Mi opinión
Tenemos la obligación de solucionar los problemas derivados del deficiente ordenamiento territorial que padecemos que convierten en antagonistas a las poblaciones vecinas de las Áreas Naturales Protegidas y al Estado, garante de nuestro patrimonio natural bajo protección estricta, en las diferentes regiones del país. Lo decimos porque los conflictos entre comunidades, algunas nativas y los funcionarios estatales, lo acabamos de ver en los bosques del Alto Mayo, Cordillera Azul y Cordillera Escalera, en San Martín, se agudizan, lo testimonia también este reportaje del periodista Santiago Bullard desde el Santuario Nacional Cordillera de Colán, el macizo de la cordillera oriental, en la región Amazonas, que resguarda una variedad de bosques montanos cuyo alto índice de endemismos y capacidad para generar agua son incomparables.
Bullard, que es miembro del Instituto Peruano de Herpetología (IPH), ingresó al Santuario Nacional por la ruta que se inicia en La Perla del Imaza, en el distrito de Yambrasbamba, con la intención de abrir el camino para el arribo de una expedición científica al área y se topó con un conflicto social que envuelve a las comunidades locales y a los funcionarios del Sernanp. La zona a la que nos referimos ha sido históricamente habitada por poblaciones Awajún y se trata, como tantas otras porciones de esta frontera de la colonización, de un territorio sometido a la deforestación y el cambio de uso de la tierra. El reportaje que publicamos abunda en detalles sobre una problemática compleja que en este caso concreto está impidiendo el desarrollo de la ciencia, el recurso que, junto a la gente, resulta indispensable para repensar el futuro que nos espera. No dirimir de una vez por toda la vieja pugna entre desarrollo a la mala y conservación en espacios tan frágiles como el de las ANP del sistema va a traernos consecuencias gravísimas. Vamos a estar pendiente a la solución del impasse producido en Cordillera de Colán y al trabajo de los herpetólogos y la población de este bellísimo Edén natural.
Por Santiago Bullard C. con fotos de Axel Marchelie y Eduardo Quispe
Los escasos caminos que se adentran en la cordillera de Colán tienen un destino común en la incertidumbre. A orillas de los ríos Marañón y Utcubamba, el bosque seco cubre las faldas de los primeros cerros, pero las trochas que trepan por sus laderas pronto se pierden entre los bosques de neblina, y unas pocas van a parar a los pajonales y a los bosques enanos que se extienden sobre sus crestas. Del otro lado de sus picos más elevados, en dirección hacia el norte, el terreno desciende por precipicios y cataratas hasta hundirse en la maraña de la selva amazónica. Hablamos, pues, de un territorio inhóspito y plagado de contrastes; uno cuyos rincones más remotos permanecen inexplorados hasta el día de hoy. Los diversos ecosistemas que dan forma a esta cordillera, además, son el hogar de un sorprendente número de especies, muchas de las cuales aún no han sido registradas, siquiera, por la ciencia.
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Pero, por desgracia, la incertidumbre en estas montañas no es de carácter meramente geográfico, biológico o metafórico. El crecimiento de las poblaciones ha traído consigo una significativa expansión de las fronteras agropecuarias, y en muchas partes los bosques han sido reemplazados por chacras y campos de pastoreo para ganado, a los que se suma la extracción de maderas de valor comercial, como el cedro. En un intento de proteger los diversos ecosistemas montanos (que cumplen, de paso, un rol vital en el ciclo del agua de la que dependen los pueblos y caseríos de la zona), en el año 2009 se creó el Santuario Nacional Cordillera de Colán, que se extiende sobre más de 39 mil hectáreas. Junto con él se creó la Reserva Comunal Chayu Nain hacia el norte y, unos años después, el Área de Conservación Privada Copallín al sudoeste. Las tensiones, sin embargo, se han seguido produciendo sobre los márgenes del Santuario, y estos han derivado en conflictos sociales que afectan tanto a la protección de los bosques como a la vida de los pobladores locales.
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Las raíces del conflicto
Partiendo desde Pedro Ruiz, en Amazonas, hace falta recorrer unos 56 kilómetros por carretera para llegar al centro poblado La Esperanza, en el distrito de Yambrasbamba. Desde allí parte una pista que lleva a los caseríos anexos de la comunidad campesina de dicho distrito (que está compuesta, principalmente, por migrantes cajamarquinos). El último de ellos, en esta ruta, es La Perla del Imaza; de aquí en adelante, la única manera de seguir avanzando hacia el norte es a pie, siguiendo una trocha que corre paralela a las aguas del río Imaza, y que finalmente llega hasta los territorios de la comunidad nativa awajún de Chayuyaku. El problema, ante los ojos de muchos pobladores locales, es que sobre la margen izquierda del mismo río se encuentra el área de amortiguamiento del Santuario Nacional Cordillera de Colán.
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La primera vez que llegué a La Perla del Imaza fue en una tarde fría. El cielo gris anunciaba una lluvia inminente, y la niebla se arremolinaba sobre las laderas de los cerros que rodean al pueblo. El objetivo de mi visita era preparar la logística para una expedición científica que debía llevarnos al lado oriental del SN Cordillera de Colán, parte de un proyecto organizado por el Instituto Peruano de Herpetología (IPH) gracias al apoyo del Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) a través de Profonanpe y Rainforest Partnership. Pero, al poco rato de llegar, las autoridades locales me informaron que el ingreso a los territorios que se encuentran al norte del caserío estaba prohibido, a raíz de un conflicto social entre los pobladores y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).
Este conflicto data del año 2016. Hasta ese entonces, el Sernanp incluso contaba con un puesto de guardaparques en La Perla. Pero uno podría rastrear sus raíces hasta, por lo menos, el año 2008, que es cuando inició el proceso de categorización del Área Natural Protegida (ANP). Fue por ese entonces que se observó que había una familia, los Silva Requejo, instalada al interior de lo que por ese entonces aún era una Zona Reservada. Esta, a su vez, había sido creada sobre territorios que figuraban, oficialmente, como Áreas Libres del Estado (es decir, que no tenían ningún título de posesión).
“Tanto Yambrasbamba como Chayuyaku se titularon en los años noventa, y en teoría no tendría que haber habido ningún problema”, afirma Christian Olivera, del Sernanp: “Si tú calzas la información que tienes de los territorios de ambas comunidades sobre un mapa, entonces el espacio que queda libre es para el Santuario”, agrega. Olivera empezó a trabajar en el SN Cordillera de Colán en el año 2013, y actualmente ejerce el cargo de jefe de esta ANP. Aunque él no estaba presente durante el proceso de categorización, está al tanto de lo que sucedió por aquel entonces: “Cuando encontraron a los Silva dentro del área protegida, lo que se determinó es que a esa familia se le había dado un documento de posesión (que data de 1998) en una zona que está fuera del terreno de la comunidad. Sus parcelas están, por así decirlo, una mitad dentro y la otra mitad fuera del Santuario”.
El problema, sin embargo, fue escalando con los años. En el 2014, se presentó una denuncia contra Wilson Silva Requejo por haber deforestado 30 hectáreas de bosque primario al interior del Santuario. Este suceso, a su vez, sirvió para avivar las quejas de los pobladores locales, quienes de por sí ya estaban descontentos con el Sernanp y, sobre todo, con el hecho de que buena parte de sus terrenos hubieran ido a parar dentro del área de amortiguamiento de un ANP. Finalmente, en el año 2016, los pobladores de diversos anexos de Yambrasbamba, empezando por los de La Perla del Imaza, firmaron actas para controlar el ingreso a los márgenes del Santuario que limitan con sus territorios y, de paso, prohibir el desarrollo de diversas actividades (como, por ejemplo, la investigación científica) en la zona.
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Un problema aparte es el de la madera. Muchos pobladores de los anexos de Yambrasbamba se dedican a la extracción de cedro. Fuera de los límites del Santuario, en los territorios que pertenecen a la comunidad de Yambrasbamba, existen numerosas concesiones forestales donde esta actividad se realiza de manera legal. Pero también hay reportes de que se está extrayendo madera de zonas que no han sido concesionadas, e incluso del interior del Santuario, por lo que su origen es ilegal. De hecho, al menos una fuente (que prefiere permanecer anónima) señala que los principales responsables de agudizar las tensiones entre los pobladores locales y el Sernanp siempre han sido algunos intermediarios del negocio de la madera y otros tantos dueños de aserraderos ubicados en la carretera. Ellos, después de todo, son los que más se benefician de los precios reducidos a los que pueden obtener la madera de procedencia ilegal.
El ojo del huracán
La gente de La Perla del Imaza, sin embargo, no se opone ni a la conservación del medio ambiente ni a la investigación científica como tales. De hecho, el resultado de mis reuniones con las autoridades locales, y de cara a la imposibilidad de ingresar en el Santuario, fue una expedición en la Pampa del Burro, un Área de Conservación Privada (ACP) que pertenece a dicho poblado.
En el transcurso de los veinte días que duró el trabajo de campo, no solo tuvimos la oportunidad de hacer un registro exhaustivo de las diferentes especies de anfibios y reptiles que habitan en la zona (muchas de las cuales, además, resultaron ser completamente nuevas para la ciencia), sino también de trabajar mano a mano con la gente local. Luego, y dentro del marco del mismo proyecto, hasta se realizó un curso de herpetología con estudiantes de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza al interior de la Pampa del Burro, todo esto con el apoyo de la gente local. Cabe señalar, de paso, que La Perla del Imaza es el único anexo de Yambrasbamba que cuenta con un ACP.
De acuerdo con Benjamín López, quien ostentaba el cargo de delegado de La Perla del Imaza en los años 2015 y 2016, el conflicto se desató en buena medida por una serie de incumplimientos por parte del Sernanp. “Se habían hecho acuerdos con el jefe anterior del Santuario, César Bartra, sobre ciertos apoyos que se iba a dar a la gente de La Perla, pero la mayoría nunca se cumplieron”, afirma. “Tampoco nos pareció bien que quisieran imponer prohibiciones sobre el uso de nuestros terrenos en los sectores que limitan con el Santuario. Estoy a favor de la conservación, pero no me gustan los atropellos”, agrega.
Esta postura coincide con la de Vidal Gómez Vargas, quien fuera presidente de Yambrasbamba en el año 2016. “Los problemas empezaron allá por el año 2013. Se hicieron muchas promesas, pero el Sernanp no cumplió con todos los acuerdos, y más bien empezaron a hacer denuncias”, señala Gómez Vargas. De acuerdo con él, muchos campesinos se sintieron incómodos por las restricciones que implicaba el que sus terrenos estuvieran dentro del área de amortiguamiento del Santuario, empezando por el control sobre la expansión de los terrenos dedicados al cultivo y al pastoreo, la cual implica cierto grado de deforestación.
Christian Olivera también reconoce que el área de amortiguamiento del Santuario se superpone con una zona poblada en el sector llamado Corrales, que es precisamente el que se encuentra sobre la margen izquierda del río Imaza. “Es verdad que eso burocratiza ciertos procedimientos, pero no tiene por qué ser un limitante”, señala el jefe del ANP. “El aprovechamiento de recursos está permitido dentro de las áreas de amortiguamiento de las ANPs, siempre y cuando el manejo de los recursos sea sostenible y se respeten las áreas de bosque primario”.
Más allá de la tormenta
Desde, por lo menos, el año 2016, el conflicto entre los pobladores del distrito de Yambrasbamba (empezando por los de La Perla del Imaza) y el Sernanp ha permanecido en una estado general de estancamiento. Ambas partes, sin embargo, han manifestado su interés en encontrar una solución al problema.
“A ninguna ANP le conviene que haya un conflicto con las poblaciones locales”, señala Christian Olivera, quien afirma que sería mucho mejor llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. “Nosotros queremos llegar a un acuerdo con la gente de la zona. Solo hace falta que haya disposición, de ambas partes, a respetar y hacer cumplir las decisiones que tomen las autoridades competentes sobre el caso”.
Benjamín López asegura que la mayoría de los pobladores de La Perla del Imaza también desean que se resuelva el conflicto: “Hay que retomar el diálogo, pero con ideas concretas. El Sernanp y la comunidad deben llegar a acuerdos, pero no en gabinete, sino en el campo, y tomando en cuenta las necesidades de la gente”. En cuanto a Vidal Gómez, él considera que, para encontrar una solución al conflicto, hará falta que todos asuman compromisos. “Creo que sería bueno que se instalen mesas de trabajo, pero con funcionarios que estén dispuestos a poner de su parte también. Al final, ambas partes van a tener que ceder en algo”, opina.
Existe, sin embargo, una tercera parte en este conflicto: la comunidad nativa de Chayuyaku. En la actualidad, parte de los territorios que ocupa esta comunidad se encuentran dentro del ANP, sobre la margen izquierda del río. Según los títulos de posesión oficiales, sin embargo, la zona que le corresponde se encuentra del otro lado del valle, y fuera de los límites del Santuario. Christian Olivera dice que existe la teoría de que los pobladores de Chayuyaku migraron, en algún momento, al sitio en el que se encuentran ahora, y asume que, de ser así, esto habría sido producto de una mala interpretación de la información. “También hay un mapa en el que los territorios de Chayuyaku se superponen con el Santuario, pero no es un mapa de carácter oficial, sino que fue elaborado por el Instituto del Bien Común”, agrega.
Cabe señalar que, durante una de mis visitas a La Perla del Imaza, intenté reunirme con un representante de la comunidad de Chayuyaku, pero este no se presentó a la entrevista. En todo caso, el camino a encontrar una solución al conflicto entre dicha comunidad y el Sernanp probablemente implique una revisión de ambos mapas a la luz de toda la información disponible sobre los límites de sus territorios y los objetivos de conservación del Santuario.
Por suerte, el Sernanp y los pobladores de La Perla del Imaza parecen coincidir en una cuestión de fondo, que es la importancia de proteger los ecosistemas naturales. Como bien señala Benjamín López, el ACP Pampa del Burro es testimonio del valor que tienen los bosques para la población, sobre todo porque de ellos dependen las mismas fuentes de agua que los locales necesitan para vivir. Esta puede ser la base para un diálogo que logre (y esperemos que en un futuro cercano) resolver un conflicto que se viene prolongando desde el año 2016, y que no beneficia a nadie.
Por desgracia, este conflicto apenas es la punta del iceberg de los males que se ciernen sobre la Cordillera de Colán. Los ecosistemas que dan forma a esta región, al igual que el Santuario Nacional que cubre buena parte de su territorio, enfrentan otros problemas en muchos de sus márgenes: desde la deforestación y la extracción ilegal de madera hasta los incendios forestales (sean estos accidentales o provocados). Pero un acuerdo entre el Sernanp y los pobladores de La Perla del Imaza sería un paso importante, además de simbólico, en la lucha por la protección de estos fantásticos parajes naturales, tan ricos en biodiversidad como vulnerables.
