Mi opinión
A fines de abril, producida la primera muerte de un poblador nativo en Pucallpa, Ucayali, circulamos en esta plataforma un pronunciamiento firmado por un grupo significativo de dirigentes indígenas de la Amazonía peruana y personalidades ligadas al desarrollo de la región, en el que se exigía al gobierno central audacia y celeridad para enfrentar los problemas derivados de la pandemia que viene afrontando el país y la humanidad en su conjunto. Para entonces, 27 de abril, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas ya eran conscientes del incremento de la presencia y actividad de “mineros ilegales, taladores ilegales y narcotraficantes” en sus territorios, situación que por cierto no solo ponía en riesgo los recursos del bosque sino que afectaba directamente la salud de las poblaciones locales.
Los firmantes hacían un llamado al gobierno para que se tomen las decisiones que la emergencia requería y en estrecha coordinación con las propias federaciones indígenas, las organizaciones de base que conocen mejor que nadie la problemática amazónica. Ya el antropólogo Alberto Chirif ha comentado lo errático de las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en relación a la pandemia en curso. Hablo del DL 1498 impulsado por el Ministerio de Cultura –la dependencia que ahijó al famoso Richard Swing- que le encarga, entre otras cosas, a la PNP y al ejército el control de las carreteras fluviales y el ingreso a las comunidades, cuando son estas, sus hijas e hijos, las que podrían hacerlo muchísimo mejor si es que el Estado creyera de verdad en las organizaciones populares.
Chirif agrega en el comentario a la norma mencionada, que pueden encontrarlo en la plataforma Servindi, que cuando las leyes (o para el caso, las decisiones) se demoran en convertirse en hechos concretos, no sirven para atender una emergencia tan grave como la del bendito Covid-19: “Imaginemos que pasaría con un retraso semejante, o incluso menor, por parte de los bomberos que deben combatir un incendio. Y vale la comparación del incendio con la pandemia, porque ambos, cuanto más tiempo transcurre, más se fortalecen y son más difíciles de dominar”.
Igual sucede con la pandemia del extractivismo ilegal que se ha hecho fuerte en la Amazonía en estos días de emergencia sanitaria y descontrol estatal. Si no paramos sus efectos de una vez el desborde va a ser fatal. De allí la pertinencia de la moratoria forestal que está exigiendo AIDESEP, la máxima organización indígena de la Amazonía peruana.
En carta que se ha hecho llegar al presidente de la República, los máximos dirigentes de la organización indígena le exigen al gobierno suspender la actividad maderera en el territorio amazónico y combatir la ilegalidad forestal, una actividad criminal que destruye bosques y pone en peligro la salud de los habitantes de la porción de la cuenca que nos corresponde. Para AIDESEP si es que no se actúa con energía y de manera inmediata la destrucción de lo poco que nos queda de naturaleza viva será inminente.
Los firmantes del pronunciamiento que les dejo manifiestan también su preocupación por la utilización que se hace sistemáticamente de los territorios indígenas para acometer obras de infraestructura vial y energética de dudoso provecho así como actividades agrícolas que atentan contra la madre tierra amazónica.
Espero que esta vez el poder Ejecutivo -luego del mea culpa presidencial de ayer en cadena nacional en relación al mal manejo de la crisis en la Amazonía peruana- tome las medidas que corresponden y se decrete una moratoria forestal que cierre los caminos ilegales de una actividad para nada consecuente con la nueva normalidad de la que tanto se habla. Hoy cinco de junio, día triste para los que tenemos clavado en el corazón y en el alma el crimen de Bagua, el presidente Vizcarra tiene una oportunidad para enmendar en algo el consuetudinario olvido de un Estado cómplice de la invisibilidad de los indígenas que viven en sus bosques y poblaciones citadinas de la Amazonía nuestra.
En el contexto de las propuestas para la reactivación vemos con preocupación políticas, programas,planes y proyectos que están más interesados en los suelos Amazónicos para obras de infraestructura vial y energética o para actividades agrícolas monocultivos (palma aceitera), tanto la agricultura migratoria como la agroexportación, que por las personas que ahí habitan y el rol vital de la Amazonía.
Es por eso, por lo que consideramos necesario plantear una moratoria a la explotación forestal maderable en el Perú, primero para garantizar la vida de los pueblos indígenas y segundo para promover la conservación de la diversidad biológica (Artículo 68 de la Constitución Política del Perú).
Ante esta pandemia del COVID19, es necesario considerar que la actividad forestal, cuando no se superpone a los territorios de pueblos indígenas es adyacente a estos. El alto nivel de informalidad de la actividad forestal permite que cuadrillas de informales talen la madera y vendan el producto a los aserraderos, sin la garantía de la implementación de protocolos de bioseguridad para su actividad. De otro lado, tenemos unas pocas empresas formales que controlan toda la cadena del producto forestal y que eventualmente podrían tener más éxito con los protocolos dentro de su empresa. Si bien, son comprensibles las urgencias económicas, no es posible iniciar la reactivación
de la actividad forestal cuando el COVID está en expansión acelerada en las comunidades nativas y tenemos para varios meses con esa tendencia, hacerlo sería a expensas de la integridad y la salud de los trabajadores forestales, los pueblos indígenas y peor aún de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
Los taladores ilegales han aprovechado la cuarentena para seguir extrayendo impunemente los recursos forestales y con la reactivación forestal tendrán la excusa para lavar sus actividades, pero sobre todo para continuar transitando por la Amazonia aun pese a la negativa de pueblos indígenas que han cerrado sus comunidades. Es importante, no perder de vista los grandes objetivos nacionales con los que tenemos que actuar para no caer en urgencias cortoplacistas que ofrecen soluciones rápidas, pero con gran repercusión ambiental y social de impactos negativos.
Los bosques son el hogar de 400 pueblos indígenas en la Pan Amazonía, unos 85 de ellos viven en condiciones de aislamiento o contacto inicial, además de poblaciones mestizas ribereñas y urbanas. También es cierto que los bosques de la Amazonía peruana cumplen un rol fundamental en términos hidrológicos, climatológicos, como sumidero de carbono con influencia a nivel planetario, alberga diversos ecosistemas muy frágiles donde habita una gran biodiversidad de fauna y flora silvestre, además de ser una gran reserva de fuentes de alimentos y medicina natural. Su complejidad encierra infinitas posibilidades para la tecnología bioinspirada.
Los pueblos indígenas identifican 24 funciones ambientales en los bosques mientras que desde la explotación forestal se ve prioritariamente la provisión de madera de exportación y otros priorizan la captura de carbono. Estas miradas rentistas no dan cuenta de la complejidad de los bosques tropicales. La gran matriz de producción y de consumo está marcada por la mercantilización de la
naturaleza antes que, por una genuina sustentabilidad, mientras que los esfuerzos por avanzar hacia la conservación de los bosques tropicales son insuficientes. Esta realidad se ve agravada por la alta informalidad e ilegalidad existente en el país.
Aun cuando se ha avanzado en medidas orientadas al manejo responsable de los bosques, tales como la certificación forestal, la trazabilidad, el cuaderno de operaciones y el uso de tecnología moderna, al mismo tiempo subsisten deficiencias derivadas del poco uso de las ciencias para una correcta toma de decisiones que hacen que los planes de manejo forestal no contengan las condiciones requeridas para mantener las especies que se aprovechan. De esta manera hemos asistido al proceso de afectación significativa de especies como la Caoba (Swietenia mahagoni) y ahora avanzamos en la dirección de la extinción comercial del Shihuahuaco o cumarú (Dipteryx
micrantha).
Indonesia ha luchado durante más de una década para reducir la deforestación mediante la implementación de una moratoria sobre la explotación forestal. Nicaragua aprobó una moratoria en 1992, mientras que Ecuador comenzó a discutir el tema en 2006. Hoy el Club de Roma propone «establecer una moratoria global universal sobre la deforestación, utilizando una métrica de deforestación y degradación neta cero y, para 2025, inversiones triples anuales en conservación forestal y restauración del paisaje forestal».
Por todas estas razones Señor Presidente Martin Vizcarra pedimos NO REACTIVAR LAS ACTIVIDADES FORESTALES por una Amazonía de todos.
Lima, 1° de junio de 2020
Lizardo Cauper Pezo
Presidente de AIDESEP
Berlin Diques Ríos
Presidente ORAU
Edwin Jumanga Ruiz
Presidente CORPIAA
Ely Tangoa Lancha
Presidente CODEPISAM
Salomón Awananch Wajusk
Presidente ORPIAN
Jorge Pérez Rubio
Presidente ORPIO
