Mi opinión
En principio, totalmente de acuerdo con una reglamentación que autorice a los particulares (que pueden ser, de acuerdo con la lógica, empresas responsables, asociaciones privadas, comunitarias y hasta oenegés) a gestionar, a partir de un contrato con el Estado, los bienes patrimoniales de la Nación que por impericia y/o falta de presupuestos permanecen a la buena de dios, impidiendo su apropiada puesta en valor y adecuado uso público. Ejemplos, miles, a borbotones, no hay que ser muy avispados para observar el abandono de nuestro patrimonio cultural, en todas las regiones, debido a la inopia de los ministerios y gobiernos regionales para administrar los testimonios materiales que heredamos de los que nos antecedieron, que según la información oficial alcanza los 31 mil activos culturales (Sic). Permitir que el capital y la experticia privada participen en la gestión de nuestro patrimonio cultural es un grandísimo paso adelante en la tan necesaria modernización del Estado y la utilización de estos para el disfrute de la ciudadanía y el consecuente desarrollo de actividades económicas, una de ellas el turismo, que hagan posible la mejoría en la calidad de vida de las poblaciones locales. De eso se trata, ¿no? De que las piezas más importantes de nuestro pasado, bien gestionadas, nos devuelvan identidad y los recursos económicos para paliar la pobreza que siguen golpeando a los peruanos más vulnerables y mirar el futuro con optimismo. Voy a revisar el contenido de la propuesta del Decreto Legislativo que ha puesto en consideración de la opinión pública el gobierno del presidente Balcázar para evitar el gato por liebre al que nos tienen acostumbrados los gobernantes de ocasión. Por eso es necesario que la norma sea aprobada luego del debate público. Soy de los que creen que la gestión del patrimonio cultural y natural que tenemos -y qué es infinito, por adjetivarlo de alguna manera- debe estar en manos de personas e instituciones que han demostrado solvencia profesional y heterodoxia en estos menesteres. Y que tenemos la obligación de modernizarnos, derribar dogmas y empezar a confiar en los agentes económicos (sensatos) y en la inversión privada (responsable).
Tomado de Infobae. Foto Qhapaq Ñan / Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura presentó el proyecto de reglamento del Decreto Legislativo N.° 1699, que desarrolla el marco para autorizar la participación privada en la gestión, conservación y servicios culturales asociados a bienes públicos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
El documento, publicado para consulta ciudadana, detalla procedimientos y criterios para identificar, priorizar y supervisar proyectos bajo mecanismos como Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), siempre bajo la rectoría y supervisión estatal.
Según el Ministerio, la nueva regulación busca “fortalecer la puesta en valor, acceso y sostenibilidad” del patrimonio, sin que el Estado pierda la titularidad ni el control de los bienes culturales.
| Dicho por aquí: Hay que seguir encontrado ideas novedosas para salvar de la destrucción nuestro impresionante patrimonio cultural. 18/8/2016 |
Un problema de escala: 31 mil monumentos y presupuesto insuficiente
El diagnóstico oficial reconoce una brecha estructural: el Estado enfrenta una limitada capacidad para conservar y gestionar más de 31,000 bienes culturales públicos.
En 2024, el presupuesto total para el sector Cultura alcanzó los S/ 737,9 millones, de los cuales solo S/ 190,4 millones se destinaron a inversiones, lo que representa apenas un 25% del total.
“Las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles”, advierte el Ministerio de Cultura.
La falta de financiamiento y mecanismos modernos ha impedido que muchos monumentos y sitios arqueológicos reciban intervenciones técnicas y sostenidas. El Ministerio de Cultura afirmó que el reglamento no autoriza la privatización ni la venta de bienes culturales públicos y limita la inversión privada a proyectos compatibles.
La propuesta: inversión privada regulada sin pérdida de control estatal
El reglamento del Decreto Legislativo N.° 1699 implementa un marco especializado para promover la inversión privada como complemento, no sustituto, de la gestión pública. Necesariamente, la autorización tendría que pasar por ProInversión.
| Lo dijimos por aquí: Lo importante ahora no pasa por construir más museos, que son tan necesarios o hacer de las invitaciones a una feria literaria el ring público donde se dirimen las “tristes querellas de la vieja quinta”, parafraseando a Ribeyro; lo trascendente tal vez sea refundar un ministerio de Cultura (o de las Culturas) que tenga la capacidad y la fortaleza de hablarle al país de la importancia de su patrimonio y de las industrias culturales que han nacido detrás o al lado de ese tremendo activo cultural que tiene que posicionarnos en el concierto de los pocos estados multiculturales y biodiversos en este mundo estúpidamente global y suicida. Esa tarea es un pendiente del Estado nacional: no se ha hecho mucho a pesar de las invocaciones de Basadre, Arguedas, Rostworowski y tantos otros maestros y maestras de la peruanidad. 17/11/2021 |
El Estado mantiene la propiedad, protección y función social de los bienes, mientras que los privados pueden participar en proyectos de restauración, gestión, servicios culturales y aprovechamiento sostenible, siempre bajo condiciones estrictas y “compatibilidad cultural”.
La iniciativa responde al reconocimiento de que la acción estatal, hasta ahora, ha sido “fragmentaria y casuística” y carecía de reglas claras para la cooperación con el sector privado.
Más info en Walter Alva: “La clase política no ha tomado conciencia de lo que significa el patrimonio cultural”
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El Ministerio de Cultura presentó el reglamento del Decreto Legislativo 1699 para autorizar la participación privada en la gestión y conservación del Patrimonio Cultural de la Nación. (Foto: Agencia Andina)
Las APP se aplicarán cuando el proyecto requiera gestión integral, operación, mantenimiento o prestación continua de servicios culturales.
Por ejemplo, una empresa podría modernizar y operar un museo estatal, gestionar servicios de interpretación o restaurar un monumento, pero siempre con planes de reinversión y bajo fiscalización técnica del Ministerio de Cultura.
Los Proyectos en Activos se orientan al aprovechamiento compatible de un bien cultural, como habilitar espacios para actividades culturales o servicios complementarios (cafeterías, etc), sin gestión integral ni transferencia de propiedad.
El reglamento introduce modelos estandarizados, diagnóstico obligatorio y monitoreo permanente. Esto permite “uniformizar, controlar y dar predictibilidad” a la gestión público-privada, según la exposición de motivos.
La derogación de la antigua Ley 29164 elimina trabas burocráticas y da paso a un modelo moderno, con procedimientos sectoriales claros y mecanismos de rendición de cuentas.
La propuesta establece que el Estado conserva la propiedad, la protección y la función social de los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación. EFE/ Paolo Aguilar
Machu Picchu y Kuélap, fuera del alcance de los convenios privados
El Ministerio de Cultura excluyó explícitamente los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de los convenios de administración con privados.
Sitios emblemáticos como Machu Picchu o Kuélap no podrán ser gestionados bajo APP, Proyectos en Activos ni convenios de administración privada, según el marco propuesto.
La norma establece que estos mecanismos solo aplican a bienes públicos que no cuentan con esa protección internacional, reforzando el compromiso con la preservación y la función social del patrimonio.
En 2024, el sector Cultura tuvo un presupuesto de S/ 737,9 millones y destinó S/ 190,4 millones a inversiones para bienes culturales.
Un cambio de lógica en la gestión patrimonial estatal
La propuesta reglamentaria no modifica el régimen de protección, ni autoriza la privatización ni la venta de bienes culturales públicos.
Así, el Estado busca sumar capacidades técnicas y financieras del sector privado bajo reglas estrictas, con el objetivo de transformar la gestión patrimonial en un proceso “continuo, sostenible y controlado”.
Según el Ministerio de Cultura, este modelo permitirá que la puesta en valor del patrimonio deje de ser una intervención aislada y se convierta en una política pública sostenida y articulada bajo interés general.
