Mi opinión
Interesante, muy interesante este pronunciamiento de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas – APETUR, el gremio que representa a las agencias de viaje (mayoristas y minoristas), tour operadores, empresas de transporte turístico, guías y establecimientos gastronómicos y hoteleros del sector turismo peruano, en relación a la suspensión ordenada por las autoridades competentes del servicio de tubulares en los contornos de la laguna de Huacachina. Estoy de acuerdo en lo sustantivo con los argumentos que expone APETUR, la única organización sectorial, dicho sea de paso, presente en la Mesa Técnica para el Desarrollo Turístico Seguro en el ámbito del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina convocada en el 2025 por el MINCETUR para abordar la crisis de seguridad, informalidad y vacíos legales que rodean a los deportes de aventura y el transporte en carros tubulares en el destino iqueño.
Para el gremio instituido en el 2020 la formalización de las empresas de tubulares debiera ser el paso fundamental para organizar las actividades en vehículos motorizados en las dunas de la Huacachina, uno de los tantos componentes de la cadena de valor del turismo en Ica, que por lo que hemos visto la semana pasada durante nuestra visita a la región se nota cada vez más sólida y creciente.
Creer, entonces, que suspendiendo el uso de los tubulares se solucionan los problemas que se han creado en Huacachina es pecar de ingenuos. Como lo hemos editorializado por aquí, cuando se suspenden (o se cierran) las actividades en un destino -o territorio- toda la cadena de valor que con tanto esfuerzo se creó se rompe; vale decir, se quedan sin trabajo y sin ganancias cientos, a veces miles de personas involucradas en el negocio. Sí, negocio. Lo mismo sucede, pero más lenta y visiblemente, cuando la informalidad, y a veces la ilegalidad, se apoderan de un espacio turístico para imponer sus propias condiciones. Ese mal es un mal que está creciendo como la espuma en un país cuya economía depende en un 70 por ciento, o más, de la informalidad y todas sus variantes, y en el que la autoridad -local, regional y nacional- no sabe cómo ponerle freno. O simplemente la alienta.
Por eso es por lo que resulta urgente resolver la crisis de la Huacachina a través de lo que se discuta y decida en esa mesa de trabajo creada para tal efecto (a la que el ministro del MINCETUR, que sabe muy bien en lo que han terminado las sucesivas crisis en Machu Picchu, debería respaldar con todo empeño y convencimiento).
Y hacerlo escuchando a las partes… y, sobre todo, haciendo que estas cedan un tanto en sus pretensiones, sabiendo que “machupichurizar” el conflicto; es decir, encausarlo imponiendo soluciones de coyuntura o ampliando ad eternum los plazos para la formalización -los propietarios de los tubulares y también APETUR en su comunicado hablan de plazos razonables- podría solo servir para introducir una suerte de REINFO en un sector a punto de explotar como consecuencia de su propia crisis de crecimiento. A tomarlo en cuenta y con celeridad, cuando las bombas son desactivadas a tiempo ganamos todos.
Por Asociación Peruana de Empresas Turísticas – APETUR
Durante años, los vehículos tubulares han formado parte de la experiencia turística asociada a Huacachina y al desierto de Ica. Para miles de visitantes, nacionales y extranjeros, recorrer las dunas y practicar sandboard no constituye simplemente una actividad adicional: forma parte de la imagen que proyecta este destino.
Hoy, sin embargo, esta actividad atraviesa uno de sus momentos más complejos. Accidentes, informalidad, deficiencias en la fiscalización, cuestionamientos sobre las condiciones técnicas de determinados vehículos y la necesidad de proteger el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina han colocado nuevamente a los tubulares en el centro del debate público.
La pregunta que debemos hacernos como sector no es solamente qué está ocurriendo con los tubulares. Existe otra, mucho más importante para el futuro del destino:
¿̲Q̲u̲é̲ o̲c̲u̲r̲r̲i̲r̲í̲a̲ c̲o̲n̲ e̲l̲ t̲u̲r̲i̲s̲m̲o̲ d̲e̲ I̲c̲a̲ s̲i̲ e̲s̲t̲a̲ a̲c̲t̲i̲v̲i̲d̲a̲d̲ d̲e̲s̲a̲p̲a̲r̲e̲c̲i̲e̲r̲a̲ d̲e̲f̲i̲n̲i̲t̲i̲v̲a̲m̲e̲n̲t̲e̲?̲
𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐢𝐳𝐚𝐫𝐬𝐞
Defender la importancia económica y turística de los tubulares no significa ignorar los problemas existentes.
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La Contraloría General de la República informó en febrero de 2026 que aproximadamente 300 vehículos tubulares circulaban en las dunas y advirtió deficiencias en los mecanismos de supervisión, fiscalización y control dentro del Área de Conservación Regional. También señaló que la mayoría de las unidades identificadas eran de fabricación artesanal y no contarían con los permisos correspondientes.
Los antecedentes en materia de seguridad son igualmente graves. En julio de 2026, Indecopi informó sobre una sanción en primera instancia administrativa contra dos empresas por incumplimientos al deber de seguridad vinculados al accidente ocurrido en mayo de 2025, en el que falleció una turista extranjera.
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Precisamente por esta problemática, el Estado constituyó la Mesa Técnica para el Desarrollo Turístico Seguro en el ámbito del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, orientada a encontrar soluciones en materia de seguridad, formalización y fiscalización. APETUR participó en este espacio en enero de 2026 presentando propuestas frente a la problemática.
Por tanto, resulta evidente que mantener la actividad exactamente como funcionaba anteriormente no es una alternativa responsable.
Pero tampoco deberíamos asumir que eliminarla es necesariamente la solución.
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐈𝐜𝐚?
El tubular no debe analizarse únicamente como un vehículo. Desde la perspectiva turística, constituye parte de una cadena de valor.
Un visitante que llega a Huacachina para vivir la experiencia del desierto también utiliza transporte turístico, consume en restaurantes, compra productos locales, contrata agencias y operadores, puede hospedarse en Ica y adquirir otras experiencias vinculadas con bodegas, viñedos, gastronomía, Paracas o las Islas Ballestas.
Por eso, cuando una actividad con capacidad de atraer visitantes desaparece, sus consecuencias potenciales no terminan en quienes la operan directamente.
Pueden extenderse hacia agencias de viajes, guías de turismo, conductores, restaurantes, hoteles, comercios, bodegas, artesanos y otras empresas que participan directa o indirectamente del movimiento turístico.
Esto no significa que la desaparición de los tubulares provocaría automáticamente la desaparición del turismo en Ica. Afirmarlo sería exagerado.
Ica posee suficientes atractivos para continuar siendo un destino turístico relevante: Huacachina, su paisaje desértico, las bodegas vitivinícolas y pisqueras, su gastronomía y su proximidad con Paracas y Nazca forman una oferta mucho más amplia.
Sin embargo, también sería un error pensar que retirar una experiencia emblemática del desierto no tendría consecuencias.
𝐄𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨: 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝
Los destinos turísticos no compiten únicamente por atractivos. Compiten por experiencias.
El turista contemporáneo busca actividades memorables, fotografiables, compartibles y diferenciadoras. En ese contexto, el desierto iqueño posee una ventaja competitiva extraordinaria.
La discusión, entonces, debería superar el dilema entre dos extremos:
T̲u̲b̲u̲l̲a̲r̲e̲s̲ s̲i̲n̲ s̲u̲f̲i̲c̲i̲e̲n̲t̲e̲ c̲o̲n̲t̲r̲o̲l̲ o̲ e̲l̲i̲m̲i̲n̲a̲c̲i̲ó̲n̲ t̲o̲t̲a̲l̲ d̲e̲ l̲a̲ a̲c̲t̲i̲v̲i̲d̲a̲d̲.̲
Existe una tercera alternativa: transformar la actividad.
Huacachina necesita vehículos técnicamente adecuados, operadores formales, conductores capacitados, protocolos obligatorios, fiscalización permanente, seguros, trazabilidad de las unidades, rutas establecidas, condiciones de operación claramente definidas y mecanismos efectivos de sanción para quienes incumplan las reglas.
El propio proceso regulatorio iniciado durante 2026 apunta en esa dirección. El MTC ha reiterado que las empresas deben tramitar la autorización municipal correspondiente, mientras que la Ordenanza Regional N.° 004-2026-GORE-ICA modificó los lineamientos aplicables a las actividades turísticas dentro del Área de Conservación Regional.
𝙎𝙚𝙜𝙪𝙧𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙮 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙣𝙤 𝙨𝙤𝙣 𝙤𝙗𝙟𝙚𝙩𝙞𝙫𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙥𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤𝙨
Existe además una cuestión que el sector privado debe reconocer.
Una actividad insegura también perjudica económicamente al destino.
Cada accidente grave deteriora la confianza del visitante, afecta la reputación de Huacachina y expone a agencias, operadores y autoridades a consecuencias humanas, legales y económicas.
Por ello, defender la continuidad de la experiencia no puede significar defender la informalidad.
Quien no cumple las condiciones técnicas, opera sin autorización o pone en riesgo a los pasajeros no solamente perjudica al turista: perjudica también a los empresarios formales que dependen de la reputación del destino.
La formalización, por tanto, no debería interpretarse como una amenaza para la actividad, sino como una condición necesaria para garantizar su futuro.
𝙇𝙖 𝙧𝙚𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙪𝙨𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚𝙗𝙚 𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙧 𝙘𝙤𝙢𝙤 𝙖𝙙𝙫𝙚𝙧𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖
Los acontecimientos de septiembre vuelven urgente esta discusión. Tras un operativo de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional, el servicio fue suspendido temporalmente mientras se revisaban aspectos relacionados con documentación, autorizaciones y condiciones de operatividad de las unidades.
Este episodio demuestra que postergar las soluciones tiene un costo.
Cuando durante años conviven vacíos regulatorios, informalidad, vehículos con diferentes características técnicas y responsabilidades distribuidas entre distintas autoridades, tarde o temprano la incertidumbre termina trasladándose al turista y al empresario formal.
No deberíamos esperar una nueva crisis para actuar.
¿𝙌𝙪𝙚́ 𝙙𝙚𝙗𝙚𝙧𝙞́𝙖 𝙝𝙖𝙘𝙚𝙧𝙨𝙚?
Desde una perspectiva gremial, consideramos necesario construir una solución que permita preservar la experiencia turística del desierto bajo estándares completamente diferentes a los que originaron la problemática.
Esto supone establecer definitivamente qué características técnicas deben tener las unidades; crear procedimientos realistas para su adecuación y autorización; determinar claramente quién fiscaliza y bajo qué criterios; profesionalizar y acreditar a los conductores; establecer protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias; ordenar rutas, horarios y zonas de circulación; proteger efectivamente el Área de Conservación Regional; y retirar de la actividad a quienes no cumplan las condiciones establecidas.
También debería evaluarse un periodo técnico de transición que permita a los operadores que realmente desean formalizarse adecuar sus vehículos, documentación y procedimientos dentro de plazos definidos y fiscalizables.
Formalizar no significa perpetuar aquello que funciona mal. Significa establecer un estándar y exigir que todos lo cumplan.
𝙃𝙪𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙞𝙣𝙖 𝙙𝙚𝙗𝙚 𝙚𝙫𝙤𝙡𝙪𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙧, 𝙣𝙤 𝙧𝙚𝙩𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙚𝙧
La pregunta, finalmente, no debería ser si estamos a favor o en contra de los tubulares.
La pregunta correcta es:
¿𝙌𝙪𝙚́ 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙡𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙦𝙪𝙚𝙧𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙞𝙧 𝙚𝙣 𝙃𝙪𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙞𝙣𝙖 𝙙𝙪𝙧𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝙥𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙤𝙨 𝙙𝙞𝙚𝙯 𝙤 𝙫𝙚𝙞𝙣𝙩𝙚 𝙖𝙣̃𝙤𝙨?
Uno donde la informalidad y la falta de fiscalización continúen poniendo en riesgo a los visitantes es insostenible.
Pero un modelo que, ante los problemas existentes, simplemente elimine experiencias turísticas consolidadas sin evaluar previamente su impacto económico, social y turístico también puede generar consecuencias que posteriormente sean difíciles de revertir.
Huacachina necesita orden. Necesita seguridad. Necesita conservación. Necesita fiscalización.
Pero también necesita seguir siendo competitiva.
El desafío de las autoridades, empresarios y gremios consiste precisamente en encontrar ese equilibrio.
Porque proteger al turista y proteger el destino no son objetivos contrarios. Son dos partes de una misma responsabilidad.
Y quizás el verdadero debate nunca debió ser cómo hacer desaparecer los tubulares, sino cómo transformar una actividad emblemática para que pueda continuar formando parte del futuro turístico de Ica de manera segura, formal y sostenible.
APETUR – Asociación Peruana de Empresas Turísticas
