.
