Bolivia: ¿Acabarán las represas de El Bala y El Chepete con el turismo comunitario en el Madidi y en Pilón Lajas?

• 3000 indígenas perderían sus tierras como consecuencia de los embalses, sostienen los líderes de las comunidades afectadas.
• El mítico albergue indígena Chalalán y cuatro ecolodges regentados por las comunidades serían afectados por inundaciones con la construcción de las represas.

Valentín Luna, indígena tacana, líder de la comunidad de San Miguel del Bala, en Bolivia y dirigente de la Mancomunidad de Comunidades del Río Beni y Quiquibey, ha dejado por un tiempo su vida apacible junto al río Beni para representar a las 18 comunidades indígenas que se verían afectadas directamente por la construcción de las represas del Chepete y  El Bala. Se trata de dos embalses de una obra hidroeléctrica declarada de interés y prioridad nacional por el gobierno boliviano, cuyo costo de ejecución bordea los 9 mil millones de dólares, una cifra que equivale a casi una vez y media la deuda externa del país.

Según Luna y otros opositores al proyecto, en su mayoría pobladores originarios asentados en las riberas de los ríos, la obra inundaría el territorio que ocupan, desde mucho antes de la conquista, 3000 comuneros. “Por eso es que decidimos, en noviembre del año pasado,  impedir el paso de las lanchas de la empresa que realiza los estudios técnicos que el gobierno ha pedido y declararnos en vigilia, en actitud de lucha permanente, no queremos que nadie venga a burlarse de nosotros”, comentó Luna para Mongabay Latam.

Turismo y desarrollo sostenible

El territorio donde se construirían las represas es el punto de encuentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas,  dos de las áreas naturales protegidas más biodiversas del país. Solo para el caso del Madidi, un ícono del turismo de naturaleza que  ha sido más de una vez tapa de la prestigiosa revista National Geographic, se han registrado más de 1000 especies de aves, el 70 % de las que alberga el país. Para los científicos de Wildlife Conservation Society (WCS), una ONG que viene trabajando en la zona por lo menos desde el año 2000, el Madidi es uno de los últimos baluartes de vida silvestre del mundo.

Adentrarse en sus selvas o en las sabanas de las Pampas del Yacuma, precisamente lo que vienen haciendo desde hace más de treinta años miles de turistas que arriban al aeropuerto de Rurrenabaque, la ciudad desde donde se administran los servicios turísticos de la región, requiere de un conocimiento que lo tienen, en especial, los indígenas tacanas, mosetenes, chimanes, uchupiamonas y ese’ejas, poblaciones que se han ido integrando como guías y prestadores de servicios a una actividad desconocida que a muchos de sus jóvenes les permite gestionar emprendimientos de turismo comunitario de calidad.

Uno de ellos es el conocido Albergue Ecológico Chalalán, un lodge sobre la laguna del mismo nombre a cinco horas de navegación por los ríos Beni y Tuichi desde Rurrenabaque. El albergue Chalalán, un proyecto turístico construido en 1995 por los pobladores indígenas de San José de Uchupiamonas, pudo satisfacer la creciente demanda de pasajeros interesados en vivir  la mediática aventura que pasó el excursionista Yossi Ghinsberg, quien tras sobrevivir en 1981 tres semanas perdido en medio de la jungla, se convirtió en el detonante, una vez conocido su testimonio, de una avalancha de turistas compuesta en su mayoría por jóvenes del mundo entero interesados en conocer los tesoros de una selva completamente virgen.

En la actualidad son más de quince ecoalbergues los que se han desarrollado en el eje Madidi-Pilón Lajas-Yacuma, la mayoría gestionados desde las  propias comunidades indígenas. De prosperar la obra, manifiesta Valentín Luna, cuatro de ellos serían impactados por inundaciones con la construcción de las represas: el histórico albergue Chalalán de los uchupiamonas, el que conducen los comuneros de San Miguel de Bala, el de la comunidad  de Villa Alcira, y el que regentan los chimanes y mosetenes de Asunción del Quiquibey.

“No entendemos el razonamiento del gobierno —toma la palabra Hernán Nay, tacana, empleado en una agencia de turismo y uno de los comuneros que acompañó a Luna durante la vigilia de doce días en el cañón o angosto de El Bala— nuestros padres dejaron la caza indiscriminada, la extracción de la madera y el negocio de las pieles (de jaguares, principalmente) para dedicarse al turismo y ahora vienen los funcionarios del gobierno y nos dicen que eso ya no sirve, que ahora debemos buscar otros oficios”. La molestia de los más jóvenes es evidente. El turismo étnico de base comunitario y el convencional de naturaleza son las dos actividades que generan más ingresos en el municipio de Rurrenabaque y en la vecina localidad de San Buenaventura. Gran parte de los muchachos y muchachas indígenas que logran acabar la secundaria, estudian en La Paz carreras vinculadas al turismo.

Las megaobras que quieren acabar con el turismo

Alex Villca Limaco es uno de esos jóvenes que dejaron temporalmente sus aldeas para estudiar en la capital y volver a sus comunidades de origen para insertarse laboralmente en la actividad turística. Hijo de un maestro quechua-tacana y descendiente por línea materna del último chamán de San José de Uchupiamonas,  Villca se desempeñó primero como guardaparques del Parque Nacional Madidi para trabajar después, durante cinco años, en el mítico albergue Chalalán. Graduado en turismo por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, Alex Villca es también fundador del albergue comunal Madidi Lodge, en San José de Uchupiamonas, y secretario de comunicación de la combativa mancomunidad.

 “El gobierno pareciera no estar interesado en la promoción del turismo en la región”, nos lo dijo mientras recorríamos las instalaciones del ecolodge cuyos puestos de mando son operados totalmente por comuneros uchupiamonas. Para el experto en ecoturismo y guía bilingüe, el gobierno de La Paz está empecinado en transformar los municipios del área, dedicados por completo al turismo, en municipios productivos; eso explica, por ejemplo, la construcción con dinero estatal de un emporio azucarero en el distrito de San Buenaventura, cuyo costo de inversión alcanzó los 260 millones de dólares y fue construido por operarios chinos.

“Nos oponemos a ese tipo de gasto público —continuó— no solamente por la inutilidad de la obra, sino, sobre todo, por el impacto ambiental sobre nuestro territorio”. Hacía alusión el dirigente indígena a la denuncia que se hizo en distintos medios de comunicación bolivianos, sobre las inversiones del gigante asiático en actividades vinculadas al tráfico de 800 colmillos de jaguar por parte de  trabajadores chinos.  

El turismo en Rurrenabaque, la otrora Perla Turística del Beni, enfrenta su peor crisis por la poca inversión en promoción y construcción de infraestructura que ha recibido esa zona en los últimos años, sostienen los comuneros, y debido al afán del gobierno de impulsar el desarrollo energético en los departamentos de Beni y La Paz. Para Villca y Alcides Santaya, un colono que apoya las protestas indígenas contra las represas y preside la Cámara de Turismo Responsable de Rurrenabaque, la llegada de visitantes se ha reducido en los últimos tres años en un 50 por ciento. Según ellos, el año pasado apenas se registró el ingreso de 17 000 turistas frente a los 35 000 del 2015.

 “Pareciera que Evo —Villca se refiere de esta manera al presidente Evo Morales—estuviera interesado en demostrar que el turismo ha muerto en nuestros municipios para justificar el gasto de los bolivianos en estas megaobras; por eso es que las autoridades del gobierno andan diciendo en nuestras comunidades que las dos represas generarán 70 000 nuevos puestos de trabajo”.

La protesta de la mancomunidad y otros colectivos indígenas del Madidi y Pilón Lajas llevó a Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos del régimen, a expresar uno de los comentarios más polémicos de un gobierno que se ha declarado defensor de los derechos indígenas: “Villca es uno de los que tienen una empresa de turismo en la zona y además ha hecho una maestría en la ciudad de La Paz. Entonces ya no es indígena”.

“Se equivoca el ministro y también el vicepresidente —que ha llamado públicamente traidores a los que se oponen a la construcción de represas en el país— el ecoturismo para nuestros pueblos es una herramienta de lucha contra la pobreza y defensa de nuestro territorio, por eso es que estamos en pie de lucha”, dijo Villca. En su comunidad de origen, San José de Uchupiamonas, 30 jóvenes indígenas han aprendido a hablar perfectamente inglés para atender a los turistas y otros tantos se han convertido en intérpretes ambientales y hábiles cocineros. El albergue comunitario es operado por 45 familias indígenas tacanas que habitan una importante zona de influencia del Parque Nacional Madidi.

Defendiendo el futuro

En Rurrenabaque, durante nuestra visita, la población se mantenía en las calles en pie de lucha. Decenas de manifestantes en motos y a pie recorrían la plaza principal y las calles aledañas lanzando arengas a viva voz contra el alcalde Anacleto Dávalos, miembro del partido gobiernista. Lo acusaban, entre otras cosas, de haber dicho que en su distrito la población estaba a favor de las cuestionadas hidroeléctricas.

Entre los manifestantes encontramos a Domingo Ocampo, dirigente mosetene de la comunidad de Torewa, en las proximidades del Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y también activo dirigente de la Mancomunidad de Comunidades del Río Beni y Quiquibey. Para este líder indígena el gobierno ha incumplido con el mandato constitucional que exige la consulta previa e informada a los pueblos indígenas y campesinos antes del inicio de cualquier obra que ponga en peligro o vulnere sus modos de vida consuetudinarios.

“Para nosotros, una vez que el gobierno puso a trabajar a sus ingenieros y a sus maquinarias en nuestro territorio se echó  a andar el proyecto”, añadió. El artículo 135 de la constitución boliviana declara ilegítimo todo acto “que viole o amenace con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza”.

Ocampo sostuvo que el gobierno los acusa de retrasar el desarrollo del país. “Cuando lo que estamos pidiendo —nos dijo—  es que se respeten nuestra manera de vivir. No tenemos otra, toda nuestra existencia la hemos pasado en el río, si nos vamos a vivir a la carretera desapareceríamos como pueblo indígena”. Por eso se están movilizando, agregó el veterano dirigente indígena, “a pesar de las amenazas que recibimos no vamos a detenernos, nuestra lucha es justa, no queremos que nuestro territorio sea destruido”.

Otras voces

Tico Tudela es un personaje histórico en la región. Gracias a él, Yossi Ghinsberg, el israelí perdido en la selva e impulsor desde entonces del albergue Chalalán, pudo salvarse. Tico, entonces un muchacho de menos de treinta años, dirigió la búsqueda que dio con el paradero del ahora hijo mimado de Rurrenabaque. Lo visitamos en su agencia de viaje para preguntarle sobre el impacto de las hidroeléctricas en el turismo de su localidad y fue enfático en negar lo que los emprendedores indígenas afirman: “Me parece que exageran, en esos bosques apenas viven, sobreviven, decenas de familias. Es más, los nuevos embalses favorecerán el crecimiento del disminuido turismo en nuestra región, en los estanques que se crearían los turistas podrían pescar como en el sur de Argentina”.

Más cauto fue Javier Delgado, alcalde de la vecina localidad de San Buenaventura, también cercano al partido gobernante y defensor del proyecto: “necesitamos ingresos, eso es claro, desde que se creó el Parque Nacional Madidi, en 1995, no recibimos compensación alguna por haber entregado al país y al mundo el 70 % de nuestro territorio, que es el área que ocupa el parque”.

El burgomaestre de esta localidad de 10 000 habitantes considera que son los pobladores de los márgenes de los  ríos los que se oponen al proyecto porque, efectivamente, son los que se perjudicarían. “Por supuesto que hay otras maneras de generar recursos al margen de la energía —nos dijo— tendríamos que revisar la manera cómo se distribuyen los beneficios por proteger y conservar el Parque Nacional Madidi”.

Fuera de su oficina en la humilde plaza principal, una pared exhibía una pinta de inocultable realismo: “No a las represas”.

Energías limpias y turismo sostenible

Antes de tomar nuestro vuelo de regreso a La Paz en el pequeño aeropuerto de Rurrenabaque, conversamos por última vez  con Alex Villca y Domingo Ocampo.  Para ambos la visión del presidente Evo Morales, un indígena de las tierras altas, así lo llamaron, no es la misma que tienen los habitantes originarios de las tierras bajas comprometidos históricamente con el cuidado del bosque y el uso racional de sus recursos. “Evo habla en el extranjero del ‘buen vivir’ —comentó Ocampo— seguramente para él eso significa vivir en una casa con aire acondicionado o en un palacio, para nosotros no, para nosotros el ‘buen vivir’ tiene que ver con la supervivencia de nuestros bosques y nuestra forma de vida”.

Para ambos es evidente que las dos megainversiones van a destruir lo que con tanto esfuerzo han construido. El turismo de base comunitario y el de aventura y naturaleza son una realidad en la región, miles de personas viven directamente de un negocio que requiere de un ambiente sano para prosperar. “El Madidi fue considerado alguna vez entre los 20 destinos de turismo sostenible más potentes de la tierra —añadió el más joven de los entrevistados— la juventud de las comunidades indígenas se ha preparado para gestionarlo. No queremos que nos cambien las reglas de juego”.

La Fundación Solón, una institución cultural dirigida por Pablo Solón, un conocido activista que entre el 2006 y el 2011 representó oficialmente a Bolivia en importantes foros internacionales sobre Cambio Climático y economías verdes, se ha distanciado del actual gobierno, Solón se ha  convertido en uno de los más duros adversarios de la política ambiental de Evo Morales. El director de la Fundación Solón acusa al actual presidente de Bolivia de estar implementando un modelo de desarrollo tradicional y contrario a los intereses de los pueblos que dice representar. A pesar de que el ministro Sánchez ha anunciado que los impactos de las dos represas tendrían una afectación de solo 1,8 % sobre el territorio del Parque, frente al 18 % calculado por otros estudios, la Fundación Solón considera que la generación de electricidad a base de megahidroeléctricas resulta un anacronismo en tiempos en que los estados y algunas compañías transnacionales privilegian la inversión en energía eólica y solar.

De cada cinco dólares invertidos en energía en el mundo, ha comentado el economista boliviano Stanislaw Czaplicki, a propósito de la represa de El Bala,  un dólar se destina a energía solar. Lo mismo nos dijo en Lima José Serra, experto en temas energéticos, cuyo análisis sobre la hidroeléctrica de Inambari en la Amazonía del sureste del Perú, fue decisivo para que se detuviera su construcción.

En Rurrenabaque y en los puestos de vigilancia de las dos áreas protegidas, los guardaparques y autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), nos comentaron todos los entrevistados, tienen prohibido dar opinión sobre las obras en camino. Tratamos de entrevistar al jefe del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, Marcos Uzquiano, un funcionario público que en sus comunicaciones en redes sociales suele terminar sus comentarios sobre el Madidi con un revelador “defiende la vida, protege el Madidi”, pero no recibimos respuesta a ninguna de nuestras comunicaciones.

Para Rafael Alarcón, Ministro de Energías, ministerio creado en febrero de 2017, la regulación de los ríos, a través de embalses como el que se pretende construir en el angosto de El Bala, pondrá fin a  los desbordes que tanto daño producen en las localidades ribereñas. Consultado sobre los impactos sociales y ambientales de las represas del Chepete y  El Bala, durante una conferencia de prensa, Alarcón fue rotundo en sus conclusiones: “Negar el impacto sería irracional. Impacto va a existir. Una obra de esta envergadura, sin duda, que genera impacto ambiental. Va a ser responsabilidad del Ejecutivo mitigar este impacto”.

Lo mismo sostuvo Cinthya Silva, viceministra de Medio Ambiente y Biodiversidad: “La política de nuestro Gobierno jamás acompañaría una decisión en la que no se dé un  punto de equilibrio. Para eso hemos luchado por una Ley de la Madre Tierra que plantea un desarrollo integral”.

“El mundo ha empezado a caminar  a pasos agigantados hacia el desarrollo sostenible —nos comentó Alex Villca Limaco mientras navegábamos por el angosto de El Bala, el lugar elegido para embalsar el río Beni y poner a andar el proyecto hidroeléctrico—  y nosotros, conscientes de ese modelo de vida, coherente además  con las costumbres de nuestros mayores, hemos aprendido a realizar dentro de nuestra reserva actividades económicas respetuosas de las culturas locales y amigables de sus recursos naturales”.

En el fantástico Parque Nacional Madidi y en la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, también en las pampas del Yacuma, sus habitantes originarios y los empresarios turísticos que están apostando por el turismo responsable, que a la fecha han sido capaces de construir y gestionar más de 60 ecoalbergues, están decididos a frenar una inversión millonaria que puede destruir un ecosistema único en el planeta en que vivimos. Por eso es que  la vigilia a lo largo del río Beni continúa.

2/8/2017

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