Mi opinión
Desde hace varias semanas vienen circulando noticias alarmantes, por no decir tristes, en relación a una supuesta invasión de traficantes de terrenos en el Área de Conservación de Chaparrí, la primera en crearse en el Perú. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y se actúe con sensatez evitando decisiones antojadizas y de grupo. Mucho es lo que se juega en esta emblemática reserva ecológica lambayecana. Vamos a estar muy atentos al tema.
En solo unos meses, la primera área de conservación privada del Perú, localizada entre las regiones norteñas de Lambayeque y Cajamarca, pasó de ser un ejemplo de reserva que recibía la visita de cientos de turistas al año a ser invadida por personas ajenas a la zona que lucran con el tráfico de tierras, de especies amenazadas y la extracción ilegal de madera. Así lo declaran los campesinos fundadores y especialistas ambientales consultados por Mongabay Latam.
“Todo comenzó cuando unos campesinos dieron apertura de manera fraudulenta a otros campesinos de fuera de la reserva para que formaran parte de la directiva”, explica a Mongabay el biólogo Sandro Chávez, ex jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y Coordinador Nacional del Foro Ecológico del Perú.
En total, cuenta el especialista, se expulsaron a 180 campesinos de la base fundadora de la Comunidad Campesina Muchik de Santa Catalina de Chongoyape y se han incorporado a más de 200 comuneros, entre policías y autoridades ajenas a la zona, a través de modalidades fraudulentas. Este nuevo grupo, señala Chávez, ingresó a la reserva ecológica el 23 de abril del presente año con machetes, palanas y equipos de topografía. “El objetivo de esto es convertir las tierras que se encuentran dentro en urbanizaciones o campos de agricultura. Los que estarían detrás son empresas interesadas por su geografía bastante atractiva”, explica Chávez.
El área de conservación privada se creó en el 2001 gracias al arduo trabajo de la comunidad campesina de entonces, la cual consiguió por primera vez que el Estado peruano le permita a una comunidad encargarse de resguardar más de 34 mil hectáreas de bosques secos y semidesérticos. “Cuando se fundó fue un ejemplo para los conservacionistas porque tuvo la mejor administración, se volvió sostenible para la comunidad y además que protege a especies en amenaza como los osos”, sostiene la activista Noga Shanee, de la ONG Neotropical Primate Conservation (NPC).
Según la activista y campesinos del área afectada como Aldo Culquis, existen mafias de traficantes de terrenos que ya han acaparado la tercera parte del área, más de 10 mil ha. Incluso se han detectado circuitos de tráfico ilegal de madera, además del tráfico ilícito de especies. El área de conservación privada de ‘Chaparri’ alberga a 225 especies de aves, 21 especies de mamíferos, 17 especies de reptiles, 5 especies de anfibios, 6 especies de peces y 10 especies de libélulas, además de aquellas en condición de vulnerabilidad como el oso andino, la pava aliblanca, el guanaco y el cóndor andino.
Según la activista Shanee, el impacto ambiental que se registra en la ACP ‘Chaparri’ se puede observar también en más de 70 áreas de conservación privadas localizadas en las regiones amazónicas de San Martín, Amazonas y Loreto, debido a la falta de acompañamiento del Estado en su protección.
‘Chaparri’ podría desaparecer
El conflicto entre los campesinos fundadores y los que hoy forman parte de la directiva ha generado un impacto ambiental importante, y este capítulo podría terminar con la pérdida del título de área de conservación privada, según señaló Pedro Gamboa, actual jefe del Sernanp. “Hago un llamado de atención a los integrantes de esta comunidad campesina que están manejando este sector de área conservada, porque sabemos que hay invasiones, deforestaciones y malos manejos. No se puede seguir atentando de esta forma esta importante zona, ellos podrían perder el reconocimiento como área de conservación y empezaríamos a tipificar una serie de delitos ambientales”, manifestó.
Por su parte, el ex jefe del Sernanp, Sandro Chávez, afirma que “las autoridades deben trabajar en conjunto entre el Sernanp, la Fiscalía y otros para saber qué ha pasado con esta área que recibía gran cantidad de turistas. No conservarla es un grueso error. Las autoridades no deben ser indiferentes”, replicó.
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