Viví tres años en Áncash, tiempo suficiente para comprobar una verdad que me interesa compartir con ustedes en el contexto que supone el affaire Odebrecht: la corrupción hace mucho que se enquistó en el cuerpo nacional, no solo es patrimonio del grupo de empresas de capitales brasileños que se está investigando ni acaso la triste herencia de los gobiernos de Alan, Toledo y/o Humala.
Está en todas partes, vivita y coleando. Desde hace mucho tiempo las obras-servicios-compras en las que el Estado interviene, desde las transferencias de fondos del sector salud a la clínicas privadas que asisten a los asegurados -caso Moreno- hasta las megaobras que el presidente Kucsynski ha prometido destrabar, todas, generan negociados que involucran a avivatos de toda laya que se coluden con funcionarios locales, regionales y nacionales a lo largo y ancho del territorio.
Todavía no somos México, eso es clarísimo; finalmente México es un país inmenso y su economía varias veces más grande que la nuestra, pero vamos camino a serlo a pasos acelerados.
En mis pagos de Chavín y Huaraz llamaban diezmo a la tarifa establecida que debía entregar el proveedor al funcionario estatal a cargo del negociazo que supone tranzar con el Estado. En esa región enriquecida de pronto con el dinero del canon minero lo que se discutía entonces no era la naturaleza del diezmo a entregar si no su cuantía. La costumbre de pagar el 10 por ciento de lo pactado en coimas y sobre valoraciones al cerrarse una obra empezaba a ser cosa del pasado. Las autoridades en ejercicio, curtidas en esas lides, estaban convencidas que se podía llegar a un 15, a un 18 o tal vez a un 20 por ciento sobre lo contratado y exigían esos montos. Solo era cuestión de ponerle un poco más de diligencia de su parte y audacia en la negociación.
Esos tres años en Cordillera Blanca fueron para mí el mejor curso de sociología peruana que pude haber tomado.
Derrotar al Estado corrupto es tarea perentoria, de urgente necesidad, casi de vida o muerte. Lamentablemente el bendito mal se ha extendido por todas partes, ha impuesto condiciones en las alfombradas oficinas de Odebrecht y en los despachos más recónditos donde se mueve la burocracia estatal: en Atalaya o en Condomarca
Solo un último dato para que quede claro de lo que estamos hablando. Leo un párrafo de una nota tomada del diario Gestión: «El monto total adjudicado de las contrataciones estatales a nivel nacional en el año 2011 ascendió a S/.28,892.18 millones, de los cuales 55.2% (S/. 15,890.69 millones) se adjudicó al interior del país».
Si el año pasado estos montos alcanzaron la friolera de los diez mil millones de dólares y los filibusteros de saco y corbata convinieron en establecer un diezmo de 10-15 por ciento sobre lo contratado por el Estado miren la cantidad de dinero que está en juego y saquen la línea de lo que va a costar romperle el espinazo al monstruo que se tiene que derrotar para empezar a soñar con un país viable.
(Mientras tanto a darle duro a los que lucraron detrás de las maniobras de los brasileros)
Buen viaje…
