[DENUNCIA AMBIENTAL] Deforestación en Tamshiyacu. ¿En qué país vivimos?

He dudado al elegir este título. Como alternativas me venían otros a la mente. Por ejemplo: “El país que demolemos” o “Inversiones destructivas”. Ejemplo supremo de esta modalidad -asombro de Ripley, record Guinnes- son los 800 millones de soles gastados por la sociedad formada por las anteriores gestiones del Gobierno Regional de Loreto y el nacional para ejecutar una obra de alcantarillado en Iquitos que permitiera separar las aguas servidas de las de lluvia, con la finalidad de tratarlas luego en una planta especializada para ser reusadas. El proyecto demandó hacer una bolsa común entre los gobiernos nacional, regional y locales, estos últimos cediendo parte de sus exiguos fondos anuales, bolsa a la que también aportaron la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. La destrucción corrió a cargo, al comienzo, de una empresa china que, harta de los reclamos de sus obreros locales (a los que pagaba mal y trataba peor), decidió “tercerizar” la obra (barbaridad permitida por la legislación peruana) con empresas locales surgidas a última hora para aprovechar la ocasión. Esta operación reproduce, en el ámbito empresarial, el denigrado sistema de “puntos” y “contrapuntos” de los estibadores portuarios: los terceros ganan menos y deben ahorrar a costa de la calidad de la obra para la cual no están preparados. Se abrieron zanjas sin orden ni concierto por las calles y avenidas de Iquitos, al punto que para llegar de un lugar a otro situado a pocas cuadras había que efectuar todo tipo de maniobras no permitidas, como entrar en contra del tráfico o, en caso de quienes nos movilizamos en moto, subirse a las veredas. Las fosas abiertas, cuya profundidad era disimulada por el agua de las intensas lluvias, fueron causa de alrededor de diez muertes por accidentes.

 Transcurridos a la fecha más de dos años de la culminación de este “proyecto”, hoy las pistas de la ciudad se hunden por la erosión generada por las lluvias durante el tiempo que las zanjas permanecieron abiertas, que luego fueron mal rellenadas para dar la apariencia de obra concluida: check list en el cuadro de avances. La planta de tratamiento de las aguas fue inundada por la creciente de 2011 mientras estaba en construcción, y aunque no se sabe exactamente cuál es su situación actual (el secreto de la anterior gestión regional, por razones obvias, y de la actual, por otras que no se explican, para comunicar a los ciudadanos la situación real de la obra impide evaluar su estado actual), el hecho de que no haya sido inauguradaI, con los acostumbrados discursos, himnos, placas, botellas estrelladas y periodistas retóricos que tanto gustan en nuestra tierra, hace pensar que, en efecto, se puede gestionar el registro Guinness para esta iniciativa. Invertir 800 millones de soles, al cambio de la época cerca de 270 millones de dólares, para destruir una ciudad es un record que no encontrará competencia en el mundo, sobre todo considerando que por esta triste meta habrá que pagar un préstamo otorgado por el Banco Japonés de unos 230 millones de soles.

Compite por el registro de records la carretera Interoceánica Sur, iniciada en 2006, a un costo de 800 millones de dólares que luego de 22 adendas se convirtieron en 2 000 millones de dólares. La justificación era que por esa vía transitarían diariamente un centenar de camiones brasileños llevando soya y carne hacia puertos del sur del Perú, desde donde serían embarcadas con destino al Asia. Era una expectativa difícil de creer. ¿Convenía a los productores de carne y soya brasileños cargar camiones, transitar por carreteras de segundo orden que suben hasta cerca de 5000 msnm y están periódicamente sujetas a bloqueos debidos a paros y protestas diversas de los pobladores, para finalmente arribar a puertos con infraestructura deficiente? No era creíble, salvo para el Congreso de la República que, durante el gobierno del presidente Toledo, la declaró de “interés nacional” lo que permitió que la obra se comenzara sin Estudio de Impacto Ambiental y sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en clara maniobra para evitar demostrar su rentabilidad social y económica.

Hoy día es raro ver alguna vez un auto o camión brasileño por esa carretera. Por ella solo circulan unos cuatro o cinco colectivos diarios que llevan pasajeros de Puerto Maldonado a Iberia o Iñapari en dos o tres horas, lo que antes era impensado. La conclusión es que la construcción de la carretera fue un fin en sí mismo para servir a las empresas contratistas y a las autoridades peruanas que recibieron “capilés”, término empleado en los documentos judiciales de la investigación Lava Jato para referirse a las coimas o “propinas” dadas por dichas empresas. La carretera también benefició a unas cuentas empresas forestales que se dedicaron a saquear los bosques para vender madera “certificada”. En este caso, al menos queda la esperanza de que la investigación en Brasil aporte pruebas para juzgar a autoridades peruanas involucradas en este negociado. Pero la historia, no hay que olvidarlo, costó dos mil millones de dólares.

 Las obras mencionadas no han sido las únicas inversiones destructivas realizadas en el país que han beneficiado solo a sus gestores. Con sus particularidades hay muchas otras. Una de ellas es la deforestación realizada en Tamshiyacu por la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., filial de United Cacao, una de las 25 que el empresario Dennis Melka, de nacionalidad checa y estadounidense, tiene registradas en el Perú, todas ellas dedicadas a actividades agroindustriales en la Amazonía: 17 de palma aceitera y 8 de cacao. Si en el caso del alcantarillado y de la Interoceánica Sur el beneficio de las obras no es la población sino las ganancias obtenidas por las compañías constructoras y, previsiblemente, lo que se hayan embolsado funcionarios vía la corrupción, en el caso del cacao en Tamshiyacu todo indica que la destrucción del bosque es parte de una estrategia especulativa que generará ingresos a los empresarios, aunque, nuevamente, se sospecha que también a funcionarios, vía arreglos bajo la mesa.

La información que presento en este artículo proviene de un excelente informe titulado Amazonía Arrasada (Lima, 2016), elaborado por Milagros Salazar y Dánae Rivadeneyra por encargo de Oxfam y Convoca; del informe N° 05–2015–CG/EST de la Contraloría general de la República; de una serie de bien fundamentadas notas de prensa de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (actualmente transformada en Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales); del informe de supervisión de la Oefa Nº 071-2015-OEFA/DS-SEP; de numerosos reportajes periodísticos aparecidos en la prensa local (La Región) y en la de Lima (Hildebrandt en sus trece); y de los magníficos y contundentes informativos sobre la deforestación en la Amazonía peruana y sus agentes, realizados por Finer y Novoa (2015a, b, c y d). Adicionalmente, he entrevistado y recibido valiosa información de funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam), del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas.

 No es mi intención repetir lo que ya ha sido dicho, y con gran calidad, en los documentos antes citados, aunque debo referirme a ellos para enmarcar el tema. Hay dos asuntos en los que quiero insistir: los estragos ocasionados por la deforestación sobre un medioambiente tan especial como el de Tamshiyacu y los impactos causados sobre la población.

 La desaprehensión del Estado

 El año 2013 la prensa iquiteña dio la noticia sobre la deforestación extensiva de 2 000 hectáreas realizada en Tamshiyacu (distrito de Sargento Lores, provincia de Maynas. Ver La Región, septiembre 2, 2013). La información era confusa y ambigua. Se sabía del hecho pero no del autor ni de quién había autorizado la tala. Las respuestas de las autoridades del Gobierno Regional de Loreto (Gorel) eran evasivas o negaban su participación. El Ing. Abel Benítez, por entonces Director del Programa Forestal del Gorel, declaró enfáticamente: “Nosotros no hemos autorizado nada” (La Región, septiembre 3, 2015. Primera Plana). Cuando el hecho adquirió calidad de certeza comenzaron las justificaciones. Con grandilocuencia, las principales cabezas del Gorel presentaron la iniciativa como una obra civilizadora, de reemplazo del bosque inculto por una plantación de progreso y futuro. Ubicada la responsable de la tala, la empresa, Cacao del Perú Norte S.A.C., esta se defendió señalando que se trataba de un área intervenida por agricultores y que por eso el bosque no era primario sino secundario. Arguyó igualmente que las maderas duras y valiosas habían sido ya extraídas.

Minagri no se enteró, no obstante existir una oficina agraria en Tamshiyacu que depende de la Dirección General de Agricultura de Loreto (DRA-L). Sus funcionarios no vieron la llegada de camiones, tractores, cargadores frontales, motosierras a granel y obreros; o si la vieron, el hecho debe haberles parecido normal, nada extraño, no obstante que Tamshiyacu es una pequeña capital distrital, tranquila y ordenada como pocas veces se ve, con alrededor de 5000 habitantes. Una mirada realista y suspicaz indica que el asunto estaba cocinado entre el Gorel y la empresa.

Tamshiyacu no está lejos de Iquitos. Está a la vuelta de la esquina. En apenas una hora en deslizador y dos en colectivos se llega a esa localidad, remontando el río Amazonas. La maquinaria de la empresa debió haber sido embarcada o en Pucallpa o en Iquitos. Ni las autoridades portuarias y aduaneras, ni la Capitanía de Puerto parecen haber detectado nada sospechoso en el traslado de dicha maquinaria.

De no ser por una institución extranjera, la Asociación para la Conservación del Amazonas (Amazon Conservation Association), que envió al diario local La Región imágenes de satélite que daban cuenta de la deforestación en Tamshiyacu, el hecho habría permanecido ignorado durante más tiempo. Esta institución tiene un proyecto llamado Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) que consiste en un portal web dedicado a la presentación de información y análisis técnicos sobre una de las regiones más importantes del planeta: la Amazonía andina ubicada en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que es de fundamental importancia por albergar las fuentes de los ríos que aportan la mayor parte de los nutrientes que alimentan la cuenca. La información es de distribución gratuita. ¿No la tiene el Estado? ¿No cuenta este con medios satelitales para detectar impactos sobre el bosque amazónico, sean estos producto de actividades legales o ilegales? ¿O no tiene interés en enterarse de estos? ¿O, peor incluso, considera que proyectos de este tipo son los que vale la pena apoyar

Quiero también destacar la labor desempeñada por Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales (antes Sociedad Peruana de Ecodesarrollo) por su mirada atenta y responsable sobre este proceso, denunciado la deforestación y a sus causantes, defendiendo a los campesinos desplazados por la prepotencia de la empresa, en complicidad con el Estado, e informando a la ciudadanía mediante notas de prensa que proporcionan sólidos análisis sobre los cambios de la situación.

 Tamshiyacu, un medio ambiente especial

Considerando que el destino de la mencionada maquinaria pesada era Tamshiyacu, el Estado debió hacer sido especialmente vigilante por dos razones.

La primera razón es que la zona de Tamshiyacu es la de mayor concentración de palo de rosa (Aniba rosaeodora) en el Perú, con una densidad estimada por estudios especializados en 1.8 individuos por hectárea (Ríos, M. et al, 2004, citado en “Dictamen”; ver abajo). Las poblaciones silvestres de esta especie han sido afectadas por la expansión de monocultivos, la fragmentación del hábitat y la deforestación para aprovechar su fina madera, sobre todo, para someterla a procesos bárbaros para extracción de aceites esenciales. Desde la década de 1940, cuando este aceite cobró valor en el mercado internacional, el árbol ha sido talado de manera inmisericorde para proceder luego a picarlo y a destilar sus astillas. Por esto, en 2006 un decreto supremo del Ministerio de Agricultura ha declarado la especie en peligro. (Información proveniente del “Dictamen de extracción no perjudicial del palo de rosa proveniente del medio natural”, Oficio Nº 286-MINAM/VMDERM, del 18 de septiembre de 2015.) Se encuentra además en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En la actualidad, personas racionales manejan el árbol en pie, destilando solamente sus hojas y ramas.

¿Cuántos árboles de palo de rosa ha matado la deforestación de Tamshiyacu que, ahora, alcanza las 2 380 has? Si aplicamos la densidad estimada por el estudio citado el resultado es de 4 284 árboles talados. Adicionalmente hay que sumar la pérdida de plantones de la regeneración natural. Recalco: se trata de una especie declarada en peligro e incluida en el Apéndice II de la CITES.

 La segunda razón es que la deforestación en Tamshiyacu ha sido realizada en un bosque de varillal desarrollado sobre suelos de arena blanca. Se trata de un ecosistema presente en algunas zonas de la selva baja, caracterizado por árboles delgados (como varillas, de allí su nombre), en la que predominan helechos, algunas palmeras y “boa caspi” (Hiploclathra cordata). Las plantas crecen sobre suelos de pobreza extrema, generalmente arcillosos o franco arenosos. Más del 90% de las plantas que viven en los varillales están especializadas en suelos de arena blanca y no crecen en otro tipo de suelos. Aunque en menor proporción, un porcentaje de los animales que viven en ellos son también especialistas de este tipo de bosques. Algunas aves solo habitan en esos bosques. Es el caso del tiranuelo y dos tipos de hormiguero. Una vez talado el bosque es muy difícil que este se regenere. Lo que queda son extensiones cubiertas por arenas blancas de cuarzo. Demás está decir que este tipo de suelo es absolutamente inapropiado para agricultura. Tanto las imágenes de satélite proporcionadas por Finer y Novoa, como las fotografías aéreas tomadas por la organización Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, muestran grandes arenales en las áreas deforestadas por la empresa.

Cuando la noticia se hizo pública y el Estado, presionado por la sociedad civil, se vio en la obligación de conminar a la empresa, esta argumentó que se trataba de un bosque secundario que había sido intervenido con fines agrícolas desde la década de 1990 e intensamente talado desde los años 1980 para extraer sus árboles más valiosos. Estos argumentos han sido demolidos por la información proporcionada por Finer y Novoa a lo largo de 2015.

Esos investigadores detectaron los primeros síntomas de desboque a gran escala en julio de 2013. Se trataba de unas 150 has. En agosto de ese año, las imágenes de satélite revelaron un incremento del desbosque a 1 000 has que se elevaron, entre octubre y septiembre, entre 1 500 y 2 000 has. Señalan los autores que el tiempo de máximo desbosque fue entre junio y septiembre de 2013, a razón de 100 has por semana. El análisis de la información disponible señala que el 98% de la superficie deforestada era de bosques primarios cuando se inició el trabajo en mayo de 2013. Bosque primario son áreas que se caracterizan por presentar un dosel denso y cerrado. (Finer y Novoa, 2015a.)

En un análisis posterior, la misma fuente (Finer y Novoa, 2015b) confirma que la deforestación en Tamshiyacu se ha realizado sobre bosques primarios. Los resultados claves del análisis comparativo de imágenes de satélite es que antes de la llegada de la empresa no se habían efectuado grandes intervenciones en el bosque. Los investigadores establecieron una serie comparativa de imágenes de 1985, 1995, 2005 y 2012 que dejan en claro que hasta el último año (es decir, el inmediatamente anterior a la llegada de la empresa de cacao) no existían desbosques significativos con fines agrícolas, que las maderas duras no habían sido extraídas y que el ecosistema entonces predominante era el de bosque primario en el 98% de toda el área ahora intervenida por la empresa. La progresión de las intervenciones es de cero en 1985; de áreas muy pequeñas y dispersas taladas en 1995; de una ligera expansión de la deforestación en el centro del actual proyecto de cacao en 2005; y de una situación similar en 2012.

Al mismo tiempo, información del Carnegie Airborne Obervatory, citada por Finer y Novoa (2015b), muestra que la gran mayoría de la zona del proyecto de la United Cacao “tuvo el valor más alto posible de carbono (más de 150 toneladas por hectárea) inmediatamente antes del desbosque en 2013”. Señala que estos resultados son importantes porque el desbosque de aquel entonces, que era de 2 126 has, pronto podría duplicarse o triplicarse. En efecto, en su sitio web, United Cacao señala que posee alrededor de 3 250 hectáreas cerca de Tamshiyacu, y que esta extensión podría llegar pronto a 4 000 hectáreas. Una iniciativa de la empresa con los agricultores locales podría añadir otras 3,250 has a su proyecto. (Finer y Novoa, 2015b.)

Esto me lleva a destacar la trivialidad de las reuniones de la COP. ¿Para qué sirven además de gastar dinero público y de reunir a ministros del ambiente en chácharas improductivas? El nuestro, además, tiene los días contados, no solo por el cambio de gobierno, sino porque un candidato con opción a ganar las elecciones ha anunciado que eliminará su ministerio.

Como dato para recordar es que alguno de los “paquetazos ambientales” (y laborales) de este gobierno fueron promulgados durante la COP 20 en Lima, a fines de 2015. El divorcio total entre el discurso y la práctica.Una de las imágenes proporcionadas por los investigadores ha detectado un aserradero, y un lugar de acopio y procesamiento de madera al interior del proyecto. La empresa no cuenta con permisos extraer, procesar y comercializar madera.

Nuevas imágenes de satélite mostraron que en 2015 la empresa continuó el desbosque, no obstante las resoluciones dictadas por el Ministerio de Agricultura, entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, ordenando la paralización de la actividad. En ese año la empresa taló 150 nuevas hectáreas, con lo que la superficie total desboscada por Cacao del Perú Norte S.A.C. alcanzó 2 276 has (Finer y Novoa, 2015c.) La última información (Finer y Novoa, 2016) indica que la deforestación se ha incrementado y llega actualmente a 2 380 has.

Algunos cálculos económicos

 Si la empresa tiene intención de desarrollar plantaciones de cacao, la pregunta elemental es por qué talar bosques de varillales que se desarrollan sobre suelos de arenas blancas, es decir, suelos inertes. Está interrogante quedó dándome vueltas en la cabeza y empecé a formular posibles respuestas: ignorancia de la empresa que no supo que esos suelos no servían para plantaciones agroindustriales; los funcionarios de Gorel engañaron a empresarios porque vieron la ocasión oportuna para obtener ganancia bajo la mesa; estrategia de la empresa para establecer una punta de lanza que le permita más adelante expandirse hacia otras zonas. Con el tiempo he descartado de plano la primera posibilidad y he dejado la segunda como subsidiaria de la tercera (regresaré sobre esto más adelante). Producto de conversaciones y lecturas han surgido otras razones que explican la presencia de la empresa en Tamshiyacu.

 Las empresas de Dennis Melka en el Perú (25 en total) fueron establecidas con un pequeño capital que, en la mayoría de los casos, era de 1 000 soles. Al poco tiempo, sin embargo, estos se elevaron de manera exorbitante. Así, Plantaciones de Pucallpa S.A.C. pasó de 1 000 soles en noviembre de 2010 a 13 564.466 tres años más tarde, según lo declara en Registros Públicos. En septiembre de 2014 disponía de 39 217.766 soles y en mayo de 2015, nada menos que de 81 751.236 soles, redondeados a 82 millones el 16 de noviembre de 2015. En total, las 16 empresas activas de Melka en el Perú tienen un capital social de 199 934.650 soles. Las más valiosas de ellas son Plantaciones de Pucallpa, con 82 000.000 de soles, Plantaciones de Ucayali, con 68 00.000, y Cacao del Perú Norte, con 33 000.000 (Salazar y Rivadeneyra 2016: 23).

 En una reunión organizada por el Comité del Agua de Iquitos (sábado 2 de abril, 2016), la ingeniera forestal Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené, señaló lo siguiente:

 Lo que busca la empresa es tener grades lotes de terreno bajo la fachada de cultivos de cacao y palma aceitera. Lo que está detrás de este negocio es un gran tráfico de tierras. Acaparamiento de tierras de la Amazonía. No es casualidad que busquen tierras planas y con agua. Hay una industria inmobiliaria detrás. El negocio funciona en la especulación financiera de la venta de las tierras. Él ha comprado los predios a 100 soles la hectárea. Sus acciones puestas en las bolsas de valores de Londres o Lima valorizan la rentabilidad de la hectárea en 3 000 dólares anuales. Estamos hablando de una disparidad tremenda, porque él está ganando unos 40, 50 millones de dólares en 20 años, que es la vida útil que estima para el cacao, por una tierra que compró a 100 soles la hectárea. Obviamente el negocio es altamente rentable porque la tierra no le cuesta nada, no paga derechos laborales, no paga impuesto a la renta y el cacao esta exonerado de impuestos en el Perú.

Pero Cacao del Perú Norte no se contenta con las cerca de 3 000 has que tiene actualmente en Tamshiyacu, sino que es más ambicioso. La elección de esa zona es entonces entendible como una punta de lanza. La empresa piensa expandirse hacia el norte, hacia la cuenca del río Manití (en la década de 1980 el Estado intentó desarrollar allí una plantación de palma aceitera que fracasó) y hacia el este, en dirección a la frontera con Brasil. En total, estaría pensando en una extensión de alrededor de 50 mil hectáreas. Disponer de esta cantidad de tierras en zonas cercanas a Iquitos (Tamshiyacu a una hora en deslizador aguas arriba y Manití, el mismo tiempo pero aguas abajo) abre posibilidades extraordinarias de especulación de tierras en caso que la plantación fracase, como es previsible que suceda en Tamshiyacu debido a la pobreza de los suelos.

Sin embargo, en el corto plazo la intervención de estas empresas es también altamente rentable. Entre Loreto y Ucayali, las empresas Cacao del Perú Norte S.A.C. (Tamshiyacu) y Plantaciones Ucayali S.A.C. (Nueva Requena) han deforestado 13 000 has de bosques primarios. Según cálculos realizados por el ingeniero forestal Jorge Malleux, experto en manejo forestal (com. per. abril 5, 2016), se estima que existe entre 10 y 20 m3 de madera comercial por hectárea. Por prudencia en la estimación he tomado la media: 15m3/ha. Esto representa 195 000m3 en total de madera rolliza comercial que, una vez aserrada, se reduce a la mitad: 97 500m3, es decir, 40 950,000 de pies tablares. Cada pie puede venderse a un promedio de 2.50 soles. Descontando costos, la utilidad se estima en un sol por pie, lo que representa 40 950,000 soles de ganancia.

Como señaló la ingeniera forestal Lucila Pautrat en la reunión antes mencionada, ninguna de las instituciones que han sido consultadas acerca del destino de esta madera ha dado respuesta: Fiscalía, Policía, SERFOR, GORE Ucayali y Loreto, OSINFOR y otras. No existe ningún registro sobre esta madera y, por supuesto, las empresas mencionadas no tienen contratos forestales para extracción de madera.

De acuerdo al Ing. Malleux, “si eso [la deforestación y el tráfico ilegal de madera] se les ha pasado al SERFOR, OSINFOR, a los GORE Ucayali y Loreto, etc. estaríamos ante un escándalo histórico”. Él señala que: “La destrucción de los hábitats para especies endémicas, el abastecimiento de materia prima, proteínas, fuentes de agua, biodiversidad, etc. para las comunidades circundantes es mucho mayor. Por cada hectárea de bosque que se tala y quema, hay 2 o 3 has adicionales que se degradan en su funcionalidad ecosistémica. Por otro lado, el stock de carbono (25% de la biomasa) es también muy importante. En 10 000 ha, se estima que hay aproximadamente un millón de toneladas de CO2 almacenadas que se han hecho humo. El precio actual de mercado está por los 8 dólares la tonelada, es decir, 8 millones de dólares es la pérdida”.

 Trampas legales

Además de la alta rentabilidad de la intervención de la empresa en Tamshiyacu por la explotación de los bosques y comercio ilegal de madera, y de los juegos especulativos en la bolsa de valores que le han permitido centuplicar su capital, hay una razón más que ayuda a entender por qué ella optó por esa zona. Las primeras conversaciones de la empresa con el Gorel tuvieron por objetivo acceder a tierras públicas ubicadas en el área de influencia de la carretera Iquitos-Nauta, que constituye la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. El Ing. Manuel Iglesias, por entonces director de la Dirección Regional Agraria de Loreto y después director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de Loreto, señaló, en tono de queja, que ellos habían dado todas las facilidades a la empresa de Melka, “pero que los proyectos ‘quedaron entrampados’ porque el Ministerio de Agricultura, que es la responsable de determinar si un suelo forestal es apto para la agricultura y de autorizar su desbosque, no aprobó nunca esta decisión” (Salazar y Rivadeneyra, 2016:26-28).

 Es entonces que surgió la idea de hacer la actividad en Tamshiyacu, a partir de la adquisición de tierras privadas. ¿Por qué?

 En 1996, el gobierno de Alberto Fujimori había entregado lotes a campesinos, basándose en el decreto legislativo 838. Esta norma, además de la adjudicación gratuita de tierras, disponía que, para facilitar su trabajo, los beneficiarios quedaban exceptuados de realizar trámites para el cambio de uso de suelos de forestales a agropecuarios. Es evidente que la excepción tenía en mente que los adjudicatarios iban a realizar un tipo de agricultura de baja intensidad, orientada básicamente a producir para el consumo y el comercio de algunos excedentes. Es decir, una agricultura enmarcada en la lógica de lo que son las economías campesinas.

 A propósito, la economía de los campesinos de Tamshiyacu ha sido tema de estudio, durante las últimas décadas, por parte de agrónomos, economistas y sociólogos, quienes la consideran como un modelo de adaptación agroforestal que combina de manera sustentable la producción para el consumo y para el mercado. Allí están los trabajos de Oliver Coomes, Mario Hiraoka, Michael Chibnik, Wil de Jong y otros muchos. Los agricultores de Tamshiyacu son productores de gran parte del umarí (Paraqueiba sericea) que se consume en Iquitos, pero también producen piña y otros cultivos para ese mercado. Además, siembran especies forestales (ver testimonio del agricultor Jorge Fasabi más adelante) y cuidan y cosechan árboles como la castaña (Betholletia excelsa) y el palo de rosa.

Frente a las dificultades de obtener tierras públicas, la empresa apuntó hacia las tierras de los parceleros de Tamshiyacu. ¿Cómo se enteró una empresa extranjera de la existencia de estos agricultores? Es claro que recibió información de alguien que estaba muy al tanto de esta realidad. ¿De quién? De directivos y funcionarios de la DRA-L. No me queda duda de que ellos no solo le dieron este dato, sino también el argumento que ahora le sirve para justificar la tala masiva del bosque sin tener autorización para hacerlo y sin haber obtenido la reclasificación de suelos de vocación forestal a agrícolas. Como ya lo he señalado, cuando el Estado adjudicó las parcelas a los campesinos los exoneró del requisito de solicitar el cambio de uso de los suelos forestales para poder dedicarlos a la agricultura. Ahora la empresa sostiene que la excepción es también válida para ella. Aunque el argumento es deleznable, porque una cosa son campesinos que realizan agricultura de baja intensidad y otra una empresa agroindustrial que de golpe elimina la cobertura arbórea de más de 2,000 has, hay autoridades que lo aceptan. Entre ellas, por ejemplo, las de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Minagri (aunque en un segundo informe ha dado marcha atrás); y las de la Corte Superior de Loreto que sorprendentemente han fallado a favor de la empresa, basándose en el primer informe de la DGAAA.

 La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas denunció a la empresa por tres delitos: contra los bosques y formaciones boscosas; tráfico ilegal de productos forestales (madera aserrada) y obstrucción a la justicia (no la dejaron entrar al predio para realiza una inspección ocular).

La empresa ganó en primera instancia, argumentando que no ha habido desbosque ilegal porque la DGAAA suscribió un informe señalando como válido su argumento: que el DL 838 autorizaba a los campesinos a talar tierras forestales para dedicarlas a la agricultura sin pedir autorización. La lógica de los jueces ha sido que como no existe este delito tampoco se sustentan los otros dos. Frente a la apelación de la Fiscalía, la segunda instancia de la Corte superior ha vuelto a fallar a favor de la empresa. Ahora la Fiscalía ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Con este mismo argumento, la empresa justifica el hecho de no contar con ningún instrumento de gestión: Estudio de Impacto Ambiental, resolución que autorice cambio de uso de tierras forestales y autorización de desbosque. Hace poco tiempo la empresa ha presentado un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Sin embargo, este tipo de documento es válido para empresas que se encontraban operando antes de la promulgación de normas específicas para el tipo de actividad que realizan. Este no es el caso de Cacao del Perú Norte S.A.C. Si el Estado acepta el PAMA estará convalidando todas las barbaridades que ha realizado la empresa hasta le fecha.

Lo digo con un ejemplo. Una persona atropella y mata a un ciudadano manejando un auto que ha robado y que no cuenta con SOAT. Además, el conductor no tiene brevete. A la semana siguiente obtiene licencia de conductor y la presenta feliz a las autoridades. Esto no soluciona el problema porque hay un muerto de por medio. En caso de Cacao del Perú Norte, ¿quién responde por el bosque asesinado y por las chacras destrozadas de los campesinos despojados?

La “negociación” -si así se puede llamar- entre los campesinos y la empresa, como es fácil imaginar, puso en una mesa a dos actores totalmente diferentes, si tenemos en cuenta el poder de cada una de las partes: de un lado, personas sencillas, campesinos sin contactos en el mundo político y financiero; y, de otro, una institución rica, muy bien engranada en los circuitos de poder, con dinero para comprar lo que no se puede obtener mediante tramites normales y que cuenta con el apoyo de funcionarios, no solo por omisión (no apoyar los derechos de los campesinos, callar frente a sus reclamos, cerrar los ojos antes los atropellos que se cometen en su contra), sino por tomar partido por la empresa y colaborar con ella para convencer a los adjudicatarios de que la venta de sus parcelas era un buen negocio para ellos. Pero en verdad en muchos casos ni siquiera tuvieron que jugar ese papel. Representantes de la empresa dispusieron de cancha libre para asustar a los campesinos con argumentos como “el Estado te quitará tu parcela porque no la tienes totalmente trabajada” o para mostrar su prepotencia cuando se resistían a la venta. Hay testimonios de agricultores que señalan como los motosierristas y tractores de la empresa llegaban de noche a las parcelas y simplemente procedían a echarse abajo el monte y ocuparlas.

Además ha habido engaño con los precios. En Tamshiyacu, la empresa ha pagado un promedio de 100 soles por hectárea: 0.01 céntimo por m2.

Las distintas varas del Estado

En el Estado, la justicia no es ciega, no cierra los ojos para no ver a su interlocutor y actuar de manera imparcial. Por el contrario, los abre bien para inclinar la balanza hacia el lado de quien más tiene y ofrece.

Pongo este ejemplo. En enero de este año, con el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal, elaboramos y publicamos un artículo llamado “La calificación de tierras no debe ser una condición para titular las tierras ancestrales de comunidades nativas” (Ver Servindi, La Mula y otros medios virtuales). En febrero y marzo de 2015 habíamos elaborado juntos otro texto y participado en una polémica abierta en Internet sobre este tema. El asunto de la clasificación es el siguiente. Una disposición de la ley de comunidades nativas (DL 22175, de 1978) estableció que a las comunidades nativas solo se les titulen en propiedad las tierras que tienen aptitud de uso mayor agropecuario y se les entreguen en cesión de uso aquellas de aptitud forestal o de protección. Es una polémica larga que no voy a repetir ahora. Invito a quienes se interese en ella a consultarla en los mencionados medios.

El dispositivo es absurdo y viola un derecho fundamental de las comunidades nativas, ya que al titularlas el Estado no les otorga una propiedad que no tienen sino que les reconoce -les formaliza- algo que ya es suyo dada su pertenencia a pueblos ancestrales. Antes la clasificación se hacía mediante un procedimiento sencillo, teniendo en cuenta la pendiente del terreno y si estaba o no sujeto a inundaciones periódicas. En julio de 2015, el Estado ha enredado las cosas al aprobar una norma (RM Nº 0355-2015-MINAGRI) que complica el procedimiento hasta el absurdo. Ahora son necesarios estudios de suelo que exigen hacer calicatas (una cada 1 000 has en la selva baja y dos cada 500 has en la selva alta), para luego analizar las muestras por especialistas que solo la DGAAA tiene y en laboratorios especializados que únicamente existen en Lima. Es claro que no se trata de un requisito para titular comunidades nativas sino de un obstáculo más para no hacerlo.

En el caso de las empresas agrícolas la cuestión es totalmente distinta. La DGAAA ha cerrado los ojos frente a la destrucción de miles de hectáreas de aptitud forestal hecha por empresas, como las de Melka en Ucayali y Tamshiyacu y otras. Incluso más, en un primer informe ha dicho que Cacao del Perú Norte S.A.C. no tenía por qué pedir autorización de cambio de uso porque las parcelas que ahora la empresa ha concentrado fueron exoneradas de ese requisito cuando se las adjudicó a campesinos en 1996.

Para que no queden duda de cómo se manipula el asunto de la clasificación de tierras para ponerla al servicio del cliente rico, el GORE Ucayali vendió, en diciembre de 2012, 4 759.77 hectáreas de terrenos estatales, en Zanja Seca, a Plantaciones Ucayali, por 989 724 soles, es decir, un promedio de 208 soles/has. Algo más de los 100 soles pagados a los campesinos de Tamshiyacu. Pero este no es el punto que quiero destacar ahora, sino el hecho de que, en la Amazonía, en 4 800 hectáreas es imposible que no existan tierras forestales. Para salvar este obstáculo, el GOREU eliminó la categoría forestal y clasificó parte del área como tierras aptas para cultivo permanente y parte como tierras aptas para pastoreo. La operación debió haber sido aprobada por el Minagri. Como este se demoró, el Gobierno Regional aplicó la norma del “silencio administrativo positivo” y dio por cerrado la operación. (Ver Salazar y Rivadeneyra, 2016: 32.)

¿Qué pasará con los campesinos?uuu

Muchas familias que vivían en las tierras que la empresa Cacao del Perú Norte ha adquirido quedaron con cinco mil soles en el bolsillo, que en este momento ya deben haber gastado, y nada más. Este monto no corresponde al valor del bien que con engaños o amenazas vendieron ni les permitirá iniciar una nueva vida en la que alcancen por lo menos condiciones de bienestar similares a las que tenían cuando eran dueños de sus parcelas. Una posibilidad es que busquen en otro lugar un pedazo de tierra para vivir. Allí deberán comenzar de cero: sin chacras, plantaciones forestales o de árboles frutales, ni casa. Deberán adaptarse a un nuevo ambiente físico, en el que no contarán con el tejido social que habían construido en Tamshiyacu, con parientes, compadres y amigos que les ofrecían seguridad y colaboración en casos determinados, como mingas y otros. Otra, muy probable, es que emigren a las ciudades de la zona y allí, asentados en barrios marginales, malolientes e inseguros, engrosen las filas de desocupados o de informales (vendedores de chucherías, cuidadores de autos y motos, cargadores, tricicleros y cosas así) o que, empujados por la necesidad, caigan en la tentación de la rapiña.

El Estado y algunos sabios del desarrollo seguirán hablando de “emprendedurismo” y pronunciando discursos en los que ni ellos creen. Mientras, sin embargo, seguirán planteando -porque balas no les entran- que para sacar a la gente del campo de la pobreza hay que formalizar sus tierras para que las puedan poner en el mercado y así capitalizarse. Nuevos Melkas seguirán medrando con el embrollo y nuevos pobre reales serán la consecuencia de sus acciones apoyadas y fomentadas por el Estado. Para algunos nos quedará cada vez más claro que son el Estado y esa manera de hacer empresa las generadoras e pobreza y violencia en el país.