Mi opinión
De acuerdo en todo con el pronunciamiento que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hizo público hace unos días sobre el proyecto de ley 5139 que supuestamente fortalece el proceso de formalización de la minería informal.
Hay que decirlo con claridad. En materia de formalización minera NO se puede desandar lo que se ha avanzado, aun cuando aquello no haya sido del todo suficiente. Po eso es que la política del borrón y cuenta nueva, “empezamos de cero”, propuesta por la candidata de Fuerza Popular resulta extremadamente peligrosa en momentos tan críticos como los que se están viviendo en Madre de Dios.
Por supuesto que mucho más aberrante es todavía la propuesta legislativa que comentamos, presentada por el tristemente célebre congresista Amado Romero (a) «Comeoro» que se pretende aprobar como sea en esta legislatura. Más de setenta mil mineros informales iniciaron el proceso de formalización que los decretos legislativos del 2012 precisaron, los mismos que sostienen una política que aunque no haya sido del todo eficiente, lo repetimos, debe ser revisada a partir del reconocimiento de lo avanzado a partir de las decisiones tomadas entre el 2010 y el 2012.
No es esta la coyuntura propicia para discutir tamaño problema. No podemos seguir tirando más leña al fuego. Hay que cerrar filas en defensa de la ecuanimidad y la razón.
La minería representa un problema complejo para el país, no solo por los impactos ambientales que genera (deforestación, pérdida de biodiversidad, emisiones de mercurio y contaminación), sino también por los problemas sociales (trata de personas, condiciones de trabajo deplorables, conflictos sociales, afectaciones a la salud y afectación de usuarios del bosque) y económicos (mafias, evasión de impuestos) que deben ser asumidos en última instancia por todos los peruanos. Como vemos, es una actividad ilícita que genera una cadena de ilegalidades en el país.
Las cifras muestran claramente estos impactos: solo en Madre de Dios se han deforestado más de 50 mil hectáreas de bosque por esta actividad[1]; el 78% de los adultos evaluados en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio hasta tres veces superiores a los límites máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud[2]; y más de 4500 personas son explotadas sexualmente alrededor de los campamentos mineros ilegales[3].
A partir del 2010, el Estado peruano ha reaccionado a esta problemática y ha trabajado en base a dos pilares: erradicación de la minería ilegal y formalización de la pequeña minería.
No obstante, la minería ilegal continúa avanzando y esta realidad refuerza la necesidad de seguir luchando para erradicarla y continuar impulsando el proceso de formalización de los mineros que califican legalmente como informales.
Por ello, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) exhorta al Congreso de la República a rechazar el Proyecto de Ley 5139 presentado por el Congresista Amado Romero por las razones expuestas a continuación:
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Significaría un retroceso de 6 años en la lucha contra la minería ilegal
El mal llamado proyecto de “ley de fortalecimiento del proceso de formalización de la minería informal” (en adelante PL 5139) no presenta herramientas para fortalecer la institucionalidad, normas y proceso ya existente sino que deja un escenario de incertidumbre y vacío. El PL 5139, desconoce los decretos legislativos que, en el 2012, permitieron colocar nuevamente el tema de la minería ilegal en la agenda pública, reiniciar un nuevo proceso de formalización y contener el avance de la minería ilegal.
Desconocer lo avanzado, desde la gestión del primer ministro del Ambiente Antonio Brack Egg, representaría volver a foja cero un proceso que, si bien debe seguir mejorando, ya cuenta con cimientos sobre los que hay que trabajar, no destruir.
Eliminar el proceso de formalización en marcha es desconocer la iniciativa de los mineros informales que sí lo iniciaron. A la fecha, se han presentado más de 73 mil solicitudes, de las cuales 40 289 ya figuran en el Registro de Saneamiento (es decir, cuentan con RUC y por tanto tributan). De otro lado, se estaría premiando a aquellos que al no acogerse al proceso de formalización dentro de los plazos legales, decidieron seguir actuando al margen de la legalidad, contaminando intensivamente, sin pagar impuestos, y afectando la salud de las personas, entre otros.
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Hay una institucionalidad que se ha construido y que no debe eliminarse
El proyecto de ley propone transferir todas las funciones de formalización al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). De esta manera, si bien no se cuestiona la capacidad de esta entidad para los temas que hoy son de su ámbito, esta concentración sí resulta perjudicial porque se eliminaría la institucionalidad transectorial que se construyó para enfrentar este problema, liderado por el Alto Comisionado para la lucha contra la minería ilegal. La propuesta desconoce también las competencias de otros niveles de gobierno como los gobiernos regionales y la Dirección de Formalización del Ministerio de Energía y Minas que debe seguir liderando las acciones sectoriales de mejora del proceso de formalización. Un proyecto de ley de esta naturaleza no es el canal para eliminar o modificar competencias de entidades de gobierno.
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Facilitaría el ingreso de la minería ilegal a áreas naturales protegidas, sus zonas de amortiguamiento y otras áreas frágiles
Actualmente, la minería ilegal afecta directamente a las áreas naturales protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento, siendo el caso más grave el de la Reserva Nacional Tambopata. Las ANP son espacios del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos por su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico. Ello queda establecido en la Constitución Política del Perú (artículo 68°) y forma parte de los compromisos internacionales asumidos como país para la conservación y protección de nuestro patrimonio natural.
Derogar los decretos aprobados en el 2012, tal como lo propone el PL5139, constituiría no solo un retroceso para el proceso de formalización, sino también abrir la puerta para el ingreso de la minería ilegal a las áreas naturales protegidas, y como consecuencia su destrucción y pérdida de nuestro patrimonio natural.
Es indispensable que se sigan realizando múltiples esfuerzos para brindar la mayor protección posible a estas áreas.
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Es irresponsable que un Congreso de salida modifique sin sustento técnico un proceso de mediano plazo que involucra a muchos actores gubernamentales y sociales
Como hemos mencionado anteriormente, el proceso de formalización minera debe mejorar y existen aspectos medulares que deben ponerse en marcha. Sin embargo, las mejoras deben involucrar un proceso consensuado que reconozca lo avanzando e identifique los aspectos a mejorar, asignándose además los recursos para ello. No resultaría responsable que el Pleno del Congreso apruebe una norma de esta naturaleza sin el debido debate técnico y a puertas de las elecciones del Ejecutivo y Legislativo impidiéndose además la participación pública y la mirada multisectorial que amerita el tema.
No debemos olvidar que la minería ilegal e informal afecta directamente a ciudadanos que viven en las zonas donde se realiza. Afecta a sus tierras de cultivo, los bosques, la fauna silvestre de las que viven miles de usuarios del patrimonio natural. Los casos más dramáticos se pueden evidenciar con la relación de esta actividad con tierras indígenas o títulos habilitantes forestales (p.e. reforestadores en Madre de Dios) quienes han defendido sus derechos inclusive exponiendo su integridad física y su vida. Un proyecto de ley de este tipo no debería pasar por alto la necesidad de un proceso participativo que incluya a estos actores que sufren diariamente el problema.
Finalmente, debemos mencionar que esta no es la primera vez que un grupo de congresistas propone normas que representan un retroceso a una lucha que debe ser de todos los peruanos. La minería ilegal afecta hoy en día a cientos de miles de peruanos por lo que ningún gobierno debe retroceder en su lucha por enfrentar a esta actividad. Confiamos que este Congreso tomará una decisión responsable y esperamos que el próximo Gobierno continúe enfrentando este gran problema.
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[1] Ministerio del Ambiente
[2] Carnegie Institute
[3] Movimiento No a la Trata
6/4/2016
