Ardió Troya. Como era de esperarse, dada la obstinación y el físico de maratonista en lides congresales del almirante en retiro Carlos Tubino, el Ejecutivo aprobó la semana pasada, la ley que “declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, priorizando su conectividad multimodal”, proyecto respaldado en su momento por la mayoría parlamentaria y el visto bueno de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos, Ambiente y Ecología que preside la frenteamplista Maria Elena Foronda, ganadora en el 2003 del prestigioso premio ambiental Goldman, el mismo que recibió este año la líder antiminera Máxima Acuña.
La promulgación de la Ley 30574, bautizada con cierta maledicencia como la Ley Tubino-Foronda, recibió de inmediato una andanada de golpes en redes sociales capaz de poner KO a cualquiera. El ex ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal indicó en su cuenta de Twitter que la ley dejaba abierta la puerta “para actividades ilícitas y deforestación” en el Parque Nacional Alto Purús, en la provincia ucayalina del mismo nombre, un área natural protegida de más de dos millones de hectáreas considerada por los ambientalistas como uno de los últimos refugios de vida silvestre del planeta.
“Hoy se consolidó un agravio contra el Purús y los pueblos indígenas” fue más elocuente todavía Carlos Soria, abogado por la PUCP y presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Ambiental, Comunidades Campesinas y Nativas del Colegio de Abogados de Lima. Mariano Castro, ex viceministro en la gestión de Pulgar Vidal, calificó la medida como “un golpe al Perú Natural”.
Un tranvía llamado Purús
Para el movimiento ambiental peruano la lucha por el Purús tiene un carácter épico, casi un asunto de vida o muerte. Se trata de un área natural, dos en realidad: el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús, cuyos rÉcords en biodiversidad no tienen parangón: 86 especies de mamíferos y 516 de aves lo confirman.
Por si fuera poco, en el Purús se protege el modo de vida de numerosas comunidades nativas, siete pueblos originarios para ser más exactos: cashinahuas, sharanahuas, culinas, mastanahuas, asháninkas, amahuacas y yines. Se calcula que deben ser entre 500 y 1000 los indígenas no contactados o en aislamiento inicial los que se desplazan por los confines de sus bosques donde abundan los cedros, las caobas y los shihuahuacos, maderas finas de gran demanda en el mercado mundial.
La creación en el año 2004 del área natural sobre ese Edén de fantasías naturales, al decir del congresista Tubino, ex jefe político militar de la región Ucayali durante los años de la violencia terrorista y su representante en estos dos últimos períodos legislativos, sirvió para aislar aún más a la ciudad de Puerto Esperanza, la capital provincial, una localidad de un poco más de mil habitantes que posee récords menos auspiciosos: el del balón de gas a ochenta soles y el saco de cemento a 170. Los más caros de toda la República.
“Al establecerse las dos áreas, no se ha cansado de repetir el congresista, se encapsuló a una población que se siente en una cárcel”. Y de la comprensible rabieta pasó a proponer lo que a la postre sería la “madre de todas las guerras”: un proyecto de ley para que se autorice la construcción de una carretera de 300 kilómetros entre Puerto Esperanza e Iñapari, en Madre de Dios que rompa el aislamiento de la provincia y la “desnacionalización” a la que se ve sometida su población, que debe atender sus necesidades básicas en Brasil.
El primer proyecto de ley de su autoría dio más botes que una pelota Viniball, no hubo instancia que no le diera con palo. Recibió el consabido rechazo del ministerio del Ambiente, del ministerio de Cultura, de la Defensoría del Pueblo, de las federaciones indígenas de Madre de Dios y Ucayali, debiendo pasar, como era de esperarse, a mejor vida.
¿El triunfo de la razón?
Para Marc Dourojeanni, especialista en temas amazónicos y autor de once libros sobre los recursos naturales de Perú y Brasil, la “conectividad terrestre” propuesta por el congresista Tubino, que fuera secundada por el párroco de Puerto Esperanza, Miguel Piovesán, el mismo que en plena puja por el Purús llamó “sarracenas” a las ONG ambientalistas que operaban en el área, supondría “el fin del Parque, de sus indígenas aislados, de su maravillosa diversidad biológica y de su tremendo potencial económico para el turismo”.
Pese a las razones técnicas y a la contundencia de los argumentos que le salieron al frente, el antiguo estudiante jesuita y servidor público por más de cuarenta años en la Armada del Perú, volvió a la carga, no se amilanó y presentó en agosto del año pasado un nuevo proyecto de ley que a pesar del fraseo “ambientalista” de su artículo principal, insistía en lo mismo: entender el desarrollo amazónico desde la extracción de los “recursos naturales que no son apropiadamente aprovechados”. Digamos que la misma chola pero con diferente calzón.
Puesto contra la pared por la realidad nuevamente, su proyecto mereció esta vez el rechazo de instituciones de mucho prestigio como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el congresista naranja decidió cambiar de estrategia, hacer las pases con los ambientalistas del Sernanp a quienes acusó de irresponsables, para pasarse a las filas de la protección del parque y la reserva en peligro. En la audiencia pública realizada el 5 de mayo último en el polideportivo de Puerto Esperanza, guardó los misiles, y se puso a derecho, proponiendo una salida airosa al “impeachment” que se le venía encima: la conexión multimodal con el Brasil a través del rio Purús y las carreteras del estado de Acre. Y con “irrestricto respeto a las ANP y a las poblaciones indígenas” del Perú.
Una solución planteada por el Sernanp y hecha pública en los días más ásperos de la batalla anti-conexión vial. Para Dourojeanni, terco impugnador del carreterismo amazónico, la Ley Tubino deja entrever que los proponentes “no han renunciado a la idea de construir una carretera, que es realmente lo que les interesa para poder explotar la madera del Purús y sus demás recursos”.
“Hay que cambiar de enfoque, atestigua por teléfono desde Pucallpa, el biólogo Arsenio Calle, jefe del Parque Nacional Alto Purús, la propuesta actual de Tubino no colisiona con los intereses del país”. ¿Y qué debemos hacer para creerle?, la pregunta resulta ociosa. “Tubino se ha comprometido con los peruanos a impedir que se construya un solo centímetro de asfalto en el Purús, lo tengo grabado”.
Grabado o no, la desconfianza no ha dejado de ser gratuita en el campo de los defensores de las áreas protegidas. Soria lo dice mejor que nadie: “Los ecologistas de maceta son los que creen que un enunciado en una ley sirve para algo en el Perú. No es así, esa ley solo va a servir de excusa para apoyar desde diferentes frentes la construcción de la trocha ilegal que ya existe en la zona”. Tubino, or not Tubino, that is the question.
15/6/2017
¿Qué dice el ambientalismo peruano?
Marc Dourojeanni, autoridad mundial en temas amazónicos
“Es puro bla,bla, bla…”
El desarrollo que propone la ley evidencia que lo que se busca es la explotación de recursos. Es obvio que los proponentes no han renunciado a la idea de construir una carretera, que es lo que realmente les interesa para poder explotar madera y otros recursos. Y si la conexión multimodal es, como únicamente puede ser, por lo menos en gran parte terrestre, todo el bla-bla-bla sobre el respeto irrestricto a las áreas protegidas y a los indígenas cae en nada.
Manuel Pulgar Vidal, ex Ministro del Ambiente
“Se debió mencionar la prohibición carretera en el Purús”
La Ley 30574 para la conectividad de la provincia de Purús promovida por el congresista Tubino será la puerta abierta para actividades ilícitas y deforestación en la zona. Tengamos en cuenta el caso de Madre de Dios: ante la imposibilidad de construir una carretera nacional sujeta a requisitos administrativos, incluidos los ambientales, el gobernador de esa región empezó a construir supuestos caminos vecinales o comunales, pero de 20 metros de ancho, que sumados, hacían una carretera, sólo con el fin de evitar cumplir la ley. Por ello, una Ley como la de Purús es una excusa perfecta para que se proceda con similar accionar, justificados ahora por el respaldo político del interés nacional. Si se hubiera querido evitar este tipo de accionar, se habría tenido que señalar de manera expresa que la integración no incluye carreteras, que además están prohibidas por Ley en esas áreas.
Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
“El Congreso no tiene atribuciones para priorizar vías de comunicación”
Si nos ceñimos al pie de la letra, “el irrestricto respeto a las ANP y a las poblaciones indígenas” debería significar que no es legalmente posible pasar la carretera por las Áreas Naturales Protegidas (la Ley de ANP es clarísima al respecto) ni por los territorios indígenas sin su consentimiento (Ley de Consulta Previa). De otro lado, es claro que el Congreso no tiene atribuciones para priorizar carreteras o vías de comunicación, ya que esto está en el ámbito del Ministerio de Transportes. Finalmente, depende del Ejecutivo como interpreta el mandato de la Ley. Todo parece indicar que en este gobierno al menos, esto no es una prioridad.
Sin perjuicio de ello, no me parece mala idea que a propósito de la “multimodal” sin afectar ANP ni territorios indígenas, se hagan análisis sociales y sobre todo económicos de alternativas para mejorar la conexión de Puerto Esperanza con mejoramiento de puente aéreo y eventual comercio o conexión por río a través del Brasil. Sobre esto he leído tantas ideas basadas en supuestos que un poco de ciencia y data no caerían mal; y de paso evitaría malas decisiones en el futuro.
Carlos Soria, abogado ambientalista, presidente de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Lima
“La ley agravia al Purús y a los pueblos indígenas”
El irrestricto respeto no significa nada. No da garantía ni tiene mecanismos de control, no hay sanciones al incumplimiento. Más aún, se propone hacer esa conexión en una zona donde el talador y el minero ilegal son reyes. Algunos ecologistas de maceta creen que irrestricto respeto puede servir para algo. Yo creo que no sirve para nada. Solo da la excusa al Gobierno Regional, a la municipalidad provincial y eventualmente a un gobierno nacional para apoyar la trocha ilegal que ya existe en la zona.No basta decir irrestricto respeto para proteger áreas naturales protegidas en lugares remotos donde campea la tala y minería ilegal y eventualmente el narcotráfico. La mejor garantía para mantener el bosque en pie y disfrutar de sus beneficios económicos, sociales y al clima es a través de mantenerlo en mano de los pueblos indígenas.
Mariano Castro, abogado ambiental, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente
“Es un mal precedente…”
Con este precedente vamos a tener a un Congreso que aprueba leyes que promueven proyectos de infraestructura a su criterio y entendimiento. Es decir ¿cada congresista ahora querrá sacar su ley sobre su proyecto? Esto no puede permitirse porque generará expectativas, gastos, riesgo en la priorización y el manejo de presupuestos públicos., confusión de roles y, además, decisiones sin sustento técnico que no ayudarán resolver las necesidades de la población .
Gabriel Quijandría, ex viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente
“Lo que está en discusión es el modelo de desarrollo que buscamos para la Amazonía”
El tema de fondo en esta discusión es el modelo de desarrollo que implícitamente tienen en la cabeza los impulsores de este proyecto de ley, Tubino, el párroco y sus satélites, que es la de hacer un uso intensivo del espacio y los recursos naturales de la zona y eso no es viable sino con una conexión terrestre que permita extraer madera, ampliar frontera agrícola y trasladar los productos agropecuarios. Una conexión aérea no tendría como efecto una reducción sustantiva de los costos logísticos y por tanto las famosas gaseosas de 8 soles pasarían a costar 6.5, pero no creo que eso sea lo que se espera. En contraposición, la naturaleza y escala de los negocios que actualmente llevan adelante las comunidades nativas como la venta de semilla de caoba no requieren de una vía terrestre para ser viables.
