Mi opinión
Aunque la noticia es de setiembre pasado, quiero comentarla con ustedes porque se trata de un nuevo triunfo de la razón sobre la barbarie que produce la minera ilegal y la colusión de los tres poderes del Estado con un flagelo que no tiene cuando acabar.
Como lo he venido reseñando en estas páginas y lo comenté en sendos artículos parar Mongabay Latam y el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, la lucha de los indígenas de la Comunidad Nativa Tres Islas, en Madre de Dios, es ejemplar: ellos –la comunidad de la lideresa indígena Juana Payaba- obtuvieron hace buen tiempo una resolución del Tribunal Constitucional peruano ordenando el cese de la invasión minera en sus territorios.
Y aunque el Estado peruano –léase Poder Judicial- no acata en la práctica el mandato constitucional la victoria pírrica de Juana, una mujer a quien conozco y he entrevistado más de una vez, es, no me tengo la menor duda, el anticipo de mejores tiempos para las poblaciones afectadas por la minería ilegal en Madre de Dios y en otras regiones del Perú.
La nota que les envío da cuenta de un nuevo triunfo legal de la comunidad de Tres Islas. El mes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar “por riesgo grave y urgente” de la integridad de la comunidad nativa debido a la persistencia de las afectaciones que vienen denunciando sus líderes desde hace varios años.
Mis complacencias y saludos para Juana y su familia, su lucha es de una valentía conmovedora, un canto a la porfía y la abnegación..
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha comunicado a la Comunidad Nativa Tres Islas, en Madre de Dios y a al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), el otorgamiento de una medida cautelar por riesgo grave y urgente de vida e integridad; en la medida que la comunidad viene sufriendo los impactos de la contaminación por mercurio debido a las actividades de la minería ilegal en su territorio.
Dado que la comunidad se estaba defendiendo por sí sola frente a terceros que realizaban actividades de minería, tala y prostitución, los dirigentes venían siendo amenazados sin que la gobernación les haya otorgado las garantías solicitadas hace meses.
Cabe recordar que más de dos tercios del territorio de la comunidad nativa Tres Islas están bajo concesiones mineras otorgadas por el Gobierno Regional. A pesar de que la comunidad ha solicitado la nulidad de dichas concesiones, el Gobierno Regional de Madre de Dios no lo ha aplicado a la fecha. Esta es la principal fuente de la contaminación por mercurio. La CIDH ha determinado que dada la información otorgada por la comunidad, la vida e integridad, especialmente, de mujeres embarazadas y niños está en riesgo porque el mercurio contamina las fuentes de agua y alimentación.
El pescado es la principal fuente de alimentación de esta comunidad así como de otros pueblos amazónicos. Este alimento, al estar afectado por la minería, genera una contaminación crónica de metilmercurio en el ser humano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha ordenado al Estado peruano:
1. Adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Dios: estas incluyen
a. realizar los diagnósticos necesarios para determinar los niveles de contaminación por mercurio u otras sustancias que tendrían los beneficiarios,
b. garantizar que los miembros de la comunidad tengan acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales y dentro de los niveles considerados aceptables por la organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
c. tomar medidas de protección a los miembros de la comunidad frente a posibles agresiones de terceros, en concierto con la comunidad y sus representantes legales.
2. Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.
3. Informar sobre las medidas adoptadas para mitigar, reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas y sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar para evitar la repetición de estos.
De esto se deriva, directamente, una obligación del Estado de no seguir otorgando concesiones o vigencia a las concesiones mineras existentes; por el contrario, se genera el deber de anular las concesiones otorgadas inconsultamente y que generan el riesgo de vida e integridad de Tres Islas.
El Estado tiene quince días para informar a la CIDH las medidas que adoptará. Este triunfo se suma a otro que tuvo la Comunidad Nativa Tres Islas al ser la primera comunidad que ganó un caso ante el Tribunal Constitucional, donde este reconoce el derecho a la autonomía y la propiedad territorial (Expediente 1126-2011-HC/TC).
Lamentablemente, hasta la fecha, el Poder Judicial viene demorando la ejecución de esta sentencia, lo que ha obligado a que la comunidad misma decida construir una reja para evitar el ingreso de los mineros informales y taladores ilegales a su territorio. Esperemos que, con esta medida, las distintas entidades del Estado se reúnan con la comunidad y sus representantes legales para concertar las medidas necesarias para evitar el riesgo de vida e integridad que sufre la comunidad y las fuentes de esos riesgos.
23/10/2017
