Mi opinión
Firmé el día de ayer un pronunciamiento elaborado por un grupo de amazónicos y dirigentes indígenas señalando la importancia de articular los esfuerzos necesarios entre el Estado y la sociedad organizada con el fin de detener el avance del COVID-19 en la Amazonía, un territorio habitado por una población altamente vulnerable e históricamente invisibilizada.
Hace un par de días se reportó la muerte de un indígena huni kuin en Pucallpa como consecuencia de la pandemia que enfrentamos y, como era de esperarse, las alarmas -que ya se habían activado- subieron en intensidad: en la Amazonía peruana habitan 480 mil indígenas, la mayoría de ellos dispersos en las 2435 comunidades nativas reconocidas por la ley. Algunas de estas comunidades, debido a su cercanía a las grandes ciudades, se encuentran a la fecha magramente atendidas por el bono de 380 soles asignado por el Ejecutivo y el limitado apoyo de los municipios locales; el resto, la mayoría, resiste a duras penas el flagelo y lo hacen sin la ayuda prometida desde el Estado.
Los firmantes de la carta pública que ha empezado a circular reclamamos la inmediata creación de una mesa de trabajo del más alto nivel donde estén representadas las federaciones indígenas (AIDESEP y sus organizaciones regionales –CONAP y ANECAP) y los organismos que están en primera línea de la lucha contra el COVID-19 para organizar de manera perentoria, entre otras cosas, el apoyo social y económico a las comunidades nativas, la estrategia de aislamiento comunal que vienen implementando de manera espontánea así como enfrentar el desabastecimiento que aflige a sus poblaciones, sobre todo a las más alejadas de las ciudades principales.
Las comunidades nativas saben muy bien, han padecido tantas, lo que significa para sus hijos el daño y la mortandad que generan las epidemias. Y saben también cuál es el proceder del Estado central cuando las papas queman, por decirlo de alguna manera. Tienen vivo el recuerdo la inacción de los gobernantes frente a los derrames petroleros, los asesinatos de sus líderes sociales, tienen grabado en el alma los crímenes de Bagua y tantas otras atrocidades. Piden atención urgente: mineros ilegales, taladores de madera y narcotraficantes, encantados con la situación, se mueven a sus anchas por los territorios nativos y las vías de comunicación poniendo en riesgo a sus poblaciones.
Hay que escuchar a las federaciones y actuar en consecuencia. Ellas son las que mejor conocen la problemática y también la forma de ser más eficientes en la llegada del apoyo social y su adecuada fiscalización. Confío en que sus voces sean escuchadas y se actúe con justicia y responsabilidad con este numeroso grupo de peruanos y peruanas que viven en los bosques que estamos en la obligación de cuidar.
Les dejo el pronunciamiento, sé que lo han empezado a distribuir desde las plataformas de Servindi e Inforregión, ayúdanos a viralizarlo. Es de justicia y es urgente atender sus reclamos.
Hoy, 27 de abril de 2020, con un hermano indígena Huni Kuin fallecido en Pucallpa, algunos otros infectados y uno recuperado pero expulsado del lugar donde vivía creemos que en medio de todo el reto que implica enfrentar el COVID-19 a nivel nacional un tema merece nuestra especial atención, solidaridad y acción inmediata: se trata de la situación vulnerable en la que se encuentran los pueblos indígenas amazónicos y andinos. A la histórica exclusión a la que han sido sometidos se suma la alta vulnerabilidad a la pandemia por las deficientes condiciones de los servicios de salud. Pero sobre todo la falta de infraestructura de un sistema sanitario y la poca capacidad del Estado para coordinar entre sectores y en los varios niveles del Estado.
Los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tenemos derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, el Estado determina la política nacional de salud y le corresponde al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. El artículo 44 de la Constitución prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
EN ESTE CONTEXTO NOS PREOCUPA:
Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas del Perú vienen pronunciándose desde el mes de marzo proponiendo medidas concretas para enfrentar el COVID-19. Algo se ha avanzado con el Ministerio de Salud, pero no es suficiente, se siente la ausencia de otros interlocutores llamados a liderar la política pública para pueblos indígenas. Esta situación clamorosa ha sido constatada también por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y otros actores y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la Amazonia y con trabajo con los pueblos indígenas que también han manifestado su preocupación en ese sentido.
Por tanto, resulta necesario prestar especial atención a la situación de los pueblos indígenas respondiendo con la urgencia necesaria sin perder de vista un enfoque estratégico hacia futuro que nos lleve a superar la situación de vulnerabilidad de las comunidades. Ello implica que debemos pensar en el largo plazo y recuperar la autosuficiencia. El virus se queda y puede tomar largo tiempo de desafíos. Hay que preparar una estrategia que nos permita prever el próximo año y hacia adelante. No nos puede pasar como en experiencias pasadas en las que el Estado actúa tardíamente o solo reacciona cuando ha acontecido una tragedia, para luego de un apoyo temporal retirarse sin corregir problemas de fondo y dar soluciones permanentes. Una muestra de ello son problemas recurrentes como las heladas que azotan anualmente en el Sur peruano, los derrames de petróleo o los crímenes contra líderes indígenas en los que se actúa de manera reactiva y terminan en la pérdida de vidas humanas como ocurrió en Bagua, en la comunidad nativa Saweto y ahora en marzo en la comunidad nativa Unipacuyacu.
La pandemia avanza
Las comunidades nativas piden apoyo del Estado y de las empresas en alimentos y medicinas, pero no hay respuesta efectiva. En Loreto la Marina ejerce patrulla y garantiza tránsito de empresas, pero no reparte apoyo social y sanitario. Sabemos bien que hay deficiencia en camas hospitalarias en las ciudades, en los puestos de salud de las comunidades no existe más allá de un calmante, menos una cama hospitalaria.
Mientras en la Comunidad Nativa Bethel ya se dieron varios contagios, muchos indígenas que trabajaban en las ciudades quieren retornar a las comunidades nativas. La situación difícil con la pandemia COVID en las ciudades está haciendo regresar población hacia sus comunidades con el peligro de llevar el virus. Este panorama refleja alta movilidad entre comunidades indígenas, caseríos, centros poblados y ciudades grandes del país. Si bien es cierto que se propone monitorear las condiciones de salud de quienes regresan. Tenemos que reconocer que no tenemos esa capacidad ni como Estado ni como sociedad. Ya los que marchan por carreteras lo han demostrado.
En los ríos en los que aun transitan naves, los pasajeros se bajan de las naves antes de los controles y toman trochas para evitar ser controlados exponiendo al riesgo de contagio a comunidades y caseríos.
AIDESEP informa que hay al menos 500 indígenas (100 machiguengas en Cusco) en Loreto, Ica, Cusco, Pucallpa que quieren regresar a sus comunidades. Los Obispos (otros actores) de la Amazonia exhortan al apoyo de los Gobiernos Regionales para apoyar el regreso a las comunidades. Sin embargo, las comunidades no quieren recibir a nadie por el alto riesgo para todos. Una situación particular a la que tomar atención son las zonas de frontera que presentan una mayor desconexión con el resto del país y que exigen mayor capacidad operativa para poder atender sus necesidades, que en el caso de llegar el virus sería más crítico, por ello la importancia del control en las zonas en las que se puede tener mayor capacidad para actuar con anticipación.
De otro lado, mineros ilegales, taladores ilegales y narcotraficantes continúan operando. La comunidad de Unipacuyacu donde fue asesinado Arbildo Meléndez Grandez en marzo pasado requiere apoyo de seguridad por ello, al igual que muchas otras comunidades están amenazadas de contagio por estos extractores ilegales y traficantes.
Aislamiento comunal
La decisión de los pueblos indígenas, en el ejercicio de su derecho de autonomía, a través de sus organizaciones representativas en coordinación con los apus comunales y autoridades locales, de no recibir personas en sus comunidades para prevenir la propagación del contagio del COVID-19 es la manera de mantener la cuarentena y reducir el impacto de la epidemia. Esto ocurre entre los awajun en el Cenepa, entre los Ese Eja, en Madre de Dios, en Pangoa, en Atalaya y el gran Pajonal, en Loreto, en Huanuco, Junin y Pasco.
No hay un medio organizado de saber cuántas comunidades y dónde han decidido cerrar su ingreso. Algunos dirigentes lo anuncian en las radios locales y con las autoridades locales. La decisión de los pueblos indígenas de cerrar sus comunidades nativas para evitar el ingreso y tránsito de terceros como manera de prevenir el contagio del COVID 19 enfrenta a las autoridades locales, municipales y demás con el dilema de si informar o no a sus superiores. Si informan temen que se les exija hacerse responsables de cualquier medida que el nivel superior decida, entonces prefieren no informar y la información queda solo en el espacio local, quedando desinformadas las autoridades provinciales, regionales y nacionales.
El control fluvial en los ríos de la Amazonía está a cargo de la Marina, a través del Comando de Operaciones de la Amazonía – COAM. En el medio terrestre el control del tránsito está a cargo de la PNP y FFAA. Estas autoridades deberían recibir la información sobre cierre de ríos, carreteras y comunidades para poder coordinar cualquier necesidad de enviar alguna comitiva oficial se coordine y verifique con las autoridades locales y comunales y evitar así incidentes como que no crean sobresalto y mala disposición y no ayudan a mantener el orden y respeto a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional.
Desabastecimiento
Las comunidades nativas están pasando momentos difíciles, nadie está preparado para recibir esta pandemia, carecen de medicinas, mascarillas, alcohol, entre otros. Ahora están sin alimentos, solo hay plátano, yucas, peces no hay en los ríos con mayor impacto de actividades económicas. La triste realidad es que los impactos ambientales han empobrecido los ríos, por eso no hay peces. Hay comunidades que han decidido, ampliar chacras para abastecerse y esperar. Algún apoyo se ha recibido. El autogobierno Wampis ha recibido apoyo. San Lorenzo y las 4 cuencas también.
Las comunidades nativas más cercanas a las ciudades y al mercado, las que han estado alquilando tierras a terceros o a industrias extractivas y han modificado su economía adquiriendo productos del mercado en base al dinero están más afectadas por el desabastecimiento de alimentos y necesitan apoyo. Una de las alternativas es fortalecer sus chacras, pero se necesitan implementos en apoyo como herramientas para la agricultura, fósforos y sal, es decir, el apoyo con recursos tiene adecuarse no solo a las formas propias de transporte y de comunicación, sino también a la economía local y sus hábitos de consumo para una ayuda eficiente y efectiva. En el caso de Haití y emergencias después de un desastre se organizó apoyo con entrega de productos por vía aérea de tal manera de que pueden permitir a la población purificar agua y abastecerse localmente de agua potable. Igualmente, en el conflicto del Cenepa y Tiwinza la fuerza aérea del Perú organizó transporte aéreo de atención médica, sanidad y abastecimientos.
La desorganización del apoyo social
Los gobiernos regionales con líderes y los alcaldes indígenas han llevado apoyo social a las comunidades nativas. Por ejemplo, los alcaldes de Palcazú, Ciudad Constitución Puerto Bermúdez y Villa Rica y principales autoridades de las comunidades nativas de San Pedro de Pichanaz, se reunieron en Chatarra el lunes 20 de abril del 2020 y acordaron aprobar por unanimidad el cierre total de fronteras e ingreso a sus distritos y solo podrán ingresar vehículos que transporten víveres de primera necesidad, previa fumigación.
En los casos donde las autoridades regionales y locales no son indígenas las autoridades se niegan a apoyar a las comunidades nativas como el caso del Municipio Provincial de Coronel Portillo que se niega a repartir apoyo alimentario a comunidades nativas y prefiere atender la ciudad de Pucallpa. Algunas de estas autoridades dicen que el apoyo alimentario a pueblos indígenas es un tema que debe ser atendido por el Ministerio de Cultura.
La propuesta de MINCUL a las organizaciones indígenas de empadronar sus comuneros no es practica ni respeta la cuarentena. El ministerio de cultura mientras tanto ha aprobado la Resolución Ministerial 109-2020-MC que no tiene ninguna medida efectiva sobre apoyo sanitario y de alimentación. Mientras que el Decreto de Urgencia 042-2020 que regula el subsidio monetario en el ámbito rural muestra que el MIDIS es el encargado de implementar las medidas extraordinarias y no el MINCUL. La norma igualmente contiene malentendidos sobre como implementar la medida pues propone que se hará mediante el Banco de la Nación y da un plazo perentorio de 30 días para cobrar el bono. Mientras que en las comunidades nativas no hay Banco de la Nación y para ir a uno de ellos deben subir a un transporte fluvial o terrestre exponiéndose al riesgo de contagio.
El Banco de la Nación es una alternativa para los indígenas que viven en ciudades como Iquitos, Aguaytía o Atalaya. En el caso de la entrega de 2000 soles de los fondos en AFP de las personas indígenas un convenio entre la Asociación de AFP y el Banco de la Nación ha resuelto este asunto y esta semana se va a ejecutar las transferencias. Es decir, coordinando y conversando es posible construir soluciones, rápidas, sencillas, de bajo costo y que nos permiten garantizar la prevención del riesgo de contagio mientras atendemos la necesidad de apoyar la subsistencia durante la cuarentena.
El desafío por delante
Atender a 480 mil indígenas asentados en 2435 comunidades nativas requiere una estrategia que piense en la logística de cómo organizar tal respuesta de manera ordenada y efectiva. Que piense también en que no hay una respuesta única para tanta situación diversa y que la mejor manera de acertar en la respuesta es conociendo cual es la necesidad específica de cada comunidad nativa que se piensa atender. Para ello el mejor apoyo es oír lo que piensa la federación, su organización regional y luego decidir en base a una logística efectiva y eficiente. Hay que ser conscientes también de que hay un número pequeño de comunidades nativas y asentamientos de parceleros indígenas que no es tan asociados a federaciones regionales o a AIDESEP y CONAP y que requieren identificarse para diagnosticar su situación y apoyarlos.
Los bonos son una solución los indígenas que viven en las capitales de región, provinciales y distritales, pero no para las comunidades. En las comunidades sería necesario entregar dinero víveres y productos como jabón, sal, alcohol y medicinas. El dinero tiene problemas para distribuirse y cuando de distribuye trae como consecuencia la necesidad de salir a comprar o la llegada de comerciantes, además de los problemas de especulación, todos ellos factores de riesgo de contagio o de conflicto. Un diagnóstico comunidad por comunidad puede dar mejor idea de la situación. La respuesta podría organizarse con las embarcaciones de la Marina siguiendo el modelo de las Plataformas Itinerantes de Acción Social PIAS por los ríos grandes y surcando con embarcaciones más ligeras en los afluentes. Esto supone la necesidad de que el gobierno y los gobiernos regionales diseñen estrategias diferenciadas por provincia o distrito en coordinación con los municipios.
Las redes de comunicación en base a la radio se han visto afectadas por la llegada del Internet y el teléfono que sin embargo requieren batería y datos móviles. En algunos sitios la radio comunal está desactivada y necesita combustible para generar energía y ponerla a funcionar. Es necesario reactivar este medio de comunicación para mantenernos informados sobre las necesidades de las comunidades y para poder informarlos también. Es necesario establecer una especie de sistema de alerta temprana centralizada usando medios multimodales de comunicación que permita elaborar un mapa de focos de infección y zonas críticas para apoyo con alimentación.
¿Qué hacer?
El gobierno central ha destinado fondos a los gobiernos regionales y municipalidades para la emergencia, pero muchas municipalidades están dando mal uso a esos fondos. La Contraloría General de la Republica es por diseño reactiva opera después de los hechos consumados, sin embargo, si organizamos un flujo de información rápida podemos ayudar a que los errores sean corregidos rápidamente. Es prioritario que organizaciones indígenas, sociedad civil fiscalicen el buen uso de dichos fondos y ayuden al Estado a garantizar que llegue a las familias de las comunidades.
Hay proyectos en apoyo a pueblos indígenas que tienen fondos, pero están destinados para determinadas actividades. La emergencia COVID requiere reorientar algunos de esos fondos a superar las dificultades actuales y prever acciones por lo menos hasta diciembre 2020. Mientras que otros fondos deben mantenerse para apoyar la reactivación y la fase post-COVID, así como el cumplimiento de los proyectos. Aquí, nuevamente, hay una necesidad de dialogo informado entre el Estado, la cooperación y los pueblos indígenas.
Para los proyectos de este tipo en el sector público es necesario una norma autorizando a ejecutar esos fondos para la emergencia COVID, mientras que en el sector privado (ONGs y empresas) se requiere un acuerdo con la fuente donante.
Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración ANECAP está desarrollando un diagnóstico de situación COVID con los ECAs de las Reservas Comunales. Probablemente SERNANP pueda apoyar a las ECAs para logística de transporte y combustible y llevar apoyo urgente a las comunidades frente al desabastecimiento.
Los Obispos de la Amazonia han recomendado al gobierno coordinar con las organizaciones indígenas para establecer una estrategia sanitaria de emergencia adecuada a la realidad indígena y rural de la Amazonía. Lamentablemente la acción gubernamental continua siendo aislada y coyuntural. El Ministerio de Cultura pidió contar con el padrón de comuneros. En este momento no es posible salir a campo para llenar formularios y empadronar, pero si es posible comunicarse por radio y usar las bases de datos existente en organizaciones indígenas, sociedad civil y autoridades del Estado. Por ello es indispensable colaborar para actualizar el padrón de comuneros sin movilizar personas. De otro lado, algunas comunidades están consultando a donde enviar su padrón de comuneros por familia, esto debería llegar por vía electrónica a una base de datos digital que sea usada por todos los sectores del Estado, es complicado en algunas zonas, pero se puede ir avanzando.
PROPUESTA
- Establecer una articulación entre los tres niveles de gobierno, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil en una Mesa, Comisión, Equipo, o como se quiera llamar, como medio para intercambio de ideas y construir un plan COVID en pueblos indígenas que sea de corto y mediano plazo.
- Mínimamente deben estar desde el Estado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo, desde la sociedad civil AIDESEP y sus regionales, CONAP y ANECAP, aliados y la cooperación y luego ellos decidirán a quiénes más convocan.
- Para prestar apoyo efectivo a los pueblos indígenas amazónicos es necesario tener un diagnóstico rápido de la situación a nivel provincial comunidad por comunidad sin mover a nadie. Es necesario organizar un diagnóstico por cada provincia para saber:
- Qué comunidades han decidido cerrar y aislar y no desean ser molestadas;
- Qué comunidades tienen personas enfermas que requieren ayuda;
- Que comunidades sospechan que tienen personas enfermas con COVID que requieren ayuda;
- Qué comunidades tienen desabastecimiento de alimentos; y
- Qué otros temas urgentes los afectan.
- Estas preguntas deben ser hechas desde las organizaciones indígenas nacionales y sus regionales, así como desde los aliados (ECAs, ONGs, Cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y las propias redes de las instituciones públicas, postas o centros médicos que estén activos, incluso las Unidades Militares de Asentamiento Rural en la fronteras) que trabajan con comunidades nativas, caseríos y en áreas urbanas con presencia indígena. Las respuestas pueden permitir priorizar qué comunidades necesitan atención de salud, o medicinas y cuáles medicinas, mejorar la coordinación con autoridades sectoriales regionales provinciales y distritales, monitorear e informar sobre bioseguridad en la comunidad.
- Se debe organizar red de comunicación entre bases y organizaciones y entre organizaciones y gobierno para evitar desinformación, malentendidos, desabastecimiento, contagio y, peor aún, conflictos; pero sobre todo para organizar un apoyo concreto, organizado, con logística de transporte y de prevención de contagio que permita generar sinergias aprovechando los recursos que el Estado y la sociedad ya tenemos disponibles, pero requieren articularse.
- Usar las herramientas geomáticas de las que ya disponen las instituciones del Estado y de la sociedad civil sobre la amazonia para hacer mapas provinciales con los nombres de las federaciones y las comunidades, así como el número de familias por comunidad ayudaría al Estado a tener mejor idea y poder planificar la coordinación intersectorial y entre varios niveles del Estado (central, regional, provincial, distrital y comunal).
- En el futuro el levantamiento de la cuarentena debe ser gradual y diversificado regional y provisionalmente en el caso de las comunidades nativas en Amazonia quieren tomarlo con mucho cuidado por las evidencias traumáticas de las epidemias en el pasado. En base a lo descrito se debe definir la noción de cuarentena para ser aplicada en la Amazonia que es diferente a la de las ciudades de la costa y la sierra y de lo urbano en contraste con lo rural.
- Para todo esto la base es el DIALOGO ORGANIZADO.
SUSCRIBEN
- Herlin Odicio Estrella, presidente FENACOCA Federación de Comunidades Nativas Cacataibo
- Daysi Zapata Fasabi, DNI 00164000, presidenta ORMIPA Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de Atalaya
- Lyndon Elid Pishagua Chinchuya, DNI 20566813
- Cecilio Soria Gonzales, DNI O0052664
- Shapion Noningo
- Eduardo Del Águila Meléndez
- Carlos Soria, DNI 07707403
- Ermeto Tuesta
- Sandro Chávez
- Luisa Elvira Belaunde
- Rodrigo Arce Rojas, DNI 6910485
- Alexandra Cugler
- Hildebrando Ruffner
- Mario Osorio Domínguez, DNI 07500335
- Roberto Espinoza
- Jorge Chávez Salas
- Carlos Herz Sáenz, DNI 07913390
- Carlos Monge
- Martin Scurrah
- Maria Scurrah
- Luis Mercado, DNI 06068104
- Andrés Alencastre, DNI 06629268
- Guillermo Reaño Vargas, DNI 06648147
- Grupo Viajeros
- Marc Zeisser Polatsik, DNI 10714634
- César Raúl Laura Contreras, DNI 04321923
- Arlen Gaspar, DNI 10302922
- Jorge Luis Flores Shimabukuro, DNI 08580292
- Luis Antonio Romero Reyes, DNI 06451539
- César Vladimir Pinto López, DNI 10218944
- Jaclyn Vanessa Rodríguez Flores, DNI 40746623
- Walter Herz Sáenz, DNI 10281993
- Antonio Coello Rodríguez, DNI 07616319
- Jenny Ana Cárcamo Hidalgo, DNI 25595079
- Pedro Tipula Tipula, DNI 09733233
- Héctor Vílchez Baldeón, DNI 04828504
- Modesto Challco Llampi, DNI 04960128
- Jorge Legoas, DNI 07254436
- Lucy Trapnell, DNI 05285897
- Norma Fischer, DNI 06913000
- Erick Leddy García Cerrón, DNI 42781727
- José De Echave, DNI 07886231
- Carlos Monge Salgado, DNI 08769644
- Oscar Espinosa, DNI 06104457
- Luis Felipe Torres
- Norka Moya Solis
- Julia Quaedvlieg, C.E. 000802525
- Mishari García Roca, DNI 10064896
- Juan Carlos Ruiz Molleda, DNI 07749253
- Blgo. Carlos Reyes Ramírez, DNI 05231668
- Raúl Mauricio De Los Ríos
- Ivan Brehaut
- Mario Pariona, DNI 19855410
- Mónica Hidalgo Cornejo, DNI 40258590
- Miguel Orlando Macedo Bravo, DNI 25768285
- Percy Valderrama Cristobal, DNI 41893932, Gerente de Desarrollo de los Pueblos Originarios Amazónicos. Municipalidad Distrital de Pangoa
