Mi opinión
Al 10 de octubre, los incendios forestales mantienen en emergencia a distintas regiones del Perú. Cusco registra más de 16.000 hectáreas afectadas y cinco fallecidos, mientras Áncash acumula 187 incendios durante 2026. En Cutivireni, territorio asháninka de Junín, un incendio de nivel 3 amenaza bosques, cultivos y viviendas, mientras las comunidades solicitan apoyo para combatir las llamas. Dos meses antes, el Instituto Geofísico del Perú ya advertía condiciones de sequedad favorables para la propagación del fuego. La emergencia expone una brecha cada vez más preocupante entre las alertas de riesgo y la capacidad de respuesta: ¿estamos llegando a tiempo para prevenir y combatir los incendios forestales?
Por Stefano Cárdenas
El fuego avanza y las cifras siguen creciendol fuego avanza y las cifras siguen creciendo
El Perú atraviesa una de las etapas más delicadas de la temporada de incendios forestales. En distintas regiones, el fuego ha alcanzado pastizales, cultivos, bosques y viviendas, poniendo en riesgo la biodiversidad y los medios de subsistencia de comunidades enteras. Mientras algunas emergencias han sido controladas, otras continúan exigiendo una respuesta inmediata.
En Cusco, el balance regional difundido el 8 de octubre reportó más de 16.000 hectáreas afectadas durante 2026 y cinco personas fallecidas. La superficie comprometida comprende pastizales, especies nativas, árboles silvestres y cultivos; por tanto, no corresponde exclusivamente a bosques destruidos. En Áncash, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) contabilizó 187 incendios hasta el 7 de octubre, con 4.638 hectáreas de cobertura natural destruidas. En Puno, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que los incendios ocurridos los días 7 y 8 de octubre destruyeron 806 hectáreas de vegetación antes de ser extinguidos.
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El panorama nacional continúa siendo preocupante. En su reporte del 10 de octubre, el INDECI informó que permanecían activos incendios en Mariscal Gamarra, Huancarama y Chuquibambilla, en Apurímac, así como en Sihuas, Áncash. En Junín, los reportes publicados el 9 de octubre daban cuenta de incendios que llevaban seis días activos en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo.
Estas cifras corresponden a periodos y categorías distintos, por lo que no deben sumarse como un balance nacional consolidado. Sin embargo, permiten dimensionar la extensión territorial del problema y la presión que enfrentan los equipos de respuesta.
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Cutivireni: cuando la primera línea no tiene suficientes recursos
En la comunidad nativa de Cutivireni, territorio asháninka del distrito de Río Tambo, Satipo, el incendio ha dejado de ser únicamente una amenaza ambiental para convertirse en una emergencia humanitaria.
Al 9 de octubre, los reportes preliminares recogidos por la prensa estimaban alrededor de 350 hectáreas de bosque primario afectadas, 80 hectáreas de cultivos perdidas y diez viviendas destruidas. Al menos 50 familias de las comunidades de Tsyapo, Pajonal, Cutivireni y Tiboreni habían resultado perjudicadas.
Los propios comuneros se han organizado en brigadas para intentar contener las llamas. Sin embargo, la magnitud de los incendios ha superado la capacidad de respuesta disponible. La Central Asháninka del Rio Ene (CARE), solicitó públicamente el envío de más bomberos, maquinaria y apoyo logístico para fortalecer las operaciones.
Esta situación expone una de las contradicciones más graves de la emergencia: las personas que permanecen en el territorio, defendiendo sus viviendas y medios de vida, no siempre cuentan con los recursos necesarios para afrontar un incendio de gran magnitud.
Combatir el fuego no consiste simplemente en acercarse a las llamas. Requiere capacitación especializada, equipos de protección personal, herramientas adecuadas, comunicaciones, logística y una evaluación permanente del comportamiento del incendio. Un batefuego puede ser útil para sofocar llamas de baja intensidad en determinadas condiciones, pero no sustituye la formación ni una estrategia de intervención segura.
La disposición de los combatientes es indispensable. Lo que no podemos aceptar es que su valentía se convierta en el principal recurso del que dependa la respuesta.
Las condiciones de riesgo se habían advertido
El avance del fuego no puede entenderse únicamente a partir de las imágenes de las áreas quemadas. Para comprender por qué una quema puede convertirse en un incendio difícil de controlar, es necesario observar las condiciones ambientales que favorecen su propagación y las actividades humanas que pueden iniciarlo.
El 15 de agosto de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicó el boletín Indicadores de la vegetación andina amazónica para la prevención de incendios forestales. El documento advertía una acumulación de días sin lluvia superior a lo habitual —con anomalías de diez días o más— en Puno, Cusco, Junín y Áncash. Estas condiciones representaban un peligro moderado a alto para la ocurrencia de incendios forestales.
El mismo boletín identificaba anomalías negativas de entre 5 % y 10 % en el índice de humedad de la vegetación en zonas amazónicas y áreas de alta montaña, incluidas partes de Puno, Cusco y Junín. En términos prácticos, la pérdida de humedad aumenta la disponibilidad de vegetación seca, un combustible que puede favorecer la propagación del fuego.
La alerta del IGP no significaba que todos los incendios posteriores fueran inevitables, pero sí advertía que las condiciones para la expansión del fuego podían agravarse a medida que continuara el periodo sin lluvias.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se traduce esta información científica en decisiones oportunas sobre el territorio? Los indicadores de sequedad, humedad de la vegetación y riesgo de propagación solo cumplen su función preventiva cuando permiten anticipar intervenciones, preparar brigadas, informar a las comunidades y movilizar recursos antes de que se produzca una emergencia.
El fuego tiene causas humanas; el clima agrava sus consecuencias
Las condiciones climáticas explican parte del comportamiento del fuego, pero no deben confundirse con la causa que lo origina.
El IGP identifica las quemas realizadas para la limpieza agrícola como uno de los principales factores de ignición de los incendios forestales en el Perú. Por su parte, SERFOR ha señalado ante el Congreso que alrededor del 98 % de los incendios forestales se relaciona con malas prácticas agropecuarias.
En numerosos territorios rurales, el uso del fuego forma parte de prácticas vinculadas a la preparación de terrenos y el manejo de pastizales. El riesgo aparece cuando esas quemas escapan al control, se realizan sin medidas de seguridad o coinciden con condiciones meteorológicas que favorecen una rápida propagación.
Por ello, responsabilizar indiscriminadamente a las comunidades no constituye una política de prevención. Es necesario comprender las prácticas locales, investigar las causas de cada siniestro y establecer mecanismos que permitan reducir las quemas descontroladas.
Esto supone trabajar con las comunidades antes de la temporada crítica: desarrollar calendarios de quema compatibles con las condiciones ambientales, capacitar a la población, fortalecer las brigadas comunales y promover alternativas cuando el uso del fuego resulte demasiado peligroso.
El cambio y la variabilidad climáticos agravan determinados escenarios de riesgo, pero no eliminan la necesidad de actuar sobre las causas humanas. La prevención requiere atender ambos componentes.
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El problema no termina cuando las llamas se extinguen
Las hectáreas afectadas son necesarias para dimensionar la emergencia, pero insuficientes para comprender el impacto ecológico.
Un pastizal quemado, un bosque primario afectado y un terreno agrícola destruido no representan la misma pérdida. Las consecuencias dependen del tipo de cobertura, la intensidad y duración del fuego, las condiciones del suelo y la capacidad de recuperación del ecosistema.
En los Andes, la pérdida de pastizales puede comprometer el alimento del ganado, la cobertura protectora del suelo y los medios de subsistencia de las familias. En los bosques, los incendios pueden provocar mortalidad de fauna, pérdida de refugios y alteraciones en la disponibilidad de alimento. La degradación de la cobertura vegetal también puede aumentar la erosión y el arrastre de sedimentos hacia quebradas y ríos.
El seguimiento posterior debe identificar qué se quemó, qué especies y procesos ecológicos resultaron afectados y cuáles son las posibilidades de regeneración. Sin esta evaluación, las cifras de superficie pueden ocultar daños importantes para la biodiversidad y las comunidades.
El antecedente de 2024 ofrece una dimensión histórica del problema. Según la memoria anual de SERFOR, ese año se identificaron mediante monitoreo satelital 777.373,05 hectáreas de cicatrices de incendios forestales a nivel nacional. La cifra comprende distintos tipos de cobertura vegetal y no equivale a bosque primario destruido. Aun con esa precisión, demuestra que el Perú ya ha enfrentado una temporada de afectación extraordinaria.

Una respuesta nacional que necesita llegar al territorio
El Perú no parte de cero en materia de planificación. El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027 fue aprobado en febrero de 2025 y actualizado para 2026 mediante el Decreto Supremo N.° 069-2026-PCM, publicado en mayo. La actualización incorporó distritos con riesgo alto y muy alto, metas físicas y financieras, alcance geográfico de las intervenciones y una cartera de inversiones.
El reto, por tanto, no se limita a contar con instrumentos de planificación. También consiste en comprobar que las medidas previstas se ejecutan, que los recursos llegan a las zonas priorizadas y que los equipos de primera respuesta disponen del personal, la formación y el equipamiento necesarios.
Las emergencias recientes evidencian que la capacidad de respuesta no es uniforme. En Cusco, la información difundida por el Gobierno Regional señalaba que sus quince compañías de bomberos estaban en alerta máxima y que habían recibido equipamiento regional. En Cutivireni, por el contrario, las comunidades seguían solicitando refuerzos para atender incendios que ya habían ocasionado pérdidas importantes.
Esta diferencia obliga a evaluar cómo se distribuyen los recursos y qué mecanismos de apoyo se activan cuando la capacidad local resulta insuficiente. La coordinación entre gobiernos locales, gobiernos regionales, bomberos, INDECI, SERFOR, SERNANP y organizaciones comunitarias debe producir resultados concretos durante la emergencia, no limitarse a una distribución formal de competencias.
La actualización del plan multisectorial constituye un marco vigente. Lo que corresponde exigir es información pública sobre su ejecución: qué intervenciones se han completado, qué recursos están disponibles y qué territorios siguen presentando brechas de preparación.
Cinco prioridades antes de la próxima emergencia.
La respuesta a los incendios forestales debe combinar medidas inmediatas con cambios sostenidos en la prevención.
1. Ejecutar los planes y asegurar recursos. El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027 f debe traducirse en intervenciones verificables, equipamiento operativo y capacitación para las regiones y comunidades priorizadas.
2. Conectar las alertas con la respuesta. Los indicadores del IGP, los pronósticos meteorológicos y la información satelital deben utilizarse para activar medidas preventivas y movilizar brigadas antes de que los focos crezcan.
3. Fortalecer a las comunidades. Las brigadas locales necesitan formación, protección, herramientas, comunicaciones y coordinación con las entidades responsables. La población debe participar en la prevención y en la gestión del riesgo, sin quedar sola frente a emergencias que superan sus capacidades.
4. Investigar las causas y diferenciar los daños. Cada siniestro debe generar información que permita identificar su origen y orientar medidas correctivas. Los reportes también deben distinguir entre las coberturas afectadas y evaluar la recuperación ecológica.
5. Publicar resultados y brechas. La transparencia sobre recursos asignados, intervenciones realizadas, tiempos de respuesta y necesidades pendientes permitiría evaluar qué está funcionando y dónde se requieren medidas adicionales.

Antes de que vuelva a avanzar el fuego
Los incendios forestales son una prueba de la capacidad del país para anticipar riesgos, coordinar instituciones y proteger a las poblaciones más vulnerables. Sus efectos alcanzan la conservación de la biodiversidad, la seguridad de las comunidades, la producción agropecuaria y la integridad de quienes enfrentan las llamas.
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La emergencia de octubre no puede entenderse únicamente como una sucesión de siniestros aislados. Las alertas sobre sequedad y pérdida de humedad de la vegetación ya se habían publicado; el país cuenta con un plan multisectorial actualizado; y, aun así, hay comunidades que solicitan refuerzos mientras el fuego amenaza sus bosques, cultivos y viviendas.
No basta con contar hectáreas después de un incendio. Es necesario establecer por qué comenzó, cómo se propagó, qué recursos faltaron y qué medidas evitarán que vuelva a ocurrir.
La prevención debe medirse por su capacidad para reducir las emergencias, no solo por el número de alertas emitidas. La respuesta debe evaluarse por los recursos que llegan a tiempo, no únicamente por los operativos desplegados cuando el fuego ya se ha extendido.
El país está bajo fuego. Mientras las comunidades sigan pidiendo ayuda para proteger sus territorios, la tarea pendiente no será solamente apagar las llamas, sino garantizar que la próxima emergencia encuentre al Perú mejor preparado.
