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Presunto nuevo líder de la minería ilegal en Madre de Dios sigue asolando una región abandonada a su suerte

Mi opinión

En primer lugar, mis respetos por la calidad del reportaje que acaba de colgar en sus redes Inforegión y mis respetos también por la valentía del periodista Manuel Calloquispe, amigo nuestro desde hace mucho y corresponsal en Puerto Maldonado para diversos medios de comunicación capitalinos… y claro, también conductor desde hace trece años de La cara del pueblo, un sintonizadísimo programa televisivo en la capital de la biodiversidad del Perú, Madre de Dios.

Calloquispe es bravísimo, no le tema a nada y pese a las golpizas recibidas y las mil tentativas de acallar su voz, no se arredra y ha seguido fiel a una consigna propia de periodistas de su estirpe: decir la verdad pese a quien le pese. Y esta de la que viene hablando desde hace algunos meses, sí que duele por el tamaño descomunal que ha alcanzado la criminalidad en La Pampa, el territorio de la minería ilegal a la mano y la pasividad -por no decir complicidad- de un Estado desbordado por la delincuencia y la incapacidad de sus autoridades. En La Pampa, desde el kilómetro 98 hasta el 115 de la carretera Interoceánica, lo viene señalando el periodista por lo menos desde el 2017, las bandas criminales, organizadas, no han dejado de disputarse a lo bestia el control del territorio donde ejercen su más absoluto poder.

Ese año el periodista nacido en Cusco, pero más amazónico que el río Tambopata, pudo ingresar al sector del Quemadero para denunciar la presencia de un patio de ejecuciones y cementerio clandestino utilizado por los sicarios de Los Wachiturros de La Pampa y de Los Guardianes de la Trocha, entonces las bandas más poderosas en la zona, para dirimir sus controversias. Violando, torturando, ejecutando a hombres y mujeres, obviamente. La muerte de una mujer y su hija de dos años, atrapadas con el resto de sus familiares en las fauces de la ilegalidad, nos helaron la sangre por la brutalidad puesta de manifiesto por sus asesinos. Luego vino la operación Mercurio contra la minería ilegal que mitigó en algo el caos social en la región y al poco tiempo nos cayó encima la malhadada pandemia.

Vueltos a la normalidad, la normalidad en La Pampa se vuelve a teñir de sangre y violaciones a los derechos humanos de quien tenga la mala fortuna de toparse en el camino con los matarifes que dirigen el descontrol.

La crónica que nos manda Manuel desde ese fin del mundo por momentos resulta inverosímil. Los nuevos líderes de Los Guardianes de la Pampa, la organización al parecer sigue vivita y coleando diez años después de haberse creado, han decidido superar en maldad a la que impusieron en Centroamérica las maras salvatruchas: en el Valle del Castigo, sí, ese es el maléfico nombre que los vecinos le han puesto al descampado donde van a parar las víctimas de la violencia criminal en La Pampa, comenta el periodista valiéndose de información filtrada por la fiscalía, posiblemente se amontonen más de cien cadáveres de NN, por ahora, desaparecidos entre el 2000 y el 2025. Los informes que ha logrado recoger Manuel indican que entre enero y febrero de este año se han reportado 20 casos de desapariciones (o asesinatos) solo en la bendita La Pampa.

Ni en México, donde el hallazgo hace unos días de fosas comunes y crematorios clandestinos en Jalisco, utilizados posiblemente por el narco, ha hecho temblar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la situación es tan dramática como la que se vive en Madre de Dios. Aquí no pasa nada, cien muertos en un terral de La Pampa no le mueven un solo pelo al ministro del Interior ni a ninguna autoridad local. Para nosotros, la noticia es una más que guardaremos en el olvido.

Por ahora rogar que la vida de Calloquispe esté a buen resguardo después de estas denuncias y revelaciones y que la policía, el ministerio público, y por cierto, las demás autoridades, empiecen a actuar como corresponde. A nosotros fuentes cercanas, de personas que viven y trabajan en Puerto Maldonado, nos han manifestado que posiblemente sean las mismas bandas, con los mismos asesinos a la cabeza, las que están amedrentando a la población de La Joya y otros lugares de la periferia de la ciudad capital, incluso a los comuneros de Infierno, para que los dejen operar a su antojo en los espacios físicos, muchas veces bosques, donde los traficantes de terreno engordan sus billeteras a costa de la vida y la biodiversidad que nos queda. De terror, verdaderamente. Vamos a volver sobre el tema.


Un reportaje de Manuel de Manuel Calloquispe, periodista en Puerto Maldonado. Tomado de Inforegión.

Entre enero y febrero de 2025, al menos 20 personas habrían sido asesinadas o desaparecidas en la zona de minería ilegal de La Pampa, en Madre de Dios. Testimonios de testigos señalan como responsable a Edison Fernández Pérez, alias Chili, un hombre de 30 años que, con violencia, se habría impuesto como líder de los Guardianes de la Trocha, el grupo que brinda protección a los mineros ilegales de la zona.

Para afianzar su poder, Chili habría eliminado a tres de sus predecesores y ahora buscaría desplazar a los propios mineros para tomar el control absoluto de la actividad y otras economías ilícitas en la región.

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El asesinato de Ana García

El 8 de enero de 2025, cámaras de seguridad captaron el asesinato de Ana Denisse García Solsol, tesorera de la Asociación de Vivienda Nuevo Horizonte y dirigente influyente en La Pampa.

Cuando regresaba a casa en moto, una camioneta blanca y dos motocicletas le cerraron el paso en el kilómetro 110. En la camioneta se distinguen a seis hombres armados con fusiles BF-15 y pistolas, vestidos con chalecos policiales y con los rostros cubiertos. Al identificar a Ana, abrieron fuego, impactándola en la cabeza y la espalda. Testigos señalan que los disparos habrían sido realizados por Edison Fernández Pérez, alias «Chili», quien estaba acompañado de Albert Carranza Fernández, alias «Gringo».

Al retirarse, los atacantes dispararon al aire y gritaron: “¡Viva Chili, carajo!”. Fuentes anónimas señalan que Ana tenía vínculos con Eneyser Fernández Pérez, alias Brayam, hermano menor de un ex líder de los Guardianes de la Trocha (grupo de seguridad de los mineros ilegales) y rival de Chili.

El crimen quedó registrado en cámaras de vigilancia, pero quienes accedieron a las imágenes huyeron por temor a represalias. Testigos afirman que Chili ordenó borrar toda evidencia y amenazó a quienes pudieran tener copias del video, que ahora está en manos de las autoridades.

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Imagen que capta el momento exacto en que Ana García es asesinada. (Composición e imagen: Manuel Calloquispe/ Inforegión)

Un régimen de terror en La Pampa

Desde su llegada al poder, Chili y su grupo habrían instaurado un régimen de terror en La Pampa. No solo controlarían la seguridad, sino que actuarían como la máxima autoridad, resolviendo disputas, imponiendo justicia y regulando la vida de mineros, comerciantes y agricultores.

Este ascenso está marcado por la violencia. El 28 de marzo de 2024, testigos afirman que emboscó y asesinó a Iván Fernández Pérez, alias Tony, entonces líder de los Guardianes de la Trocha. Asimismo, aseguran que planificó el ataque con la banda Los Flores para quedarse con el control de la seguridad.

Desde entonces, habría consolidado su poder con una red de aliados como Gringo, Capo, Peque, Pollo y Chato. Se estima que más de 30 personas, incluidos colombianos y venezolanos, integran su grupo armado.

Investigaciones y procesos judiciales

Mientras, Chili asistía a audiencias judiciales en la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios por el presunto asesinato del defensor ambiental Juan Julio Fernández Hancco. La Fiscalía solicita 28 años y 4 meses de prisión para él y su hermano Jhon Fernández Pérez por este crimen. A pesar de tener una orden de detención preventiva, el 3 de enero de 2025 participó en la audiencia de manera virtual a través de Google Meet.

Durante el interrogatorio, negó cualquier vínculo con la minería ilegal, la seguridad de los mineros o los Guardianes de la Trocha, afirmando que solo trabajó tres meses como ayudante de minería. Sin embargo, días antes, el 28 de febrero, habría enviado un mensaje en el grupo de WhatsApp de la seguridad y los ronderos, dirigido a los trabajadores de la minería ilegal en La Pampa:

“Señores traqueros, buenas noches. Mañana se les empadronará a todos ustedes, porque queremos aquí en la Pampa gente de bien, no queremos delincuentes. Y para darles seguridad, se les estará cobrando 100 soles mensuales por traquero. El cobro será a partir de mañana en todos los peajes.
Atte. Don Chili

Cuando Chili menciona “peaje”, se refiere a los 15 puntos de control en los accesos a las zonas de minería ilegal en La Pampa, donde cobra 5 soles por cada moto, vehículo o mercadería que ingresa. Sin embargo, este no sería su única fuente de extorsión.

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El control del territorio y la minería ilegal

Desde su ascenso al presunto liderazgo de los Guardianes de la Trocha, Chili habría implementado medidas que han generado temor en la población local, incluyendo mineros, comerciantes y agricultores.

Según fuentes anónimas, el grupo impone cobros obligatorios por «seguridad» en la zona, estructurados de la siguiente manera.

  • S/100 mensuales a cada trabajador minero.
  • S/500 mensuales por cada motor minero.
  • S/5000 mensuales a negocios considerados problemáticos.
  • S/2000 a S/3000 mensuales a tiendas de compra de oro y distribuidores de combustible.

Fosas clandestinas y disputas de poder

La Pampa se ha convertido en un cementerio clandestino. En un informe previo, revelamos el hallazgo de cuatro cuerpos en una zona conocida como el Valle del Castigo. Según el fiscal Federico Choque García, de la Fiscalía Provincial Mixta de Mazuko, quien estuvo presente en la exhumación, en esta fosa común podrían yacer más de 100 víctimas. Testigos apuntan a Chili y su grupo como responsables de múltiples asesinatos y desapariciones.

Uno de los casos más emblemáticos es la ejecución de Agustín Montalvo Núñez, alias El Viejo, y tres de sus hombres el 10 de noviembre de 2024. Según fuentes anónimas, fueron citados a una tienda de compra de oro en el kilómetro 107, presuntamente propiedad de Chili. Luego, los trasladaron al Valle del Castigo, donde habrían sido torturados y asesinados.

Crímenes y ejecuciones en La Pampa

Señalado por testigos y fuentes anónimas, el poder de Chili se habría cimentado con sangre. Según estos relatos, desde su ascenso habría ordenado una serie de asesinatos para consolidar su control sobre la seguridad en La Pampa.

El 4 de octubre de 2020, junto a su hermano Coco, habría eliminado a los exlíderes de los Guardianes de la Trocha: Edy Tocto Román, alias Rodrigo, y posteriormente, Iván Fernández Pérez, alias Tony. Con estos crímenes, se habría posicionado como el jefe absoluto en la zona.

El 8 de agosto de 2020, Roxana Atamari Valencia, comerciante y trabajadora minera de 51 años, habría sido secuestrada por Chili y su hermano Jhon a la salida de la discoteca Tokio, acusada de filtrar información sobre la minería ilegal a la policía. Testigos aseguran que fue torturada y asesinada en el Valle del Castigo, aunque su cuerpo nunca fue hallado, a pesar de la búsqueda de su familia.

El 12 de abril de 2021, el suboficial S2 PNP Cristher Kevin Palomino García (26) ingresó de civil a la discoteca Tokio, donde habría conversado con una de las parejas de Chili. Según las fuentes, esto le costó la vida. Habría sido sacado del local por Chili y Jhon, y al día siguiente su cuerpo apareció dentro de una bolsa negra con cinco heridas de bala, a un kilómetro de su base Eco Charly.

El 8 de junio de 2021, Ana Kari Carhuajulca Tenorio, propietaria de dos centros nocturnos en la entrada del Faraón del kilómetro 108, fue asesinada de tres disparos (uno en la cabeza y dos en el pecho) frente a la discoteca Tokio. Se sospecha que proporcionaba información a la policía sobre la explotación de menores en prostíbulos, lo que habría desencadenado su ejecución, presuntamente por orden de los dueños de los bares con el respaldo de la seguridad de la zona.

El 9 de junio de 2023, el suboficial ST3 PNP Alex Sánchez Saavedra fue asesinado en la entrada de la “U” del kilómetro 108. Recibió dos disparos en la cabeza y uno en el pecho tras, según testigos, haberse negado a prestar su motocar a Chili y su hermano Jhon, quienes lo necesitaban para trasladar heridos luego de un enfrentamiento entre la seguridad minera y la del grupo musical Armonía 10, que se presentaba en el centro recreacional El Bosque. Su único error, según las fuentes: identificarse como policía.

Agricultor denuncia invasión minera en su terreno

Desde el puente Guacamayo, en el kilómetro 109 de la vía Interoceánica, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, era posible ver a la margen izquierda a mineros ilegales operando. Tadeo Quispe, propietario de una parcela agrícola en la zona, denunció desde enero de 2024 la invasión de mineros ilegales en su terreno ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Ambiental. En su denuncia, responsabilizaron a los miembros de seguridad de los mineros ilegales y solicitaron garantías personales para su familia.

En una entrevista para este medio, Tadeo Quispe ratificó su denuncia, señalando que los invasores contaban con seguridad, aunque afirmó no conocer sus nombres ni saber quién podría estar detrás. También solicitó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y a la Policía Ecológica que realizaran acciones de interdicción contra la minería ilegal en su propiedad. Sin embargo, cuando estas acciones se llevaron a cabo, los mineros ya habían abandonado el lugar, aparentemente advertidos con antelación. Pocos días después, retomaron sus actividades ilícitas en la parcela.

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Decidido a defender su tierra, el agricultor grabó y transmitió en vivo un recorrido por su propiedad, confrontando a los mineros ilegales. En el video, también denunció que la base Eco Charly se encuentra a solo 200 metros de las operaciones ilegales dentro de su terreno. Testigos relacionan las operaciones de minería en la parcela con los hombres de Chili, pero hasta el momento no se ha podido comprobar.

La impunidad de un criminal en ascenso

Chili no solo controlaría la minería ilegal en La Pampa, sino que también manejaría al menos dos tiendas de compra de oro, un grifo clandestino y varios puntos estratégicos en la zona. Según fuentes anónimas, las tiendas de compra de oro bajo su dominio estarían ubicadas en el kilómetro 107, en la entrada de los Cascos Blancos, y en el kilómetro 108. Además, poseería una ferretería en el kilómetro 109 y un grifo clandestino en la trocha a Sarayacu, utilizado para abastecer de combustible a la minería ilegal en la vía Interoceánica.

En la zona comercial de La Pampa, la seguridad estaría completamente controlada. Cámaras de videovigilancia con energía solar y autonomía de 24 horas estarían instaladas en la mayoría de tiendas y puntos estratégicos. Desde un búnker central, el grupo de Chili monitorearía en tiempo real quién entra y sale del área.

Además, información de campo indica que el grupo de Chili posee al menos cinco rifles AR-15, un fusil semiautomático ligero, pistolas, chalecos antibalas y uniformes similares a los de la Policía. Se han registrado fotografías en las que posan con su armamento, algunas de ellas compartidas en redes sociales.

Imagen: Manuel Calloquispe/ Inforegión

La violencia y las desapariciones siguen definiendo la realidad en la zona, mientras las autoridades judiciales y de seguridad enfrentan dificultades para contener una problemática que va más allá del ámbito local y pone en evidencia la falta de control estatal. A pesar de las denuncias e investigaciones en curso, el dominio territorial y económico que tendría la minería ilegal obstaculiza la acción de las autoridades y mantiene a la población bajo una constante amenaza.


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