Mi opinión
Hay que decirlo en voz alta: la destrucción de los bosques amazónicos del Perú, más allá de las buenas noticias de las agencias que indican que el ritmo anual de deforestación ha venido decreciendo en los últimos cinco años, no se detiene.
De acuerdo a las cifras del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Peruana (MAAP), solo el año pasado se perdieron 143 425 hectáreas de bosques en toda la Amazonía, siendo los departamentos de Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, Amazonas y San Martín los más impactados.
El siguiente reportaje publicado en la agencia de noticias Mongabay Latam pasa revista al interesante proceso de Zonificación Forestal que inició la región San Martín que de no mediar cambios bruscos en la agenda regional concluirá este año.
En el centro poblado de Las Palmas, en la provincia de Bellavista, departamento de San Martín, las horas se suceden unas a otras, sin mayor prisa. Los hombres, campesinos en su mayoría, han salido esta mañana al campo para apoyar a los técnicos del Gobierno Regional que llegaron hasta este borde del Parque Nacional Cordillera Azul con el propósito de tomar unas muestras de tierra que definirán, hechos los análisis correspondientes, la vocación forestal de los bosques que conforman el paisaje que avistamos.
En Las Palmas y también en los caseríos próximos de El Challual, Selva Andina, Flor de Café o Nuevo Paraíso, los adultos con los que hablamos, todos, nacieron invariablemente en Cutervo, en Chota, en Celendín, localidades emblemáticas del vecino departamento de Cajamarca.
Han sido y son agricultores. Tal vez por ello en estos parajes de la exuberante Amazonía peruana, el bosque primario ha ido cediendo espacio a los cultivos de café, cacao, maíz, arroz y otros productos de pan llevar.
En el distrito del Biavo, en plena Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, un área protegida de más de 1,3 millones de hectáreas que se extiende por cuatro regiones: Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali, quién lo diría, las montañas cargadas de nubes pierden su verdor característico -y la extrema biodiversidad que ha llamado la atención de la ciencia- por acción y omisión de una agricultura descontrolada.
La tierra prometida
Desde la construcción de la promocionada carretera Marginal de la Selva, hace más de cincuenta años, la deforestación y el cambio de uso de la tierra han sido una constante en el departamento de San Martín, históricamente la región más “desboscada” de un país cuyas inmensas coberturas forestales lo ubican en el noveno puesto en el mundo en cuanto a extensión de bosques se refiere.
Y en el segundo lugar, después de Brasil, entre los países de la cuenca amazónica.
Pese a tan notables pergaminos, la deforestación en San Martín, según los cálculos más optimistas, alcanzó el año 2000 la astronómica cifra de 1’926,418 hectáreas. Al iniciarse el nuevo milenio, podríamos admitir sin exageraciones, que casi la mitad de los bosques sanmartinenses se habían convertido en campos de cultivos o en tierra baldía.
Hay que decirlo en voz alta: la destrucción de los bosques amazónicos del Perú, más allá de las buenas noticias de las agencias que indican que el ritmo anual de deforestación ha venido decreciendo en los últimos cinco años, no se detiene.
De acuerdo a las cifras del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Peruana (MAAP), solo el año pasado se perdieron 143,425 hectáreas de bosques en toda la Amazonía, siendo los departamentos de Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, Amazonas … y San Martín los más impactados por una por una deforestación que podría impedir que el Perú cumpla, de continuar las cosas como siguen, con los compromisos que asumió al firmar el Acuerdo de Paris del 2015.
Según el Programa Bosques del Ministerio del Ambiente en el Perú, la deforestación por tala ilegal y cambio de uso del suelo es el causante del 47 % de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que producimos como país. ¿Cómo parar la destrucción de los bosques amazónicos en un contexto de acelerados flujos migratorios y cambio en el clima regional?
Ordenar el territorio
A un lado de la trocha de ingreso a Las Palmas, un gigantesco campo de arroz en lo que alguna vez fue un aguajal (una asociación de palmeras aguaje, Mauritia flexuosa, hábitat preferido por guacamayos, jaguares, sachavacas y otros habitantes del bosque tropical) interrumpe la visión de la Cordillera Azul, la última estribación andina en sumergirse en la floresta amazónica.
Don Leoncio Leiva, agente municipal en el centro poblado, un mocetón de edad indefinida y fuerte como una lupuna, refiere que llegó de Cutervo con su familia hace siete años. Desde entonces desbroza el bosque para sembrar de todo: café, naranjas, cebollas, maníes, tomates, frejoles, choclos. Su chacra, donde juegan sus tres hijos y se apiñan las gallinas, parece salida de una postal de la rumorosa campiña cajamarquina.
Esta mañana Leoncio es uno más de los más animosos del grupo de ocho pobladores locales que se ha internado en la selva para acompañar a los tres técnicos que llegaron de Moyobamba, la capital departamental, para, eso les dijeron, “determinar lo que se puede hacer con los bosques que todavía quedan en pie”.
“Hemos venido a impulsar con ustedes, les aclara Ling Fababa, el ingeniero a cargo del trabajo, el proceso de zonificación forestal que está llevando a cabo el Gobierno Regional de San Martín, ¿saben qué es eso?”. El silencio se apodera de la improvisada reunión. “Muy fácil, continua Ling, se trata de definir de manera técnica y con la participación de cada uno de ustedes, las alternativas de uso productivo que tienen estos bosques y la fauna que se encuentra dentro de ellos”.
Para Leoncio y sus compañeros de faena la situación empieza a aclararse. Aunque la agricultura y la madera de sus bosques han sido su principal actividad económica, es cierto también que la preocupación por el agotamiento de los recursos y los cambios que se sienten en el clima de la tierra que ocupan ha ido creciendo.
La zonificación forestal que se ha empezado a trabajar en todo el departamento de San Martín, cuenta a Mongabay el ingeniero Fababa, es una herramienta de planificación y uso del territorio que por primera se construye de manera participativa en una región amazónica. “Bien utilizada nos va a servir también para detener la destrucción de los bosques y frenar la migración descontrolada”, concluye.
Los equipos técnicos del Gobierno Regional, gracias al apoyo del Servicio Forestal y Fauna Silvestre – Serfor, la institución encargada de acuerdo a ley de liderar en todo el Perú el proceso de Zonificación Forestal en marcha en el país, han realizado a la fecha 558 calicatas – las excavaciones de terreno que se necesitan para observar los distintos estratos del suelo y tomar las muestras que determinarán su uso forestal- en diferentes zonas del departamento cubriendo de esta manera 1’511,679.59 hectáreas en toda la región. Un esfuerzo notable que si se suma al trabajo realizado con anterioridad por el Ministerio de Agricultura alcanzaría los 3 millones de hectáreas boscosas en todo San Martín.
¿Por qué zonificar una región devastada por la agricultura?
De vuelta en Moyobamba buscamos al ingeniero Neisser Bartra, gerente de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de la región San Martín para conocer los detalles del trabajo que observamos en las proximidades de Cordillera Azul. Bartra nos comenta que el proceso de zonificación forestal en la región se inició en el 2014 pero que ha sido recién el año pasado cuando tomó el impulso definitivo.
Se trata en palabras de un ingeniero forestal nacido y formado en San Martín de un proceso complejo y novedoso que busca ordenar el uso de los bosques con el objetivo de generar riqueza para las poblaciones locales desde un enfoque de planificación y sostenibilidad del territorio. “En San Martín hemos entendido, comenta, que el productor agrícola, sea amazónico o migrante, no importa el caso, es un actor al que hay que transferir tecnología forestal para que utilice apropiadamente el bosque”.
Para los profesionales de la Autoridad Regional Ambiental la región San Martín, pese a las cifras de la deforestación que hemos destacado, continúa siendo una potencia forestal. “Perdimos a nivel regional dos millones de hectáreas, concluye el gerente de la ARA, es cierto: pero tenemos tres millones de hectáreas más con coberturas boscosas en buen estado que bien utilizadas podrían generar desarrollo para la gente. Con transparencia forestal, apoyo técnico y decisión política lo vamos a lograr”.
Cerca a la oficina del ingeniero Bartra nos encontramos con Oswaldo Juep, joven dirigente awajún que representa a los pueblos indígenas de la región en el Comité Técnico encargado de supervisar el proceso de zonificación que lidera el Gobierno Regional. Los awajún, un pueblo originario cuyos territorios ancestrales fueron los primeros en sufrir los embates de la oleada migratoria que propició la construcción de la Marginal de la Selva -el segmento más importante del eje vial Interoceánica Norte de nuestros días- vienen luchando denodadamente por recuperar el manejo tradicional sobre sus tierras comunales y la autonomía plena sobre sus bosques.
Juep nos ayuda a entender el proceso de resistencia cultural de su pueblo. “Los awajún estamos luchando por la titulación de nuestros territorios, la seguridad jurídica sobre nuestras tierras comunales es fundamental para sobrevivir como nación”, dice. “Por ello participamos en este proceso de ordenamiento forestal: los migrantes no entendieron nuestra manera de concebir el bosque y nosotros nos dejamos arrastrar por un modelo de agricultura impuesto desde afuera. Todos nos equivocamos”.
Para este muchacho de hablar claro y mucha convicción, si en la región San Martín se hubiera desarrollado, cuando se inició la migración, un ejercicio de planificación forestal como el que ahora se está ejecutando los bosques que se perdieron todavía estarían en pie.
Una Amazonía para todos
Esa misma convicción es la que está definiendo el carácter que ha tomado la discusión sobre el cambio climático en los foros internacionales que se crearon para dar solución a una crisis de impostergable tratamiento. Cada vez hay más evidencias científicas que indican que la planificación del territorio amazónico, junto con el reconocimiento de los saberes tradicionales de sus pueblos originarios y la seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan, detienen la deforestación contribuyendo a garantizar la estabilidad climática global que se busca.
Un reciente informe que reproducen la ONG Ecociencia de Ecuador y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), refiere que del total de la deforestación acumulada en la Amazonía al 2015 (cerca de 85 millones de hectáreas) apenas un 8% se produjo en los bosques ocupados por los pueblos indígenas. Fuera de estos territorios, prosigue el trabajo, se produjo en cambio el 88% de la devastación forestal que aflige a la cuenca sudamericana.
Para James Leslie, Asesor Técnico de Ecosistemas y Cambio Climático del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el capital natural que existe en países como el nuestro es clave para sostener los medios de vida que necesitan sus poblaciones, sobre todo las más vulnerables, para salir adelante. Gestionar con ellos ese capital es una garantía para el desarrollo humano y la adecuada adaptación a los cambios climáticos en ciernes.
El PNUD ha sido la organización elegida para ejecutar la implementación de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), un acuerdo de cooperación voluntario entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania que busca generar un mecanismo de incentivos para reducir significativamente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por deforestación de bosques en el Perú.
El proyecto PNUD – DCI, que lidera el Gobierno Regional San Martín, con el apoyo técnico del Serfor, tiene entre sus objetivos la elaboración del expediente técnico para la zonificación forestal la región San Martín que deberá aprobar, si todo marcha como hasta ahora, el Ministerio del Ambiente.
Parece complicado pero se trata de un trabajo milimétricamente diseñado para que el esfuerzo de las instituciones regionales y nacionales involucradas beneficie realmente a la gente de a pie. “La tensión entre la población residente y los migrantes recientes, comenta Leslie, puede solucionarse si planificamos de mejor manera el territorio, reconocemos los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre sus tierras y fortalecemos las áreas de conservación en sus diferentes categorías”.
La zonificación forestal y el proceso de titulación de las tierras indígenas que se está implementando en San Martín busca ese cometido, fue lo primero que nos dijo Rotland Réategui, vice gobernador de la región San Martín, un amazónico con mucha experiencia en desarrollo rural, durante la reunión que tuvimos en su despacho.
“El cambio en el clima regional está afectando a los agricultores, en especial a los arroceros de la provincia de Bellavista, comenta, y cuando esto ocurre la presión sobre los bosques aumenta”.
Reátegui es uno de los defensores más celosos del enfoque Producción-Protección-Inclusión que su región ha venido desarrollando en los últimos años, un modelo de gestión territorial basado en la deforestación cero y el apoyo a los negocios ecosostenibles, lo que algunos llaman la economía verde. Las propuestas del gobierno regional que representa han servido de insumo para la elaboración de la llamada Declaración de San Martín, un compromiso asumido por los gobiernos amazónicos en agosto pasado cuyo objetivo es lograr un desarrollo bajo en emisiones que favorezca la construcción de ciudades y territorios sostenibles.
Rotland Reátegui acota: “Queremos preservar nuestra biodiversidad, ese es el objetivo fundamental de nuestra administración, para nosotros la zonificación forestal es una de las herramientas más importantes que tenemos a la mano para capitalizar nuestros recursos”.
Y detener la pérdida de los bosques. La información satelital recogida por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Peruana precisa que en el noreste de la región San Martín se perdieron en los últimos meses del año pasado 740 hectáreas de bosques debido a la puesta en marcha de una nueva planta de palma aceitera.
Una mirada sostenible para un nuevo país
Ya en Lima nos tomamos el tiempo de visitar a Beatriz Dapozzo, Directora de la Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento del SERFOR y a Diana Rivera, la coordinadora nacional del proyecto PNUD-DCI, dos profesionales completamente comprometidas con el proceso de elaboración de una herramienta de gestión cuyo cumplimiento es obligatorio, lo señala la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763 en vigencia desde el 2015), en cada una de las 25 regiones del Perú.
“Es la primera vez que nuestro país pasa por un proceso de ordenamiento forestal como éste, indica a Mongabay Latam la funcionaria del SERFOR, y resulta sumamente importante que en la planificación y ejecución del mismo se haya tomado en cuenta la situación ambiental del país en un contexto de cambio climático”. Al cierre del ejercicio anual del 2017 catorce gobiernos regionales habían emitido sendas resoluciones de inicio del proceso; 7 estaban siendo capacitados para empezar el trabajo técnico y participativo y cuatro -Ucayali, San Martín, Loreto y Junín- se encontraban en pleno proceso de zonificación.
Diana Rivera agrega que San Martín va a ser la primera región a nivel nacional en culminar el proceso de Zonificación Forestal, lo que le permitirá a la región contar con el íntegro de su territorio debidamente zonificado para su uso apropiado y el aprovechamiento forestal que se necesita. “Con ese instrumento en manos de la región, con derechos de aprovechamiento forestal debidamente reconocidos y planes de vida construidos desde las propias comunidades se pueden alcanzar niveles de desarrollo adecuados”, concluye.
La zonificación ambiental, al proveer información técnica sobre las potencialidades y limitaciones de los bosques con los que cuenta una región, sienta las bases para asegurar la adecuada conservación y el uso sostenible de muestro patrimonio forestal y de fauna silvestre. El ordenamiento territorial y la planificación resultan antídotos poderosos contra la ocupación indebida del territorio.
Una región biodiversa
Cordillera Azul. El nombre de este parque nacional biodiverso y extraordinario, en cuyo interior viven todavía poblaciones en aislamiento voluntario, está ligado al trabajo de dos instituciones científicas de reconocido prestigio en los Estados Unidos, la Universidad Estatal de Luisiana y el Museo Field de Historia Natural de Chicago.
En 1996 una expedición de la universidad de Luisiana dirigida por el famoso ornitólogo John P. O’Neill registró por primera vez para la ciencia al Barbudo de Franja Escarlata (Capito wallacei), ave endémica y símbolo viviente del Parque Nacional Cordillera Azul.
En 1999, alertados por las noticias sobre la extrema biodiversidad de la región conocida entonces como Biabo-Cordillera Azul, científicos del museo de Chicago con la colaboración de investigadores peruanos, realizaron en el área norte un inventario biológico rápido (Rapid Biological Inventorie), cuyos resultados y cifras sorprendieron a la comunidad científica: el transecto inventariado durante las tres semanas de trabajo de campo reportó la presencia de 71 especies de mamíferos, más de 500 de aves, 82 especies de reptiles y anfibios, más de 1600 plantas vasculares y el hallazgo de 29 especies de seres vivos nunca antes reportados para la ciencia.
Un año después de realizado el inventario, el Estado peruano estableció la Zona Reservada Cordillera Azul y al año siguiente, en el 2001, creó el Parque Nacional Cordillera Azul.
Lo interesante del caso es que en una de sus zonas de amortiguamiento, justamente la que recorrimos acompañando a la brigada de zonificadores en Las Palmas, en una zona próxima al centro poblado de Flor de ,Café , se registró la presencia de una nueva especie aviar para el Perú, el llamado por sus descubridores Hormiguero de Cordillera Azul (Myrmoderus eowilsoni).
Increíblemente, las tres últimas especies en sumarse a la nutrida lista de aves del Perú: el Barbudo de Franja Escarlata, el Hormiguero de Cordillera Azul y el Saltarín Pintado (Machaeropterus eckelberryi), han sido halladas dentro de los linderos o en las periferias de Cordillera Azul, allí donde se ha detenido, al menos por el momento, el avance de la migración.
“La lucha contra la deforestación es constante en todas las áreas con las que limita el Parque Cordillera Azul”, advierte la bióloga Tatiana Pequeño, directora del Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), una institución que viene apoyando desde el año 2002 la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul. Pequeño sostiene que “la batalla para que no se transformen los bosques que cuidamos en tierras agrícolas la venimos dando desde hace diecisiete años”.
El año 2008, CIMA asumió junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) la co-administración del área protegida, con el compromiso de conservar su riqueza natural, promover la investigación científica e impulsar el desarrollo de las poblaciones locales.
“Hemos realizado en el marco de nuestro trabajo, continúa la bióloga, un proceso de Zonificación Participativa Comunal que sirvió para detener parcialmente la deforestación en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional. Sin embargo, seguimos enfrentados a traficantes de tierras que se aprovechan las necesidades de una población mayoritariamente campesina para destruir el bosque”, dijo la experta.
Epílogo
La zonificación forestal que se viene llevando a cabo en la región San Martín, una vez aprobada, puede convertirse en un instrumento poderoso para que las autoridades y las fiscalías ambientales detengan un fenómeno social que hace mucho tiempo colisiona con el desarrollo de la ciencia y el cuidado de los recursos naturales de la Amazonía peruana.
“Estamos tratando de frenar, como gobierno regional, la deforestación, vuelvo a Rotland Reátegui, el vice gobernador de la región San Martín, se trata de una lucha titánica: la presión por nuevas tierras para fines agrícolas y explotación maderera, sin planificación y de manera compulsiva, la estamos dando en varios frentes”.
Hacía alusión el Reátegui a las denuncias que han hecho los directivos del Comité de Gestión del Bosque de Protección Alto Mayo, un área protegida de 200 mil hectáreas de extensión donde nacen los principales ríos de la provincia de Rioja y Moyobamba, sobre la presencia al interior del bosque de protección de traficantes de tierras y elementos de mal vivir que estarían introduciendo “cultivos ilícitos” en zonas prácticamente liberadas del control del Estado.
“Pareciera que están decididos a todo en su afán de seguir depredando, prosigue la autoridad regional. En la comunidad nativa kewcha de Santa Rosillo de Yanayacu, un grupo minoritario de pobladores, comuneros obviamente, alentados quizás por las promesas de madereros ilegales, están exigiendo la privatización de las tierras comunales”.
Para Reátegui y los técnicos de los diferentes ministerios, gobiernos locales, del propio Gobierno Regional de San Martín involucrados en el proceso de zonificación descrito; para los brigadistas que participaron en la recolección de las muestras, para la población que se beneficiaría con el ordenamiento territorial en curso, migrantes muchos de ellos, la solución a los problemas suscitados por el cambio de uso de la tierra y la deforestación pasa por la construcción de un modelo de desarrollo que entienda al bosque de otra manera .
Lo escuchamos alguna vez en las comunidades awajún del Alto Mayo: allí sus mujeres, las nuwas, nos dijeron con una seguridad transmitida por los ancianos: que para ellas “el bosque lo es todo, es nuestra farmacia, nuestro mercado, nuestra ferretería, en el bosque encontramos los bienes que nos permiten vivir”.
25/3/2018
