Mi opinión
Jairo Mora, 26 años, vigilante ambiental, fue emboscado y muerto de un tiro en la cabeza en abril de 2013 en una playa del atlántico de Costa Rica, un país a la vanguardia de la conservación y el ecoturismo. Jairo era un combativo protector de las tortugas baula (Demochelys coriacea), un quelonio que anida en las playas de arena del Parque Nacional Tortuguero, una región visitada anualmente por miles de admiradores de la vida natural.
El ecologista laboraba en un proyecto de investigación patrocinado por la organización Widecast. La noche que fue secuestrado junto a cuatro cooperantes extranjeros, Jairo patrullaba la playa Moin advertido de la presencia de cazadores furtivos, una lacra que venía operando con inmunidad en la zona. El joven investigador unos días antes de su muerte había posteado en su cuenta de Facebook pedidos de apoyo y resguardo policial para evitar el salvajismo de quienes alevemente se llevan los huevos de las tortugas que desovan en el parque nacional.
Siete personas sindicadas como los autores del crimen fueron puestos en manos de la justicia. Lamentablemente a inicios de esta semana el juez a cargo del caso absolvió a todos los acusados por falta de pruebas y vicios en la investigación criminal.
El crimen de Jairo Mora Sandoval no es el primero que se comete en ese país contra defensores del ambiente. Aunque parezca mentira la “pacífica” Costa Rica es una nación amenazada por el boom del extractivismo que todo lo quiere y la delincuencia que no respeta la naturaleza y lo que tiene para darnos.
Una ola de indignación sacude a los ticos y al mundo entero, Me quiero sumar a la repulsa ciudadana y desde aquí pedir justicia para la familia del ambientalista. Jairo es considerado un héroe de la conservación por quienes lo conocieron, su sacrificio no debe quedar impune.
La sentencia absolutoria impuesta a los siete sospechosos de dar muerte al joven ambientalista Jairo Mora, reafirma el peligro que existe en Costa Rica para quienes defienden el medio ambiente, y se suma a otros casos de defensores de la naturaleza que han muerto sin que las autoridades lleguen a esclarecer las causas y los culpables de los crímenes.
“En Costa Rica es peligroso ser defensor del ambiente”, dijo de manera categórica el abogado ambientalista Álvaro Sagot a referirse la impunidad que quedó plasmada después del proceso de juicio que empezó el pasado 3 de noviembre en Tribunal Penal de Limón por la muerte de Mora el 31 de mayo del 2013 en Moín.
Sagot agregó que el sector ambiental queda con la interrogante acerca de qué factores mediarán para que no se aplique la justicia, y empiezan las especulaciones sobre los intereses que pueden tener diferentes sectores, sumado a las actuaciones negligentes y reprochables que le achacan al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“A Jairo Mora lo mataron esos delincuentes y lo remataron las actuaciones del Ministerio Público y el OIJ que fueron comprobadas y dichas por una jueza durante la lectura del Por Tanto del juicio”, agregó Sagot.
Para el diputado del Partido Frente Amplio, Edgardo Araya, este tipo de acontecimientos se suman a otros crímenes que quedaron sin resolver y que por más de 20 años, siguen siendo catalogados como delitos comunes.
“Sería irresponsable decir que el Estado está instigando o persiguiendo; pero no está resolviendo, no han sido eficientes en eso, y es lo peor que le puede pasar a este país porque la impunidad va a terminar con este país”, dijo Araya.
Araya también afirma que defender el medio ambiente, es una lucha de alto riesgo por los distintos intereses que media, y que ha sido comprobado a los largo de los años con la falta de justicia en varios casos.
“Ya se puede decir que ser ambientalista en Costa Rica es un trabajo de alto riesgo, nos tenemos que enfrentar a grandes intereses políticos y económicos, y la señal que se está enviando acerca de que se puede desaparecer a una persona y que no pasa nada, no habla bien de este país, y nos dice que ser defensor de la madre tierra en Costa Rica es peligroso”, agregó Araya.
Y es que no solo la sentencia por el crimen de Mora dejó sin señalar culpables, en la historia del país existen casos donde las muertes de David Maradiaga, Óscar Fallas, Jaime Bustamante, María del Mar Cordero, la canadiense Kimberly Blackwell y otros han quedado sin castigo.
Fue la noche del 7 de diciembre de 1994 en Guadalupe, cuando murieron quemados Óscar Fallas, Jaime Bustamante, María del Mar Cordero dentro de la casa de habitación, y apenas siete meses después, el 14 de julio de 1995, apareció muerto David Maradiaga, en un parque de Barrio Luján en San José.
Pero ¿cuál era el factor común de estos cuatros jóvenes? Eran miembros de la hoy desaparecida Asociación Ecologista Costarricense (AECO), que había librado una lucha contra la empresa Ston Forestal que pretendía instalar una planta para producir papel y cartón en Golfito.
Según recordó Álvaro Sagot, siempre se consideró que fue un asesinato, donde les cerraron las puertas y las ventanas de la casa en la que estaban para que fallecieran quemados, tras la fuerte lucha que dieron para cuidar los bosques en la Zona Sur.
Otro caso que quedó según las autoridades como un crimen de delincuencia común fue el de la joven conservacionista canadiense Kimberly Blackwell, quien en 2011 apareció asesinada dentro de su casa en San Miguel de Cañaza en Puerto Jiménez, sin embargo en ese momento la Fuerza Pública descartó el robo como móvil del asesinato.
De acuerdo con el diputado Araya, como este tipo de casos existen varios en la memoria del país y en los registros de las autoridades judiciales que no fueron castigados.
“Recuerdo al menos 10 casos, en lo que las muertes terminan explicándose como muertes accidentales, desde los jóvenes de AECO donde mueren tres personas, se termina diciendo que es un accidentes lo que generó el incendio. Luego aparecen más personas asesinadas y las autoridades aducen que es delincuencia común”, afirmó el legislador y abogado ambientalista.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009 condenó a Honduras por la muerte de una ambientalista conocido como el caso de Kawas Fernández.
Al trascender el caso de la ambientalista que denunció a grandes empresas por contaminación de agua y tala de árboles, la CIDH señaló, que había “graves omisiones que demuestran que las autoridades estatales no adoptaron con la debida diligencia todas las medidas que eran necesarias para impulsar una investigación que pudiera llegar a un resultado concreto…”.
De acuerdo con el abogado Sagot, este es el primer juicio conocido por la CIDH, donde se condena a un país por omisión en perjuicio de una ambientalista y su causa, sentando la responsabilidad al vecino país por incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos.
