Mi opinión
Estamos siguiendo con atención la acción legal que la ONG Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna elevara a la corte constitucional de Colombia por la muerte de 37 niños en Río Quito, departamento de Chocó, como consecuencia de la contaminación mercurial producida en esa zona por la minería ilegal.
Hoy El Tiempo de Colombia publica una nota donde la mencionada ONG aclara que la demanda admitida se fundamenta en una multiplicidad de factores contaminantes, “desde la producida por la minería informal, pasando por la tala indiscriminada del bosque, hasta la falta de sistemas de acueducto y alcantarillado que proporcionen agua potable y de calidad a las comunidades ribereñas”.
Debe ser cierto. Como en Madre de Dios, la salud de la población del Chocó colombiano está severamente afectada por un combo de factores que se deben enfrentar de raíz, pese a quien le pese, aun cuando las medidas que se tomen sean impopulares. Hay que desactivar todas las bombas de tiempo y pronto. El artículo que les paso es de la enterada periodista española Salud Hernández-Mora, quien fuera secuestrada por el ELN hace unos días en el cumplimiento de su labor periodística. Fue publicado en El Tiempo con el sugerente título ‘Lo que me siento es muerto’.
La mañana en que lo entrevisté tenía sobre el escritorio una bomba de tiempo. Un estudio de la Universidad de Cartagena concluía que buena parte de la población de Río Quito (Chocó) está contaminada de mercurio.
“Cuando lo leí, no pude dormir”, admite el alcalde, Heraclio Mena Romaña. “Aquí analizaron casi a cien personas, todas adultas, y el 80 por ciento salió con índices altos en sangre, orina y cabello. Es una sorpresa desagradable para la gente porque aparentemente están alentados y lo que están es enfermos. Con el tiempo afecta a los riñones, el corazón, pierden memoria y son propensos al párkinson”.
Considera que deben realizar “el mismo examen (de determinación de mercurio por espectrofotometría de absorción atómica) a todos los niños y luego al resto de adultos que faltan. Todos tenemos afectación por los peces, por el agua y el aire. Los mineros queman el mercurio a cielo abierto (para separarlo del oro), nosotros inhalamos ese aire y el agua lluvia también está contaminada”, explica el gobernante, un docente jubilado, de 76 años, que quiere cambiar el sombrío destino de su municipio, a un par de horas en lancha de Quibdó, considerado el más pobre de Colombia.
Además de las enfermedades, le preocupa que sus precarios centros médicos no están preparados. “Yo les digo a los afectados que tienen que ir al médico urgentemente, pero aquí no hay cómo tratarlos”, dice. La única respuesta será enviarlos a Quibdó y remitirlos posteriormente a Medellín si en la capital chocoana no pueden darle respuesta. “Ya la gente empezó a reaccionar, ahora es cuando vienen a darse cuenta de las consecuencias del mercurio”, agrega.
Uno de los afectados, con un 28 por ciento del mineral en la sangre, es Benedesmo Palacios Mosquera, un líder social muy apreciado en la comunidad. “Lo que me siento es muerto. La cosa es preocupante porque el poquito conocimiento que tengo dice que daña los órganos, que a uno se lo va llevando el mercurio lentamente”. Nunca fue minero ni estuvo de acuerdo con la explotación de oro que devasta su entorno, pero luchar contra ella es tan arriesgado como estéril.
En el 2009, él y un grupo de lugareños, ignorando los riesgos que entrañaba, presionaron a las autoridades para que incautaran varias dragas y lo consiguieron. La dicha no duró mucho. Otras máquinas enormes, llamadas ‘dragones’ (dragas gigantescas), operan de nuevo en el río sin control alguno.
El ‘clan del Golfo’ y el ELN, presentes ambos en el municipio, las protegen a cambio de fuertes vacunas, y la Policía y las FF. MM. les permiten trabajar bien sea porque los corrompen o por falta de los recursos adecuados para combatirlas.
“Yo hice mi parte, suspendí por decreto la minería, pero nadie ayuda, la autoridad no interviene”, afirma el alcalde Mena Romaña con impotencia. “La Fiscalía y la Procuraduría mandan todo el tiempo oficios para saber qué hago contra la minería y nosotros ¿qué podemos hacer?, es responsabilidad del Gobierno central, el único con capacidad de enfrentarla”.
Aunque la semana anterior el Ejército había destruido un par de retroexcavadoras y detenido a una decena de personas en el área, yo divisé tres ‘dragones’ trabajando a toda máquina a solo cinco minutos de navegación de Paimadó (nombre del casco urbano del municipio de Río Quito). No parecía inquietarles lo más mínimo lo ocurrido, quizá porque la experiencia indica que nunca hacen dos operativos seguidos.
Y en las orillas, con el agua por las rodillas, encontré grupitos de mujeres ‘tapeteando’. Los jefes de los ‘dragones’, cuando les provoca, regalan puchos de la arena que sacan del fondo del río para que ellas vuelvan a pasarla por unos pequeños tapetes. Si están de suerte, recogen pepitas de oro que hayan quedado.
Son conscientes del perjuicio que la minería provoca al entorno natural y a ellas mismas, obligadas a pasar horas metidas en el agua contaminada, pero no hallan otro medio de subsistencia.
“El otro día no pude dormir. Era una rasquiña en los pies que no me aguantaba, no sabía qué hacer. Esta agua rasca”, cuenta una mujer.
La única prevención que adoptaron casi todos los lugareños desde hace tiempo, salvo los más pobres y los que habitan en ranchos pegados a la orilla, es no consumir pescado. La que siempre fue su principal fuente alimentaria, la más asequible y barata, presenta niveles muy altos de mercurio.
“Estamos jodidos todos aquí”, dice Erlin Palacio, que fue minero por muchos años. “Toda la vida siempre trabajé con mercurio. No sabía lo que podía pasarme”.
Niños muertos
Pese a la seria amenaza que pende sobre la salud de los habitantes, no hallé a nadie que le otorgara credibilidad a la reciente noticia de la muerte de 37 niños, la mayoría de Río Quito.
La alarma la prendió el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. La ONG logró que la Corte Constitucional aceptara una tutela señalando al mercurio como el causante de las muertes de los menores de edad.
Pero ni el alcalde, ni el personal médico de Paimadó y de los dos corregimientos principales –Villa Conto y San Isidro–, ni expertos en Quibdó consultados por este diario lo creyeron.
“Que los niños estén contaminados por el mercurio, no voy a decir que no, son los que más les gusta bañarse en el río, pero es falsa esa noticia”, afirma una enfermera de Paimadó, que pide reserva del nombre. “No sabemos de dónde la sacaron. Aquí casi no mueren niños. El año pasado se ahogó uno”.
Aunque los fallecimientos son de los años 2013 y 2014, y se produjeron en comunidades indígenas embera-katío que no siempre acuden a los tres empobrecidos centros de salud del municipio de Río Quito, un número tan alto de decesos no habría pasado desapercibido.
“Es una falsedad, mueren muy pocos menores de edad y lo sabríamos”, añade otra enfermera que trabaja en el municipio desde hace seis años. “Que yo recuerde, unos tres niños murieron por distintas causas en los años pasados.
Lo que sí hemos detectado son brotes en la piel de niños y personas de la tercera edad por el mercurio”.
A Medicina Legal de Quibdó no llegaron los cuerpos para practicarles la autopsia, la Fiscalía no recibió las denuncias y en el Hospital San Francisco no supieron de ningún caso.
“Encontramos mercurio en los peces, pero así los niños tuvieran índices altos, no era para matarlos”, sentencia William Klinger, director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Él mismo participó en el estudio y el resultado lo dejó inquieto. Arrojó que tiene 18 partes por millón en la sangre cuando lo normal sería 0,5. “De las personas analizadas, encontramos al 80 por ciento con niveles de mercurio altos. De ellas, cuatro con niveles dramáticos. Deberían hacer un nuevo examen enfocado a la situación de la región. En algunas zonas como Río Quito nos dejamos coger ventaja”.
Para su hermano, Víctor Klinger, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Quibdó, se “formó un show mediático con lo de los niños y no se han preocupado de estudiar las condiciones de vida de la gente”, que suelen ser lamentables.
“No sé de dónde inventaron esa historia. Muchas personas viven del Chocó, si no hay muertos, no hay trabajo”, protesta la secretaria de Salud departamental, Siris Sánchez Montes de Oca. La funcionaria no sería responsable puesto que las muertes, de haberse producido, ocurrieron en la administración anterior. “Esperamos que actúe el Gobierno Nacional. El Presidente vino hace pocos días, cuando quemaron las dragas. Él conoce la situación”.
Si bien los elevados índices de mercurio en los humanos es un tumor en expansión que hará metástasis y el sistema sanitario no está preparado para afrontarlo, hoy en día no es el principal foco de atención. La malaria, que ha triplicado los casos en Chocó, supone el mayor quebradero de cabeza. El departamento siempre ha sido el más afectado del país.
En Río Quito habitan 8.792 personas y en el reporte oficial de la semana 23, figuran 1.319 con malaria. “Se ha disparado demasiado el problema. Cada vez hay más huecos que deja la minería, excavan y dejan un poco de pozos y la gente no le para bolas a las recomendaciones para evitar que se propague el zancudo. En marzo, en un solo día, reportamos 75 casos”, aseguran en el Centro de Salud de San Isidro. En su vecino Villa Conto, el pico lo alcanzaron el 22 de mayo: 181 enfermos.
A la depredación creciente de la minería ilegal hay que sumar otros factores que agravan la situación en Chocó. Las pobres condiciones de las viviendas, el control territorial de grupos criminales, la corrupción que devora fondos públicos, la ausencia de servicios básicos, las enormes distancias, los altos costos que conlleva trasladar enfermos y realizar brigadas médicas, y unas tradiciones culturales perjudiciales. Con frecuencia acuden a un curandero o un chamán antes que al centro de salud pese a que la malaria solo se puede curar con medicamentos. Por eso, cuando van a la consulta, el enfermo está moribundo.
Para más desgracia, Río Quito ni siquiera recibe regalías y fuentes de empleo estables a cambio de la imparable degradación ambiental. Solo le dejan migajas.
El oro lo venden en otros municipios, los dueños de los ‘dragones’ son foráneos y los empleados de mayores ingresos vienen de fuera. Y un día cualquiera, alguno de sus centros urbanos quedará bajo las aguas porque los mineros borraron con sus gradas y retroexcavadoras meandros del río. “Necesitamos una intervención de largo plazo, no pañitos de agua tibia”, pide el alcalde.
