Mi opinión
El manejo de las poblaciones de vicuñas en la altiplanicie peruana, en especial en los territorios donde se estableció en 1967 la Reserva Nacional Pampa Galeras, en la actualidad Reserva Nacional Pampa Galeras-Bárbara D’Achille (RNPGBA), es una contribución de nuestro país al mundo entero. No lo digo yo, lo han venido afirmado instituciones de prestigio intachable como World Wildlife Fund (WWF) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Y, por cierto, también personalidades de la talla de Marc Jean Dourojeanni, uno de los protagonistas, junto con el recordado Antonio Brack Egg, de la recuperación de una especie que hacia mediados de la década de los años 60 daba signos evidentes de un imparable descenso poblacional.
La historia de esta gesta ha sido narrada, con evidentes toques personales, por Dourojeanni en su monumental “Crónica Forestal del Perú”, un libro fundamental para entender el devenir del conservacionismo nuestro tan lleno de épicas como ésta –o como la que supuso el manejo que se hizo a inicios del siglo pasado de las poblaciones de aves guaneras de nuestro extenso litoral- que no son del todo conocidas por los interesados en la materia.
Dourojeanni en el compendio que menciono relata los esfuerzos emprendidos por el Estado peruano, por lo menos desde 1965 , por salvar a la emblemática vicuña de la extinción, intención apoyada por la cooperación técnica alemana que derivó, años después, en la creación del Proyecto Especial de Utilización Racional de la Vicuña (PEURV), organismo dirigido desde 1978 por Antonio Brack Egg. Dicha oficina, adscrita al Ministerio de Agricultura, fue la que dispuso las medidas de manejo que enfurecieron a Felipe Benavides Barreda, el recordado creador del Parque de las Leyendas, entonces la figura más señera del conservacionismo peruano.
El affaire Vicuña, así lo llama Marc, enfrentó a los jóvenes ambientalistas –el propio Dourojeanni, Brack y al recordado Carlos Ponce del Prado- con los defensores de la vida animal y ese parquismo inicial que entendía a las áreas naturales protegidas que empezaban a establecerse como reservas faunísticas intocables. Los burócratas a cargo de la recuperación de la especie, muchos de ellos molineros, es decir egresados o profesores de la UNALM, habían propuesto, amparados en informes de los cooperantes alemanes, una saca selectiva de vicuñas de Pampa Galeras con el propósito de regular sus poblaciones y generar recursos económicos para las comudidades locales. La medida disgustó a Benavides que se enfrentó a los técnicos a cargo del proyecto, en especial con Antonio Brack, durante largos años.
Campañas periodísticas de grueso calibre y juicios que se prolongaron interminablemente involucraron a los aludidos. Al final, miles de artículos y reportajes trelevisivos de por medio, la razón estuvo del lado de los funcionarios reclutados por el gobierno militar y las poblaciones de vicuñas de Pampa Galeras y zonas aledañas fueron creciendo, a pesar de la arremetida senderista en los ahora lejanos ochenta y noventa, hasta alcanzar los volúmenes que se mencionan en la estupenda crónica de Talía Lostaunau, también molinera, que acaba de publicar Mongabay Latam
Hay que evitar el “vicuñicidio” que se está produciendo en la RNPGBA y hacerlo pronto. Mientras los campesinos de las comunidades donde viven estos camélidos sudamericanos acatan el aislamiento social dispuesto por el gobierno, los cazadores ilegales actúan a sus anchas, esa es la triste realidad en todas partes. Hay que pararla, ya…
Perú: la batalla por salvar a las vicuñas de la caza furtiva en medio de la pandemia
Talía Lostaunau para Mongabay Latam
- A fines de la década de los 60, la especie fue declarada en peligro de extinción por la UICN. Hoy en día, se encuentra en la categoría de Preocupación Menor.
- Sin embargo, la caza furtiva, la misma que diezmó a esta población años atrás, a vuelto a aparecer. Se calcula que 200 vicuñas han sido cazadas por los ilegales durante la pandemia.
“La vicuña es muy importante para mí y para todos los comuneros que vivimos en las zonas altoandinas del Perú. Para nosotros este recurso no es solo importante económicamente, lo es también culturalmente. Nuestros ancestros en la época incaica también aprovechaban este recurso”, dice César Rojas, comunero ayacuchano que lleva más de 27 años aprovechando la fibra de vicuña y que hoy narra sus vivencias sin poder salir de casa.
Cuenta que lo que más extraña es el viento helado de la puna, ese que le corta la piel violentamente mientras camina por los pastizales para monitorear las poblaciones de vicuñas junto a los guardaparques comunales. “La conservación de la vicuña —dice convencido— ha sido una tarea difícil y hasta ahora lo sigue siendo, pero tenemos que entender que para seguir aprovechando su fibra, la columna vertebral es la conservación”.
Al Perú le tomó más de cinco décadas lograr que la vicuña, el animal que representa la riqueza animal en el escudo nacional, vuelva a desplazarse sin temor por las praderas altoandinas que en el pasado fueron tomadas por cazadores furtivos. Un negocio ilegal que casi desaparece a una población que bordeaba los 2 millones de ejemplares y que en su peor momento dejó con suerte a 5 mil vicuñas con vida.
Desde entonces, las comunidades campesinas de Ayacucho se organizaron y aportaron sus conocimientos ancestrales para proteger a esta especie y aprovechar sosteniblemente su preciada fibra. Este esfuerzo se sumó al de guardaparques y conservacionistas que desplegaron una estrategia de conservación para conseguir que la población se recupere hasta alcanzar los 210 mil individuos.
Un logro por donde se vea. Sin embargo, en los últimos días, el fantasma que con tanto esfuerzo lograron espantar, a vuelto a mostrarles su peor cara.
Desde que el Gobierno peruano declaró la cuarentena por la presencia del COVID-19 en el país, la caza furtiva de vicuñas se ha disparado. De acuerdo con los guardaparques locales, se han encontrado los cuerpos de aproximadamente 200 vicuñas regados en el suelo, con casi el 70% de sus pieles arrancadas. Este hallazgo ya fue denunciado ante la fiscalía ambiental de Puquio.
¿Se puede decir que la caza furtiva ha vuelto o es que nunca desapareció del todo?
Décadas de conservación
En las décadas de los 50 y 60, la caza furtiva fue una de las peores pesadillas para las comunidades campesinas. Esta actividad ilegal irrumpió en las praderas altoandinas del departamento de Ayacucho para arrasar con las vicuñas y abastecer a un mercado internacional que demandaba su valiosa fibra.
Mientras más crecía el negocio para estas mafias, más tangible era la posibilidad de que esta especie desapareciera. La caza furtiva así como la competencia entre la especie y el ganado doméstico provocaron una disminución abrupta en una población presente en 16 departamentos del país. El impacto fue tan severo que el número de animales se redujo en un momento a 5 mil.
La vicuña llegó a ser declarada En Peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un escenario trágico del que le costó mucho salir.
No fue hasta que un grupo de conservacionistas preocupado por la situación de este camélido sudamericano decidió impulsar la creación de un área protegida, que la situación empezó a cambiar. En 1967, se creó la Reserva Nacional Pampa Galeras —años más tarde se le agregó el nombre de la reconocida periodista Bárbara D’Achille para honrar su memoria—. La reserva es hasta hoy un referente de la conservación de vicuñas en la región Ayacucho y en los Andes peruanos.
“La reserva es un ícono para nosotros y nos ayuda a seguir impulsando la conservación de la vicuña”, cuenta Rojas, quien cree que de no haberse creado el área protegida no sería posible hablar de las cifras de vicuñas que se manejan hoy. Incluso se atreve a decir, que esta especie no sería más que un vago recuerdo.
Pero para crear la reserva fue necesario convencer a la Comunidad Campesina de Lucanas y a varias otras de que cedieran 6500 hectáreas, terreno entonces dedicado al pastoreo de vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos. Lucanas era propietaria del núcleo de la reserva y aceptó entregar sus tierras a cambio de poder seguir manejando la fibra de las vicuñas.
Años después, cuando compararon el censo de 1965, en el que se reportaba la existencia de 1000 animales, con el realizado cinco años más tarde, las comunidades sintieron que habían tomado una buena decisión. La población pasó a manejar, en poco tiempo, alrededor de 4500 vicuñas.
Las pampas poco a poco empezaron a verse más pobladas. Las asustadizas vicuñas podían correr de nuevo a sus anchas por un espacio libre de amenazas. Todo iba por buen camino. Pero los ochenta irrumpieron en el país con la violencia de Sendero Luminoso (SL). Las comunidades campesinas de Ayacucho fueron duramente golpeadas durante el conflicto armado interno. Los habitantes de Lucanas y guardaparques sufrieron el incendio y destrucción de la sede central de la reserva, así como de varios puestos de vigilancia. Y como suele pasar, un problema arrastra a otro y los cazadores furtivos reaparecieron.
La ausencia de vigilancia entre los años 1983 y 1994 permitió nuevamente la caza de cientos de vicuñas en el área.
No fue hasta que el Gobierno, en 1991, decidió involucrar a las comunidades en las tareas de conservación y permitirles la custodia y aprovechamiento de la fibra, que las cosas recobraron su cauce. Las comunidades de Lucanas empezaron a formar sus propios comités de vigilancia, sacaron a los cazadores y empezaron un negocio sostenible que dura hasta hoy, y que depende del cuidado de más de 17 mil vicuñas (4 mil dentro de la reserva y otras 13 mil en zonas aledañas).
Pero aunque lo hecho indica que siempre han logrado espantar a los cazadores furtivos, esta historia también indica que ante la primera oportunidad, el enemigo reaparece.
La caza furtiva se intensifica
Alrededor de 150 mil familias campesinas están vinculadas de forma directa e indirecta al aprovechamiento de la fibra de vicuña en Perú, según información del Serfor. El país es el primer productor a nivel mundial y Ayacucho la región que encabeza la lista al concentrar el 34% de la producción nacional.
“El aprovechamiento sostenible de la fibra de vicuña impacta mucho sobre la economía de las comunidades locales. En la comunidad de Lucanas, por ejemplo, el dinero obtenido de la fibra de vicuña es usado para mejorar las escuelas, los puestos de salud, sus calles y otra infraestructura”, cuenta Santiago Paredes, jefe de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille. Tan solo la Comunidad Campesina de Lucanas comercializa anualmente una tonelada de fibra, vendiendo cada kilogramo a 320 dólares americanos.
Este escenario en el que la conservación se combina muy bien con la existencia de una actividad que asegura una economía estable a las familias, no es usual. No son muchos los proyectos que han conseguido estos resultados en el país. Y es este trabajo de años el que hoy peligra con la pandemia del COVID-19.
“Estamos pasando por una crisis enorme porque no estamos trabajando. Muchas personas de mi familia han perdido también su trabajo y estamos sin ningún ingreso”, cuenta Rojas con voz preocupada.
La familia de Rojas es una de las miles que se sostienen económicamente con el aprovechamiento de la fibra de vicuña, considerada la más fina y cara del mundo.
A pesar de que la crisis actual y las medidas tomadas por las autoridades peruanas amenazan su economía a corto plazo, Rojas reconoce que el problema podría ser mucho mayor. “Vamos a tener problemas para la comercialización [de la fibra] este año —asegura Rojas—, y más aún, vamos a tener problemas para la conservación de las vicuñas. Si no tenemos ingresos de la fibra, no tendremos dinero para pagarle a los guardaparques de las comunidades”.
“En esta época del año normalmente se reportan este tipo de matanzas. Es probable que, debido a las directivas que ha dado el gobierno nacional para evitar la aglomeración de personas, los delincuentes aprovechen las circunstancias para intensificar su labor delictiva”, señala Alberto Gonzales-Zúñiga, director ejecutivo del Serfor.
Algunos de los comuneros encargados de las tareas de vigilancia se han visto obligados a abandonar sus labores para acatar la cuarentena. Rojas reconoce que el contexto que les toca vivir facilita las actividades ilegales, además, “la región Ayacucho, por su propia geografía, tiene condiciones para que se de la caza furtiva. Por más que hemos tenido guardaparques para cuidar los territorios comunales, siempre hemos tenido este problema”, se lamenta.
La FEMA de Puquio ya visitó la zona. “Ellos han levantado un acta y se ha pasado a una investigación penal. Adicional a ello, nosotros también lo comunicamos al Gobierno Regional, que tiene a cargo el control y vigilancia, para que ellos, en el marco de sus competencias, puedan colaborar”, dice Ana Luisa Calderón, directora de control de la gestión del patrimonio forestal del Serfor. Agrega que también han elaborado un mapa que especifica la ubicación geográfica de los eventos de caza furtiva, así como las rutas que podrían ser utilizadas por los cazadores para el traslado de la fibra. Este mapa ha sido entregado a la FEMA y al Gobierno Regional.
Por ahora, son dos las hipótesis que manejan los funcionarios des Serfor sobre el destino de la fibra extraída ilegalmente: o será vendida en la misma región de Ayacucho o en un mercado negro que involucra al vecino país de Bolivia.
El fiscal de la FEMA de Puquio, Aquiles Padilla, le dijo a Mongabay Latam en una entrevista que ya se abrió una investigación en la que colaboran la Policía Nacional del Perú y la Agencia Agraria de Lucanas, órgano adscrito al Gobierno Regional de Ayacucho. Padilla indica que “se tienen datos de posibles sospechosos, sin embargo esta información es reservada”. Lo que sí precisó el fiscal, es que lo que le espera a los culpables es la cárcel.
Por ahora para Serfor es importante pensar en el papel que deben asumir las rondas campesinas en la zona. “Esto no quiere decir que vamos a prescindir de la FEMA o la policía, es complementario a ellos, pero esta función adicional fortalece a la organización comunal para enfrentar el delito de una manera sostenible”, precisó Gonzales-Zúñiga.
Chaccus con distancia social
Los chaccus no pueden parar. Esta práctica ancestral garantiza el cuidado de las vicuñas: “Vicuña esquilada, vicuña salvada, ese es nuestro lema”, asegura Paredes.
El chaccu ha sobrevivido por varias generaciones y permite el aprovechamiento de la fibra del animal sin dañarlo. ¿Cómo funciona? La escena es recurrente todos los años, entre los meses de mayo y noviembre, temporadas en las que es posible ver a un grupo muy grande de comuneros formando una media luna, cada uno de los participantes avanza sujetando una única soga entre las manos, que lleva atada cintas de colores, y camina o corre para arrear a las vicuñas. Poco a poco las personas se van juntando, hasta estar muy pegadas y formar una suerte de embudo humano que acaba en un corral al que ingresarán las vicuñas para ser desparasitadas y esquiladas.
Esta práctica no debería suspenderse porque es clave para ahuyentar a los cazadores: si las vicuñas han sido esquiladas, pierden todo valor para los traficantes. Pero en el contexto actual, los comuneros se preguntan si podrán hacerlo.
Al año se realizan aproximadamente 14 chaccus tan solo dentro de la reserva. En cada uno participan alrededor de 40 personas. El gran número de habitantes que congrega, así como la proximidad entre las mismas, es lo que podría convertirse en un foco de contagio.
Rojas, sin embargo, cree que existen formas para lograr que los chaccus se realicen de una manera segura. “Normalmente, [los chaccus] se hacen desde fines de mayo hasta noviembre. Estamos tratando de que las capturas y esquilas sí se den, pero en los meses de setiembre, octubre y noviembre. Si el protocolo es aprobado en agosto, podríamos hacerlo … Nos hemos reunido con Serfor y ahora están en el proceso de elaboración del protocolo”.
Gonzales-Zúñiga de Serfor señala que están trabajando con las comunidades y el Ministerio de Salud para tomar una decisión al respecto. “Una de las últimas ideas que ha surgido hablando con los gremios —precisa el funcionario— es la de elaborar un protocolo conjuntamente que haga posible que se respete la normatividad y exigencias establecidas por el Ministerio de Salud. Así, [los chaccus] podrían ser adelantados al mes de agosto”.
Todos concuerdan en que será vital para realizar los chaccus respetar el distanciamiento social y el uso de equipos de protección personal. Entre las opciones que se evalúan es que este año cada chaccu se realice con menos cantidad de personas y que todas usen mamelucos, mascarillas, protector facial, es decir, un equipo completo descartable.
El chaccu no solo es necesario para detener la caza, también las enfermedades en las vicuñas. En los últimos años se ha observado la presencia de sarna en los animales, problema que demanda seguimiento y una continua atención. “El no realizar los chaccus haría que no tengamos datos precisos sobre la incidencia de la enfermedad en la población de la especie. Además, no se les podría dar el tratamiento recomendado, que consiste en el aislamiento de las vicuñas enfermas y, posteriormente, un tratamiento con ivermectina,” cuenta Paredes.
A pesar de que tanto las comunidades campesinas como las autoridades están trabajando para lograr que los protocolos sean aprobados con celeridad, la cacería furtiva es ya una realidad.
Imagen principal: Guillermo Poma García, guardaparque del cerco permanente de Iruro (perteneciente al distrito de Lucanas) y técnico supervisor de la Agencia Agraria de Lucanas durante las inspecciones en campo. Foto: archivo de la Sociedad Regional de la Vicuña Ayacucho.
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