Mi opinión
Hace tiempo que la minería ilegal del oro en la Amazonía dejó de ser un tema de carácter local o subnacional para convertirse en un problema transfronterizo, internacional, cuyas consecuencias y padecimientos desbordaron los límites de lo estrictamente ambiental para devenir en asunto social, humanitario, de vida o muerte (y no exagero). La nota que recojo de El Espectador revela una verdad cruda, aterradora: los niveles de mercurio en el cuerpo de habitantes de dos etnias amazónicas rebasan largamente los mínimos “permitidos” por la OMS y las agencias de salud de los Estados Unidos.
La intoxicación por mercurio ya no es un problema que atañe a los mineros y sus familias, condenados como están a vivir en campamentos donde la toxicidad es indescriptible, sino que va alcanzando a segmentos poblacionales próximos a la actividad minera como ocurre en Puerto Maldonado, para señalar el caso más emblemático de los tantos que tenemos en el Perú, cuyos habitantes –al menos los que se sometieron a los análisis del caso- presentan altos niveles de metales pesados en el cuerpo.
Estoy siguiendo de cerca el caso colombiano, mañana voy a sobrevolar el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, para ver los impactos de la construcción de una carretera en esa región y en los próximos días me entrevistaré en Bogotá con líderes indígenas que vienen denunciando el avance de la minería ilegal en sus territorios.
Les contaré detalles de lo que vea en una próxima nota.
Fueron las autoridades mayores las que insistieron en que los bebés también deberían hacer parte de la prueba. Así que, en la mitad de la selva amazónica, Liliana Carranza, estudiante de doctorado en toxicología de la Universidad de Cartagena, cortó algunos mechones de pelo de adolescentes y adultos y luego se concentró en el fino cabello de los recién nacidos. Guardó cada muestra en sobres separados de papel y se los llevó al laboratorio para analizarlos. Un mes después los resultados revelarían que los indígenas mirañas y boras, habitantes de la cuenca baja del río Caquetá, tienen en el cuerpo los más altos niveles de mercurio que se hayan registrado en el país.
Durante la primera semana de noviembre de 2014 una comisión de expertos convocada por Parques Nacionales Naturales y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas (PANI) visitó las poblaciones de Puerto Remanso, Las Palmas, San Francisco, Mariápolis y Manacaro, con el objetivo de medir los niveles de mercurio en los cuerpos de los indígenas y en los peces que consumen.
Por años, los nativos habían denunciado que la llegada de dragas mineras provenientes de Brasil, Putumayo, Caquetá y Antioquia, interesadas en el oro que se esconde en las orillas de los ríos, estaba modificando la vida cotidiana.
Decían que la minería no sólo estaba encareciendo la vida en la selva y que conseguir combustible y utensilios era cada vez más costoso, sino que era evidente que cada año se talaban más árboles, incluso de maderas que por tradición ancestral no debían cortarse. Finalmente, la Amazonia registra cada año las tasas más alarmantes de deforestación, ligada principalmente a los cultivos ilícitos y a las afectaciones de madereros y de mineros. Según el índice de deforestación del Ideam, entre enero y diciembre de 2013 se destruyeron 120.933 hectáreas de bosque natural. El 57% pertenecía a la Amazonia.
En el río Caquetá los indígenas señalan además que la maquinaria minera está afectando lugares sagrados, sitios donde habitan y anidan especies como la tortuga charapa (Podocnemis expansa). Río arriba, en el municipio de Solano, se escucha que las enfermedades de transmisión sexual se están incrementando. Los rumores sobre la contaminación de peces con el mercurio utilizado para extraer oro se habían multiplicado pero no existía ninguna evidencia científica que los confirmara.
Con este panorama, Parques Nacionales Naturales y PANI, con el apoyo del Fondo Patrimonio Natural, se unieron a la Gobernación del Amazonas, Corpoamazonía y las universidades de Cartagena y Tadeo Lozano para sacar adelante el estudio sobre los impactos del mercurio utilizado en la minería ilegal en la región.
En total fueron analizadas 200 muestras de cabello de los habitantes de cinco comunidades, se adelantó un análisis de los sedimentos del río Caquetá y se recolectaron peces para evaluar la concentración de metales pesados en sus músculos y vísceras.
En diciembre de 2014, el grupo de Química Ambiental y Computacional de la Universidad de Cartagena presentó los resultados. Los indígenas reportaron niveles de mercurio nunca antes vistos en Colombia: el estudio encontró que los habitantes de la cuenca baja del río Caquetá tienen concentraciones promedio de mercurio en el cabello que oscilan entre 15,4 y 19,7 partes por millón (ppm), cuando entidades como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomiendan que no sean superiores a 1 ppm.
Incluso las autoridades sanitarias han insistido en que en niños y mujeres embarazadas se debe tener más cuidado, pues son las poblaciones más susceptibles a los efectos nocivos del metal, teniendo en cuenta que una mujer en estado de embarazo puede transmitirlo a través la barrera placentaria haciendo que éste se acumule en el cerebro y el sistema nervioso central del feto.
“Hasta el momento los valores más altos de mercurio en Colombia eran los del sur de Bolívar, una zona en donde tomamos muestras de pescadores sobre la cuenca del río Cauca, en la ciénaga grande de Achí. Allá se reportaron concentraciones de 9,0 ppm en promedio. Un valor muy alto. Pero ahora nos encontramos con esta situación en el Amazonas, que es supremamente preocupante; los niveles son alarmantes. El mercurio afecta directamente la calidad de los espermatozoides así que, a futuro, se estaría poniendo en riesgo la supervivencia de estas comunidades”, dice el profesor Jesús Olivero Verbel, director del doctorado en toxicología ambiental de la Universidad de Cartagena e investigador principal del estudio.
Según explican los científicos, el mercurio es un metal volátil que puede ser transportado a grandes distancias por las corrientes de aire y los ríos. En el caso del Caquetá, el vertimiento del metal es directo, éste se almacena en los sedimentos y allí se vuelve metilmercurio, que es el contaminante que ingresa a la cadena alimenticia, llegando a los peces y otros animales que constituyen el alimento principal de los indígenas.
Aunque el mercurio afecta principalmente el sistema nervioso, además de riñones e hígado, lo preocupante es que esas alteraciones suelen manifestarse sutilmente (como con temblores en las manos) o pueden ser confundidas con cuadros clínicos de otras enfermedades, lo que dificulta el diagnóstico clínico de la intoxicación por el metal.
Los indígenas miñaras y los boras comen pescado más de diez veces a la semana. Su dieta alimenticia se basa principalmente en la ingesta de especies como el barbachato (Pinirampus pirinampu), que en este estudio preliminar presentó en promedio 1,09 ppm cuando las autoridades sanitarias advierten que no deberían comerse pescados que superen el 0,5 ppm.
Al revisar las muestras de cabello de los bebés, la bacterióloga Liliana Carranza identificó que los recién nacidos también presentan niveles alarmantes de mercurio, lo que indica que la intoxicación está pasando de madres a bebés a través de la leche materna. En uno de los casos, la mamá de un bebé de un mes de nacido presentó 21,9 ppm; el padre, 19,1, y el niño, 14,3.
“Aunque la afectación en el desarrollo embrionario o en la capacidad intelectual de los niños está por evaluarse y se necesita que las autoridades nacionales, como el Ministerio de Salud, realicen estudios clínicos mucho más completos para reconocer efectos detallados del mercurio sobre esta población, un indicador como el de esta familia bastaría para hacer un llamado a que las madres lactantes de estas poblaciones reemplacen la leche materna por leche en polvo y que las mujeres en embarazo suspendan el consumo de las especies con contenidos altos de mercurio”, dice Jesús Olivero.
Con los resultados en la mano, la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, es enfática en afirmar que con este alarmante diagnóstico los ministerios involucrados, al menos los de Minas, Medio Ambiente y Salud, deberían actuar frente a un problema que amenaza la calidad de vida de las poblaciones indígenas, no sólo de Colombia sino también de los países fronterizos.
“Se necesitan más esfuerzos para detener esta problemática sobre la que aún falta generar información. La minería sigue avanzando y las comunidades están desprotegidas. Este tema tiene que interesarle al Ministerio de Salud. A la gente hay que advertirle qué peces puede o no consumir. Pero no sólo hay que informar a los habitantes de Cahuinarí o de la cuenca del Caquetá. Todos los colombianos estamos consumiendo este pescado afectado por la minería de oro y no nos están diciendo qué cuidados deberíamos tener”, dice Miranda, refiriéndose a que la cuenca del Amazonas aporta el 32,2% del pescado que consume Colombia.
Desde el año pasado el Grupo SINA Amazonas, conformado por la Gobernación departamental, Corpoamazonia, Parques Nacionales y el Instituto de Investigaciones Sinchi, viene trabajando en una estrategia integral que les permita a los indígenas y a las instituciones locales y nacionales mitigar los impactos generados por la minería. Una ruta que ha sido construida con el apoyo del Fondo Patrimonio Natural a través del programa ICAA, de la Agencia USAID.
Como punto de partida estas instituciones coinciden en que el problema de la minería ilegal está avanzando en el Amazonas debido a la ausencia de oportunidades económicas y productivas, las condiciones de aislamiento y el abandono estatal, dificultades a las que se suma la falta de un ordenamiento territorial que indique cómo se debe gestionar la vida en estas regiones apartadas.
Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos anunció su nueva estrategia para combatir la minería criminal, un negocio que, según el mandatario, es más rentable que el narcotráfico y mueve alrededor de $7 billones al año. Por lo que se sabe, la nueva fórmula pretende entregarles más poder a las Fuerzas Armadas para decomisar mercancía y maquinaria y agilizar las capturas.
Se creará en la Policía una dirección contra la minería criminal y en el Ejército se conformará una brigada para luchar contra sus mafias (como ocurre con la brigada en contra del narcotráfico), además se formulará un nuevo listado de delitos minero-ambientales y se equipararán varios de ellos al lavado de activos o la instigación al terrorismo. Es decir: quienes sean hallados responsables de alguna de esas conductas podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
Aunque estas estrategias policivas son vistas por los expertos como necesarias, distintos analistas como Carmen Heck, investigadora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), creen que las acciones para solucionar el problema no pueden concentrarse exclusivamente en atacar a los mineros, pues existe toda una cadena económica que se está beneficiando de la extracción ilegal. “Si no se intenta desarticular la cadena de comercio del oro, de lavado de dinero y proveedores de maquinarias para la extracción, será muy difícil solucionar este asunto”, advierte.
Mientras el país sigue definiendo la fórmula para encarar el asunto, la extracción de oro ilegal sigue afectando la salud de miles de colombianos y continúa degradando ríos y bosques al tiempo que el metal se vende en Italia, las Malvinas, Panamá y Estados Unidos.
2/08/2015
