La Pampa: Cuando no se puede ganar por nocaut, hay que hacerlo por puntos

“Están contra las cuerdas”, Raúl, el chofer del taxi que tomé en la plaza principal de Puerto Maldonado para llegar hasta el kilómetro 108 de la convulsionada carretera Interoceánica, se anima a comentar la situación.  

Nos hemos detenido en el retén policial que se ha improvisado al lado de la misma vía asfaltada que hasta el 19 de febrero –día del inicio de la Operación Mercurio 2019 impulsada por el gobierno nacional para poner fin a la minería ilegal en La Pampa– estuvo tomada por vendedores al paso de combustible de dudosa procedencia y puestos ambulantes que vendían de todo: desde refrescos de frutas amazónicas hasta mangueras para dragar las aguas de los ríos y cochas de lo que alguna fue el paisaje inalterado, bellísimo, de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

“Pensaron que la intervención militar iba a durar dos o tres días y luego todos a lo mismo, como siempre”, concluye.

La primera fase de la interdicción, barbarismo con el que los peruanos denominamos a las acciones de destrucción de los campamentos y la maquinaria que alimenta el cáncer de la minería ilegal, una actividad siniestra que acarrea, entre otras calamidades, prostitución infantil, trata de personas, sicariato y otros delitos, culminó oficialmente el martes 5 de marzo con el anuncio del ministro del Interior, Carlos Morán, desde la recién instalada Base Temporal Mixta de Alta Movilidad en el campamento Alfa, del rescate de 51 víctimas de trata y la detención preliminar de 80 personas.

Además, lo dijo a la prensa, de la incautación de 203 motores, 76 balsas, 56 dragas, 132 tolvas, 141 quemadores de oro, 8 motosierras y 15 vehículos. El gobierno ha estimado en 53,319,322 soles el valor del material incautado y destruido por las fuerzas del orden. Como hemos mencionado en este rinconcito del ciberespacio, 1.272 policías, 300 militares de las Fuerzas Armadas, 70 representantes del Ministerio Público y peritos de Criminalística y de la Unidad de Explosivos participaron en la operación.

Ernesto Ráez, ecólogo de reconocido prestigio y conocedor del tema minero, comentó en sus redes sociales: “Llevó más de una década de insistencias, malos ratos, encontronazos con incapaces y corruptos, por parte de un puñado de ciudadanos honestos de Madre de Dios, y la herencia desastrosa de un gobernador minero y de un presidente deplorable (PPK) para que un gobierno se convenciera de la necesidad de recuperar el control del Estado y el imperio de la ley en Madre de Dios, y asumiera el (ahora) enorme reto. Apoyemos y vigilemos”. Su comentario lo firmamos todos. 

No todo lo que brilla es oro: los interdictados

Continúo mi relato donde me quedé: en el kilómetro 108 de la carretera Interoceánica Sur, la megaobra construida durante los gobiernos de los presidentes Toledo, García y Humala, cuyas adendas mafiosas encarecieron su valor real en 257%, según cálculos hechos por la Contraloría General de la República.

Miércoles 27 de febrero, carretera Interoceánica, 1 pm. Han pasado tres días desde la entrada en vigencia del DS 028-2019-PCM que impuso el estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, de la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios,  y la situación es de tensa calma, por decir lo menos.

Policías con sus armas en ristre vigilan las calles de lo que alguna vez fue el asentamiento minero más poblado del Perú.

Diez, veinte, cincuenta, de pronto cien personas me rodean. Soy el foco de atención de un improvisado mitin. Me acompaña el abogado Fernando Collantes, gerente de la Municipalidad Distrital de Inambari, un profesional con amplio recorrido en la función pública. El día anterior aproximadamente 500 pobladores de La Pampa llegaron hasta el local municipal de Mazuko para exigir el apoyo del alcalde en su lucha contra los interdictores.

Nelson Ortiz, un hombre de complexión recia, pelo largo y barbita típicamente “israelita del nuevo pacto universal” me recibe con afabilidad. Es el presidente de las juntas vecinales de los 14 asentamientos humanos de La Pampa, asociados en primera instancia, me dice de sopetón, para imponer la seguridad ciudadana en la zona y limpiar la basura que, por miles de toneladas, se fueron acumulando en los bordes la carretera.

Piden ser escuchados. Acusan al gobierno de estar imponiendo el terror sicológico sobre una población indefensa. “No somos mineros, me advierte, somos comerciantes, agricultores, aquí hay colegios, nidos, madres solteras, cantidad de ancianos. La minería está a 3 kilómetros de la carretera. Queremos que se instale una mesa de diálogo del más alto nivel…somos peruanos, esto no es Venezuela”.

Difícil atender reclamo tan extemporáneo, pienso. En el local de la cafetería Gustitos del Cura, en la plaza principal de Puerto Maldonado, el padre Xavier Arbex, párroco de Mazuko durante muchos años, me lo había dicho con inusual energía: “Se lo buscaron: se les dijo, se les advirtió, no hicieron caso, ahora, pues…”

Aun así, los escucho. Soy periodista y debo buscar todas las fuentes. Una mujer entrada en años, de indudables rasgos serranos, toma la palabra: “Señor periodista, esta no es una tierra de nadie, aquí hemos venido de todas partes para trabajar y mantener a nuestros hijos. Vivo hace más de diez años en La Pampa. Fuimos inmigrantes, sí, ahora somos pobladores, tenemos DNI, muchos de nosotros tienen RUC, queremos que se nos tome en cuenta, no somos delincuentes. La policía nos amenaza, nos quita nuestras pertenencias. No es justo”. 

La multitud aplaude, grita, todos quieren intervenir. Un hombre salido de la nada, de pronto un dirigente local, un topo, no lo sé, se apodera del “micro” y empieza su perorata. Lo escucho mientras tomo nota. “Señor periodista, vuelve con el sonsonete, si el gobierno nos convoca seríamos aliados en sus proyectos productivos. Nos comprometemos desde ya como población organizada a reforestar 100 hectáreas en el transcurso de un año, sin necesidad de pedirle un centavo a nadie”.

“Este lugar puede convertirse en un centro de comercio –prosigue– con espacios para ferias y mercados. Hemos presentado un proyecto para impulsar la agricultura. Los agricultores de esta zona tienen dificultades para llevar sus productos a Puerto Maldonado o a Mazuko. No queremos seguir viviendo de la minería, si seguimos trabajando unidos como ahora podemos convertirnos en un pueblo dependiente de la agricultura. Que nos den la oportunidad de continuar con el trabajo, que escuchen nuestras propuestas”.

Cien hectáreas, parece mucho, pero es poquísimo. Indirectamente ellos, los comerciantes de esta vía, han sido cómplices de una deforestación que alcanza, según datos del Ministerio del Ambiente, las 11 mil hectáreas. Sin embargo, hay que escucharlos. No lo digo yo, solamente, me lo dijo el padre Arbex cuando nos encontramos. 

La multitud, la ciudad y el campo

Sábado 2 de marzo, 4 pm. Cientos de personas –hombres, mujeres y niños– rodean la Plaza de Armas de Puerto Maldonado, la misma que desde el inicio del operativo Mercurio 2019 permanece celosamente resguardada por los efectivos policiales llegados desde Lima para que se cumpla con todo rigor el estado de emergencia.

La orden del alto comando policial ha sido enfática, lo ha mencionado el general PNP Luis Vera, jefe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, al mando del gigantesco operativo: el decreto supremo que deja sin efecto por 60 días los incisos 9, 11, 12 y 24 de la Constitución Política del Perú relativos a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en los mencionados distritos debe cumplirse a rajatabla.

La situación es de extrema tensión. Un policía con rostro adusto intercambia palabras con un civil que porta unos globos en la mano. Curioso. A su lado, una mujer de rasgos andinos sostiene sobre su regazo a una criatura balbuceante.

De pronto, sorpresivamente, sin que nadie lo haya previsto, un piquete de obreros retira la malla de plástico que otros trabajadores levantaron meses atrás para cubrir los contornos de la histórica plaza durante el tiempo que deberían durar los trabajos de remodelación que terminan el día de hoy. La multitud, entonces, ganada por el impulso, se desborda e ingresa a toda prisa al área pública. La toma, literalmente, por asalto.

La alegría estalla para convertir en protagonistas de un día especial a los pobladores que han llegado de todas partes, incluso de la convulsionada zona de La Pampa, y a policías.

En Puerto Maldonado, estado de emergencia de por medio, el fin de semana que pasó será recordado por su población como el de la recuperación del principal espacio citadino de la bullente ciudad al lado de los ríos Madre de Dios y Tambopata.

Qué importa que la municipalidad provincial haya suspendido los carnavales de este año.

El sábado y el domingo 3 de marzo la plaza central de Puerto Maldonado y las calles aledañas se convirtieron en un carnaval. El dios Momo había vuelto.

Los interdictores

Se lo comento a Manolo Ponce de León, limeño, propietario de la heladería Trópico, un clásico del buen sabor –y la buena tertulia– en las proximidades del Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz, de Puerto Maldonado.

“Sí, no estuve en la plaza, pero debió ser un jolgorio –me dice–. Aquí no se siente la intervención estatal, pese a lo que dicen los medios de comunicación, esta ciudad no vive de la minería: en Puerto Maldonado la vida se organiza en torno a los servicios y el negocio de la madera. La minería envuelve a Mazuko y a las localidades cercanas a La Pampa y al llamado corredor minero. En Puerto Maldonado, en cambio, se vive de la madera…”

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Guau, para un periodista llegado desde Lima, las verdades que se hacen vox populidurante el día a día se trocan en fake news si se escarba un poquito más

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Viernes 22 de febrero, fuerte Pachacútec, Puerto Maldonado, 5 pm. Confieso que el discurso del presidente Vizcarra el día que recorrió la zona cero me satisfizo enormemente. Digamos que pudo despejar las dudas que tenía sobre las primeras intenciones gubernamentales en La Pampa.

En el fuerte Pachacútec, cantón de la 6ta Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, el mandatario fue contundente en su manifiesto al país, supo poner los puntos sobre las íes: “El Estado peruano ha tomado una decisión que debió tomarse hace mucho tiempo. Esta es una decisión irreversible. No solo nos vamos a quedar para hacer la interdicción y luego retirarnos. Aquí hemos venido a impulsar el desarrollo de la región, no solo se trata de actuar con energía con la policía nacional, se trata también de concertar con las autoridades locales y regionales para generar desarrollo alternativo».

Hasta ese momento, la intervención del Ejecutivo se había caracterizado por un acerado centralismo que me apuré en denunciar. También por un secretismo que en ese momento, no ahora, me parecía impertinente. Hasta entonces 14 ministerios empujaban una medida reclamada por todo el mundo, sí, pero que adolecía de la adecuada presencia de los actores locales, verbigracia: alcaldes, funcionarios públicos, pobladores de base.

El gobernador Hidalgo, hipercomunicativo durante el agasajo público a Melo, Mañuco y Mishaja, los héroes del Candamo, días antes, apenas tenía voz y voto en ese entierro, para usar una frase popular. Ni chis, ni mus.

«De tal manera que vamos a coordinar –continuó el presidente– en el más breve tiempo una reunión de trabajo donde estén presentes el gobernador regional de Madre de Dios y los alcaldes locales para establecer un plan de desarrollo regional (aplausos de la concurrencia), con medidas concretas que posibiliten el desarrollo».

Tal fue mi ilusión con la convocatoria del mandatario que me animé a disparar en Facebook: Muy bien presidente Vizcarra, la recuperación de La Pampa se tiene que hacer con la gente: #MadredeDiosPuede Liderazgo, objetivos claros y convocatoria a la población local. De eso se trata.

De inmediato Francisco Román, doctor en ecología y autoridad mundial, no exagero, en remediación ecológica, se puso al habla, también por redes sociales: “Bien por lo que dijo [el presidente Vizcarra], había legítima expectativa en la población y en las autoridades. Solo que la reunión fue casi secreta, solo para periodistas y el gobernador. Hasta ahora no han coordinado nada con el alcalde de Inambari, por ejemplo; que es [el distrito] donde pertenece La Pampa, el alcalde vino para presentarse y enterarse lo que planean hacer en su distrito y nada, ni lo invitaron ni lo dejaron entrar”.

El baile de los que faltan

Francisco Román es uno de los peruanos que más conoce de restauración ecológica en zonas altamente degradadas por acción humana. Desde 2016 dirige el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una institución que viene trabajando en remediación ambiental con mineros y autoridades municipales en seis distritos del departamento del Cusco y Madre de Dios, tres de los cuales, y no es coincidencia, fueron intervenidos por los interdictores: Inambari, Laberinto y Tambopata.

Román y su equipo, compuesto mayoritariamente por técnicos de la región, se han venido batiendo durante los últimos años para desarrollar un modelo de intervención capaz de solucionar, ambientalmente hablando, el problema que la minería a la mala ha causado en la región.

Las parcelas demostrativas que han instalado en un arco geográfico que va desde el distrito de Quince Mil, en el Cusco, hasta las periferias de la ciudad de Puerto Maldonado; los laboratorios de mercurio y biocarbón; los drones que monitorean desde el cielo el trabajo que se realiza y los invernaderos de alta tecnología que implementaron con el apoyo del municipio de Inambari, dan cuenta de su empeño. Y de los logros que ha alcanzado CINCIA trabajando de común acuerdo con la población local.

En 2016, Román obtuvo el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg por sus investigaciones en forestación con especies nativas después de la minería del oro informal en Madre de Dios.

Hasta el día de hoy ni CINCIA, su institución, ni él, participan en la implementación del Plan Integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios que el gobierno –14 ministerios según la ministra del ambiente Fabiola Muñoz– trajo desde Lima. Y lo que más les sobra es experticia.

El día que lo visité en su oficina en uno de los bordes del barrio de Pueblo Viejo, con seguridad el más antiguo de la ciudad, le pregunté sobre el porqué de tamaña sinrazón. “No lo sé –me dijo–. Me imagino que nos llamarán más adelante. Si no se toman en consideración las opiniones de los técnicos y autoridades de la región se corre el riesgo de cometer los mismos errores que se cometieron en las interdicciones anteriores. Sin la gente es difícil avanzar”.

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Jueves 28 de febrero, Mazuko, 6 pm. ¿Y a usted lo invitaron a la reunión con el presidente?, le pregunto a Wuilton Camala, el joven alcalde de Inambari. He cruzado La Pampa otra vez para llegar hasta Mazuko, la capital distrital. El espectáculo es penoso: sectores enteros del asentamiento poblacional se encuentran bajo las aguas: las lluvias caídas el día anterior han convertido en Venecia una buena parte del emporio minero.

Y para colmo, el tramo de la carretera Interoceánica, que conecta al distrito con el Cusco, a la altura del km 155, sigue interrumpido por la destrucción de un tramo de la propia vía debido la crecida del río Araza.

No hay trabajo para esta gente –es evidente que vivían de la minería–, la interdicción continúa, las lluvias no cesan y podrían incrementar su furia destructiva, sus viviendas están bajo el agua, la conexión terrestre está interrumpida y los colegios, cinco según el diario El Comercio, han colapsado. Todas las plagas de Egipto juntas, al mismo tiempo.

“No hemos sido consultados –me responde el alcalde con enfado–. En los casi dos meses de gestión no hemos recibido oficio o documento alguno para coordinar acciones. Nosotros conocemos mejor que nadie la problemática del distrito, vivimos aquí, podemos dar ideas. Pudimos haber aportado datos estadísticos sobre cuánta gente hay allí, cuántos puestos de trabajo se generan, incluso información sobre remediación ambiental”.

Para Camala, militante de Alianza para el Progreso (APP), el partido político del gobernador regional Luis Hidalgo Okimura, la intervención debió ser gradual para no afectar la economía del distrito, dependiente en extremo de la minería y el movimiento económico que se genera en La Pampa.

“En esa zona viven 35 mil personas [me parece que exagera]. En sus asentamientos humanos y comercios se mueve el 80% de la economía regional. Estamos hablando de un territorio donde se realizan actividades mineras, comerciales y también agrícolas. La interdicción, los bombardeos, están afectando a miles de pobladores de Inambari. La minería ilegal tiene que parar –me dice–, pero atendiendo el problema económico y social que ha provocado la intervención”.

¿Y el plan, dónde está el plan?

El “Plan integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios” tiene 187 páginas y es producto del trabajo multidisciplinario de 17 sectores del Estado, según lo que le escuché decir al abogado Leonardo Caparrós, asesor del Ministerio del Ambiente, durante la entrevista que le diera a Manuel Calloquispe, el enterado periodista maldonadino.

Lo he revisado. Los estrategas del mismo establecieron cinco grupos de trabajo: el de Seguridad y orden interno, a cargo del Ministerio del Interior, cuyas directivas se han ejecutado durante esta primera fase de la intervención en La Pampa; el de Control de combustibles, que recomendó la suspensión de las regulaciones en su venta y distribución que tanto cuestionaron los pobladores locales; el de Protección de los derechos y atención de las necesidades básicas de las familias y poblaciones vulnerables y en situación de riesgo, que establecía en unas de sus líneas de intervención el traslado –30 días antes del inicio de la intervención policial– “de las familias y las poblaciones en riesgo y en situación de riesgo”.

Ojo: durante mi corta estancia en La Pampa ninguno de los pobladores con los que hablé hizo alusión a esta previsión tan importante.

Los dos últimos grupos de trabajo se ocuparon de proponer estrategias para la Formalización de la pequeña minería y minería artesanal, tal vez el problema más álgido por resolver, y el impulso al llamado Desarrollo productivo en La Pampa.

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La revolución productiva en La Pampa anunciada por la ministra del Ambiente el día que se inició el operativo policial, que hasta entonces iba a tener como actores principales a los pobladores del emporio minero, “víctimas”, los había llamado el presidente de la República, va a estar liderada, de acuerdo al Plan Integral, por el Ministerio del Ambiente – Sernanp con el apoyo de Produce, Minagri, Devida, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras dependencias públicas.

El plan ha priorizado las siguientes actividades productivas: turismo, acuicultura, forestería, recuperación de áreas degradadas.

Tres días después la propia ministra Muñoz se animó a hablar de ungurahui, copoazú y otros frutos de la región. Finalmente, el día que se dio por finalizada la primera fase de la intervención policial, la ministra, acompañada de sus pares del Interior y Defensa, se animó a sembrar, simbólicamente, los primeros arbolitos  en el recuperado campo lunar de La Pampa.

¿Podemos concluir que se ha ganado por nocaut?, ¿el rival, el temible enemigo. ha sido vencido?

El baile de los que faltan

Ronald Corvera Gomringer es el gerente del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana – Madre de Dios y Selva Sur. Es maldonadino por donde se le mire. Su tío es el afamado cantautor Isaac Taco Corvera, y su padre, un prestigioso pintor local. Por si fuera poco, su bisabuelo materno, un suizo rudo y lleno de vitalidad, fue el primer exportador de castañas de la región.

Corvera, al igual que Román, de CINCIA, es un estudioso del fenómeno ambiental de La Pampa. Lo visito para saber sus impresiones, el IIAP, finalmente, es el instituto de investigación científica y tecnológica con más palmarés en la Amazonía peruana.

Le suelto a boca de jarro la pregunta del millón de soles. Son las 10 de la mañana del 7 de marzo. ¿Ha sido el IIAP consultado sobre el quehacer en La Pampa? Corvera se incomoda y trata de ser diplomático, me parece que lo consigue: “La academia necesita seguridad para hacer su trabajo, tener el terreno claro para hacer nuestros muestreos, la evaluación pertinente y todo lo demás. Considero que el Estado ha iniciado la parte más dura de la intervención, entiendo que cuando se haya liberado la zona nos van a llamar”. A buen entendedor, pocas palabras: el IIAP no ha sido convocado por el Ejecutivo, limeñismo puro.

Continúo hablando con Corvera y me voy llenando de ilusión. La tarea por hacer es posible, contamos con material humano para hacerlo. Les traslado parte de mis notas. Los periodistas, solemos ser, de vez en cuando, aplicados alumnos: “El IIAP viene trabajando desde hace más de ocho años en investigación en áreas degradadas por la intervención humana. Hace mucho que nuestra institución priorizó ese tema en esta región. No estamos en esto por moda, somos científicos y sabemos dónde debemos intervenir. Hemos identificado especies que se deben reintroducir poco a poco. La biorremediación es un proceso complejo y debe hacerse sin apuros. No todas las especies que se reintroducen prosperan…”.

Fenomenal, clarísimo: “No solo estamos pendientes de la copa de los árboles, nuestra preocupación es ecosistémica y podríamos decir que todo se origina en el suelo. Es allí donde se tiene que empezar a trabajar para remediar La Pampa”.

¿Y existen en la región capacidades locales?

“De sobra, me dice, no duda. En La Pampa trabajamos el IIAP, CINCIA, la propia UNAMAD, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios; AIDER, WWF, Agricultura Ecológica…Aquí no solo hay conocimiento regional, aquí hay clase mundial, nuestra experiencia no es reciente, aquí venimos trabajando hace años…”

¿Lo firma?, le pregunto. “Sí. Si aquí juntamos todos los paquetes desarrollados por cada una de las instituciones y nos acomodamos a un plan –el bendito plan, pienso– que se aplique sobre un territorio debidamente zonificado –microzonificado– tenemos paquetes para todos. Juntando los conocimientos existentes que están por ahora dispersos recuperamos La Pampa”.

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La batalla la vamos a ganar por puntos, me queda claro, el púgil contrario se ha hecho fuerte debido a nuestra inacción y a la complicidad de muchos. Para ello, hay que revisar la estrategia y dejarnos, hablando burdamente, de limeñismos. Esa enfermedad pentacentenaria, casi, ha puesto lo suyo en el desmadre de Madre de Dios.

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Me animo a hacerle a Corvera un último comentario en modo deportivo: ¿Se debe sentir como ese suplente talentoso que está seguro de su valía y sentadito en la banca espera su oportunidad para salir a anotar y cambiar la suerte del partido?

Piensa, se acomoda y dispara un taponazo como los de Paolo Guerrero: “Nos va a llamar, cada vez que el Estado mete la pata se acuerda de nosotros. Y cuando nos llamen vamos a atender el llamado a toda prisa. No hay reto mayor para la Amazonía y para los amazónicos que éste”.

Corro a mi improvisada oficina en el magnífico local de Gustitos del Cura 2 para buscar la cita en la que he estado pensando durante las últimas horas. La encuentro, se las dejo: “Esta tierra tiene nombres, tiene rostros: los tiene a ustedes. Esta región está llamada con ese bellísimo nombre: Madre de Dios (…) Queridos hermanos, lo primero que me gustaría transmitirles —y lo quiero hacer con fuerza— es que: ¡esta no es una tierra huérfana, es la tierra de la Madre! Y, si hay madre, hay hijos, hay familia, y hay comunidad. Y donde hay madre, familia y comunidad, no podrán desaparecer los problemas, pero seguro que se encuentra la fuerza para enfrentarlos de una manera diferente”. Lo dijo Jorge Mario Bergoglio, estuvo por aquí en enero del año pasado para hablar fuerte de lo que nos toca por hacer.

Les dejo mi conversación con representantes de  juntas vecinales de los 14 asentamientos humanos de La Pampa: