Mi opinión
Fui uno de los invitados al taller “Visiones locales de la minería en la Amazonía colombiana: impactos culturales, sociales y legales” que se llevó a cabo el viernes pasado en Bogotá con la participación de indígenas de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas. El evento fue organizado por el Grupo de Apoyo de la Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICAA-USAID) y sirvió de ocasión para conocer los testimonios de un grupo de “conocedores” indígenas sobre un flagelo que solo el año pasado causó la deforestación en Colombia de casi 17 mil hectáreas de bosque primario.
La minería ilegal se ha convertido en un problema transfronterizo; en Colombia 123 municipios vienen siendo afectados por el accionar de una actividad que la mayoría de las veces es financiada por grupos alzados en armas (FRARC, ELN) y otras organizaciones criminales. Los efectos en los pueblos indígenas, en su estructura social, son tremendos y decisivos; Vicente Hernández, indígena del Caquetá, comentó en el taller que la deserción escolar en adolescentes alcanzó en algunos resguardos indígenas cifras cercanas al 50 por ciento. Los muchachos y muchachas de la Amazonía colombiana encuentran en la actividad minera una alternativa económica poderosa y muy atractiva,
Por eso es que resulta de capital importancia conocer el fenómeno del que venimos hablando y plantear mejores soluciones. La criminalización de la minería ilegal como única estrategia de combate resulta un disparate a la luz de lo acontecido en Perú. Les paso esta nota aparecida el día de hoy en el diario El Tiempo de Bogotá sobre un comité de mineros artesanales que ha conseguido formalizarse para obtener del Estado los permisos adecuados para explotar los recursos de acuerdo a ley.
Vamos a estar atentos a este problema. Ya les cuento.
Una pala, una carreta y una zaranda, veintitrés grados de calor sobre su espalda y los pies descalzos sintiendo las rocas del río mientras el agua corre por sus piernas.Un grupo de perros ladrando a lo lejos, las casas de bahareque decorando el paisaje y una docena de hombres haciendo el mismo movimiento de recoger arena.
Ese es el trabajo que mejor sabe hacer Ancízar Zapata, quien aprendió al lado de su abuelo y su papá a las orillas de la quebrada La Arenosa, en el barrio Minitas en Manizales.Y a pesar de las duras condiciones, de lo poco que logran recoger en gravilla, piedra y arena para vender, para sustentar a sus familias, para vivir, él y su grupo de compañeros no se quejan, solo piden que los dejen trabajar.
Zapata es una de las 53 personas que en marzo fueron aprehendidas por la Policía Metropolitana de Manizales porque, al parecer, estaban ejerciendo minería ilegal.“Con engaños”, según él contó, porque “dijeron que nos iban a carnetizar para el trabajo”, se los llevaron detenidos.
Lo que ellos todavía califican como un atropello y un irrespeto, las autoridades manifiestan que se trató de un operativo hecho en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) por los daños de recursos ambientales ocasionados y la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
Además, en el informe del operativo, que se inició por denuncias ciudadanas, la Policía informó que estas personas no contaban con ningún permiso.Cinco meses después, la situación para este grupo de areneros es distinta, pues con ayuda de la Unidad de Minas (adscrita a la Secretaría de Gobierno de Caldas) y la Corporación Prospéritas, entraron a hacer parte de un proyecto piloto en el departamento que no solo busca formalizar su labor sino ayudarlos a consolidar su pequeño gremio para que ahorren.
“Estamos buscando una forma de organización solidaria para este tipo de actividad, lo que se busca es una estructuración interna de este grupo de mineros para que se puedan gestionar proyectos, programas de interés para ellos, asistencia y capacitaciones”, explicó la jefe de la Unidad de Minas, Paula Andrea López.
Además, el siguiente gran paso a dar será lograr que la Agencia Nacional Minera la declare como Área de Reserva Especial Tradicional.
De acuerdo con el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez, así, el panorama cambiaría totalmente. “Si son declarados reserva especial, pasan de la informalidad a la formalidad. Esto es que puedan ejercerlo de manera tranquila, sin esperar que los van a judicializar”, dijo.
Se trata de un plan que además va a ser replicado en otros escenarios de tradición minera en el departamento pero donde también se han presentado problemas ilícitos, como en Marmato, Supía, Riosucio, La Dorada, Norcasia, Chinchiná, entre otros.
A pesar de que muchos “se asustaron y quedaron aburridos con lo de la detenida”, como narró Ancízar Zapata, otros 39 se quedaron y hoy conforman la Asociación de Mineros Artesanales de Minitas (Asoruminitas), inscrita ante la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.
“Nosotros ya sabemos quiénes somos, de quién es cada charco, porque llevamos aquí toda la vida”, reiteró Zapata, quien como presidente de la Asociación, destacó que “vemos esto como una gran oportunidad para mostrar todo lo que podemos hacer y que tenemos todo el interés de quedarnos aquí”.
Una declaratoria de reserva especial es una solicitud especial que se hace a la Agencia Nacional Minera, enfocada en estas comunidades que vienen desarrollando su minería de manera tradicional, que puedan demostrar que siempre han estado ahí.
09/08/2015
