El caballito de batalla de los adalides de la lucha contra las oenegés extranjeras, “esas transnacionales que lucran con la postración económica de los pueblos indígenas” a las que el párroco de Puerto Esperanza, en Purús, Ucayali, llamó alguna vez “sarracenas”, es la pobreza que se extiende por las fronteras amazónicas y el interior de algunas de las áreas protegidas confiadas al cuidado del Ministerio del Ambiente.
Para demostrar la exactitud de sus premisas –y darle con todo a los que defienden el sistema ambiental peruano- los críticos exhiben los datos que dan cuenta del abandono en el que viven los pobladores de las comunidades nativas del Parque Nacional Alto Purús, la Reserva Comunal Purús y, últimamente, los machiguengas y yines que habitan el Parque Nacional Manu, ícono de la conservación en el Perú, cuyos estimados de desnutrición y anemia son de temer.
Se trata de cifras, hay que decirlo, irrefutables: según lo mencionado por Ernesto Ráez y Carlos Soria en la presentación del libro que prepararon sobre los pueblos en contacto inicial que se desplazan por el Manu, el 70 por ciento de los niños menores de cinco años que sobreviven en los centros poblados de Yomibato y Tayakome, las dos localidades dentro de su jurisdicción, sufren de desnutrición y anemia.
Por si fuera poco, lo han señalado los periodistas Jack Lo y Thomas Mueller en un reportaje para Mongabay Latam, los adultos evaluados en dichas comunidades presentaban, ya en el 2014, índices de mercurio en sus organismos muy por encima de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Y de las denuncias, los opositores al statu quo actual pasan a las soluciones: la construcción de vías que conecten estas periferias con los mercados interiores y/o el desmantelamiento de la legislación ambiental.
Tensiones irresueltas
Aunque el congresista Tubino se afane en decir que su perorata en contra del aislamiento en el que viven estos peruanos no tiene nada que ver con la construcción de carreteras, lo cierto es que su sistemática campaña le ha prestado fundamentos sólidos al hasta entonces desconocido legislador Glider Ushñahua, impulsor de la Ley 30723, “que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el territorio de la región Ucayali”. Claro, “bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan”.
Respeto sin restricciones a las áreas naturales protegidas y a los pueblos indígenas que habitan el territorio ucayalino, que por lo menos para el caso de la Reserva Comunal Purús les toca administrar en cogestión con el Estado, significaría, pienso, empezar a diseñar soluciones que no colisionen con los objetivos de creación de tan importantes zonas reservadas y que al mismo tiempo acaben con el secular estado de abandono de sus poblaciones. Lo que Raéz-Soria llaman “la tensión no resuelta entre el mandato de intangibilidad y la existencia de la gente”.
¿Las carreteras, ese medio tan cuestionado para generar desarrollo amazónico, pueden convertirse en la solución de un conflicto entre conservación y necesidades de las poblaciones locales, que para el caso del Manu va a cumplir cincuenta años? No hay que ser muy despabilado para saber que no. Las carreteras en la Amazonía, por más que el almirante Tubino ponga como ejemplo el de la conectividad vial en el Parque Yellowstone, lo han dicho todos, exacerban la migración descontrolada, el cambio de uso de la tierra, la ilegalidad, la deforestación y las demás pandemias que ya conocemos.
Lo saben muy bien los congresistas mencionados y Luis Otsuka, el gobernador de Madre de Dios que en un video colgado en la web del gobierno regional que preside, le ha declarado, en la práctica, la guerra al Ministerio del Ambiente y a las ONG conservacionistas, culpables al alimón de la postración en la que se encuentran los habitantes de ese sector del territorio de su región.
Se olvidan los padres de la patria y la máxima autoridad regional, en Madre de Dios también sus asesores y consejeros regionales, que fueron elegidos para plantear soluciones que no vayan en sentido contrario a lo que manda la ley y que sus amenazas y/o propuestas anti-ambientales, por llamarlas de algún modo, agravan un problema social que debió haber sido abordado de mejor manera hace mucho tiempo.
Subsidios para ser justos
Cerca de cinco millones de peruanos se han beneficiado en los últimos años con los programas sociales puestos en marcha por los sucesivos gobiernos democráticos. Cinco millones de compatriotas en situación de vulnerabilidad han podido sobrevivir con decoro gracias a unos programas de transferencia condicionada que, como acaba de señalar un informe periodístico de la BBC de Londres, lograron reducir en más de 50 % el índice de pobreza en el Perú, que como se sabe pasó de afectar al 55% de la población a un histórico 22 por ciento.
Siete millones de personas dejaron atrás la pobreza por acción de estos paliativos, así los llaman sus opositores, cuya eficacia ha sido aplaudida en el Perú y en el extranjero.
¿Cuántos millones de peruanos viven en el Purús y en el Manu? Les paso a los impulsores de la Ley 30723 y al Gobernador Regional de Madre de Dios esta data que seguramente se les ha extraviado entre tantos documentos por revisar: en el Manu, según cifras de la Microrred de Salud de Salvación, Madre de Dios: 908 personas. En toda la provincia de Purús, menos de tres mil.
Sumando y restando, digamos, tres mil quinientos o cuatro mil peruanos, todos ellos posibles beneficiarios de algún programa social que deberían proponer teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad en la que viven y el papel que juegan en el cuidado de unos bosques de importancia fundamental para la supervivencia de nuestra especie. Rol de guardianes del bosque amazónico reconocido en cuanto foro sobre adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático existe.
Aplíquense en eso. No hay otra salida más rápida, coyunturalmente factible y menos onerosa para el erario que esa. El Bono Amazónicos por la Amazonía, Bono Verde, o si quieren la Pensión Guardianes de la Frontera, o del Futuro, el nombre que se les ocurra ponerle, haría justicia con esos pocos miles de peruanos penosamente abandonados por el Estado y sus instituciones (y sus autoridades). Peruanos que por cierto empiezan a ser utilizados por los que quieren sembrar de carreteras los territorios que se han salvado del desarrollismo-siglo-XX con el evidente propósito de saquear, a posteriori, sus recursos naturales.
Resulta obsceno comprobar que el dinero del Estado se invierte -o gasta- a chorros en atender las necesidades de los peruanos de las proximidades de Lima mientras se desatiende a un sector de la población nacional que, efectivamente, se perjudica por el solo hecho de vivir en áreas tan poco propicias para el desarrollo tal como lo concebimos desde aquí, en las ciudades. Lo digo en relación a las medidas que ha tomado la oficina de la llamada “Reconstrucción con Cambios” en el sentido de entregar un bono de 500 soles mensuales a las familias que perdieron sus viviendas en las cuencas afectadas por los desastres naturales de hace exactamente un año. Esas familias recibirán la mencionada ayuda social durante el tiempo que dure la habilitación de las nuevas viviendas que el Estado les entregará.
¿Y los machiguengas, yines y yoras del Manu? ¿ Y los cashinahuas, sharanahuas, culinas, mastanahuas, asháninkas, amahuacas y yines del Purús? Ellos nada, en la nebulosa social, mal tratados por su condición de peruanos de la frontera. Indignante y todo esto mientras nuestras autoridades elucubran soluciones que podrían destruir lo que con tanto esfuerzo se ha construido y desafían la ley y el sentido común alentando la construcción de carreteras y otras infraestructuras cuestionables sobre sus territorios.
Para terminar: en el pasado gobierno, diez ministerios tuvieron a su cargo la importante tarea de ejecutar programas sociales subsidiados por el Estado peruano: el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se ocupó de Cuna Más, Qali Warma, Pensión 65, Haku Wiñay y algunos más. El de Educación impulsó los programas Beca 18, Beca Presidente de la República, Beca Docente, Beca Vraem, Beca Reparaciones en Educación para Víctimas de la Violencia (Repared), entre otros.
El Ministerio de Salud hizo lo propio con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con el programa Vuelve a Sonreír, el Plan Esperanza, Tayta Wasi, Bienvenidos a la Vida, Aprende Saludable y amplió la cobertura del Seguro de Recién Nacido y Verte Bien. El de Vivienda, Construcción y Saneamiento puso en ejecución el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, de Saneamiento Rural, de Vivienda Rural, de Polideportivos y Mercados, de Tambos y de Huaros.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el programa Jóvenes Productivos, Impulsa Perú, Centro de Empleo, Trabaja Perú y Perú Responsable. En la misma línea, el Ministerio de Agricultura y Riego llevó adelante Buena Siembra, Mi Riego y ProQuinua; mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fomentó Vida Digna, Juguemos y el Programa Nacional Yachay.
El Ministerio de la Producción tuvo la iniciativa del Programa Nacional A Comer Pescado; el de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo apostó por los programas De mi Tierra un Producto y Al Turista lo Nuestro. El Ministerio de Energía y Minas desarrolló el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y el programa Cocinas Mejoradas. Y, por si fuera poco, el Ministerio de Defensa puso en marcha las plataformas itinerantes de acción social (PIAS).
¿Cuántos manejó el Ministerio del Ambiente?, ¿cuántos tuvo en sus manos el Ministerio de Cultura a través de su Viceministerio de Interculturalidad?
Ni uno.
No necesitamos más carreteras ilegales en la Amazonía, lo que necesitamos, y a gritos, es mejores autoridades. O dicho de otra manera: es urgente que las padres de la patria que hemos elegido se dediquen a hacer bien su trabajo. Y hacerlo dentro de la ley. Es urgente que se pongan a trabajar de consuno en la elaboración de una iniciativa parlamentaria “que declare de prioridad e interés nacional la creación de un programa social en zonas de frontera y áreas naturales protegidas en los territorios de la regiones Ucayali y Madre de Dios habitadas por poblaciones indígenas” con el propósito de reparar una injusticia histórica y empezar a mirar de otra manera el papel que cumplen esos peruanos invisibles como guardianes del bioma más importante del continente.
Y que las poblaciones receptoras de esta transferencia condicionada sean debidamente acompañadas por los ministerios respectivos y las regiones que habitan en la conversión de este bono asistencial en desarrollo productivo e integración real al país que les sigue dando la espalda.
22/2/2018
