Mi opinión
La propuesta de la diputada María René Álvarez Camacho, representante de la circunscripción de la Chiquitanía, la región oriental de Bolivia devastada por los pavorosos incendios de los últimos años, es de una importancia superlativa para la supervivencia de una especie severamente amenazada a lo largo de toda su distribución en nuestro continente. Baste con decir que es precisamente en la Amazonía y en el Pantanal donde se encuentra el grueso de su población calculada en 64 mil individuos y que la extraordinaria criatura ha sido venerada a lo largo de todo nuestro continente desde la aurora de los tiempos. Horrible, el tercer felino más grande del mundo después del tigre y el león ha visto mermada su población en un 50 por ciento.
La parlamentaria de 36 años adscrita a la oposición al gobierno del MAS en Bolivia fue quien lideró en su cámara la demanda al hacerse público las denuncias contra la caza y tráfico ilegal de jaguares en un área protegida del departamento de Santa Cruz. La acompañaron en su alegato por la razón autoridades indígenas, diversas organizaciones de la sociedad civil, guardaparques y numerosos colectivos defensores de la naturaleza. Bolivia es el país donde las mafias que trafican con la especie actúan con mayor impunidad y salvajismo y, lamentablemente, desde hace varios años. Un reporte del diario El País de España indica que deben quedar entre 4 mil y siete mil jaguares en todo su territorio.
Informes recogidos por la prensa boliviana e internacional indican que las autoridades estatales de ese país lograron incautar solo entre el 2013 y el 2016 380 colmillos de jaguares, lo que podría evidenciar la muerte de por lo menos 95 individuos. Las mafias chinas, sindicadas con pruebas irrefutables de estar detrás del ilícito negocio, suelen pagar por “cuatro colmillos, sus diez garras, su piel y sus genitales” entre 2,000 y 3,000 dólares en suelo boliviano, monto que se suele disparar en el mercado asiático hasta los 20 mil dólares.
Los colmillos de jaguar en el oriente más alejado del planeta han terminado de reemplazar a los de tigre en las preferencias de los compradores. En China los dientes del felino que llegan desde Sudamérica sin que sus adquirientes posiblemente conozcan la atroz forma en que fueron obtenidos se convierten en joyas con las que hacen ostentación riqueza sus nuevos millonarios. Otro interés de los que compran las demás partes de los jaguares que cayeron en las fauces del tráfico ilegal están vinculados con la medicina tradicional, los extravíos sexuales y la magia.
Como decíamos líneas arriba con la decisión del Tribuna Agroambiental, como lo ha señalado en su cuenta de Instagram la legisladora cruceña, Bolivia da un paso importante en la “prevención de la especie y la conservación de su hábitat, esto implica la prohibición de quemas y la no emisión de autorizaciones para los chaqueos [cortes y quemas del bosque para fines agrícolas, práctica común en nuestro país] en territorios sensibles”. Y para el resto de los países por donde se mueve el coloso un reto para seguir apuntalando las leyes y regulaciones que salven a la especie de la desaparición.
“Al proteger al jaguar, ha comentado Lila Sainz de WWF filial Bolivia, estamos conservando a una especie emblemática y reforzando la capacidad de resiliencia y regeneración natural de los ecosistemas, incluso de aquellos que han sido degradados severamente. Esto permite la coexistencia con actividades económicas y productivas desarrolladas por comunidades indígenas, campesinas y otros actores.”
La lucha por los jaguares, llamados en indistintamente otorongos, yaguaratés, jaguaretés, onças-pintadas, implica, lo hemos mencionado antes, un abordaje transfronterizo de su conservación. Recordemos los peruanos que la mayor población de jaguares en el mundo, después de la del Pantanal, es la nuestra y se encuentra en la provincia maternitana de Tahuamanu, cerca, cerquísima a la frontera con Bolivia.
Tomado de WWF – Bolivia
Sucre. En un hecho sin precedentes para la justicia ambiental boliviana, el Tribunal Agroambiental llevó a cabo una audiencia pública que concluyó con la otorgación de medidas cautelares a favor del jaguar (Panthera onca), especie emblemática de la biodiversidad del país, y su hábitat natural. Esta decisión histórica responde a una demanda interpuesta por la diputada María René Álvarez, tras conocerse denuncias de caza y tráfico ilegal en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, en el departamento de Santa Cruz.
La audiencia, celebrada en Sucre, reunió a representantes del Estado, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, científicos y defensores ambientales. En este contexto, varias instituciones y personas se sumaron como amicus curiae, aportando análisis jurídicos y técnicos clave para fortalecer la defensa del jaguar.
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WWF-Bolivia presentó un informe de Peritaje Ambiental Cultural respecto al caso de protección del jaguar (Panthera onca) y su hábitat técnico-científico en cumplimiento al mandato de la sala plena del Tribunal Agroambiental, conforme al Auto de Admisión Ambiental No. SP-TAA 001/2025, elaborado en forma conjunta con WCS, como se instruía en el mencionado Auto de Admisión Ambiental, el cual fue expuesto durante la audiencia. El documento subraya la necesidad de una restauración profunda de los ecosistemas afectados y una gestión integral que considere la dimensión ambiental, social, económica y cultural del jaguar.
Durante su intervención, Lila Sainz, Coordinadora de Proyectos y punto focal de vida silvestre de WWF-Bolivia, expresó: “Al proteger al jaguar, estamos conservando a una especie emblemática y reforzando la capacidad de resiliencia y regeneración natural de los ecosistemas, incluso de aquellos que han sido degradados severamente. Esto permite la coexistencia con actividades económicas y productivas desarrolladas por comunidades indígenas, campesinas y otros actores.”
Además, subrayó que: “Este informe observa que es necesario tomar medidas que aseguren la restauración de los ecosistemas y poblaciones afectadas, así también, restituir las condiciones que sustentan las relaciones espirituales y culturales entre el jaguar y los pueblos que lo consideran parte esencial de su identidad y su equilibrio vital.”
Sainz enfatizó que es indispensable establecer directrices claras de prevención y garantías de no repetición, reconociendo que la conservación del jaguar abarca una visión integral basada en los derechos de la Madre Tierra. “Estas medidas deben fortalecer el resguardo y la gestión de los territorios indígenas, de las áreas protegidas y de otros espacios esenciales para la conservación del jaguar, incluso fuera de los límites oficialmente establecidos, ya que se trata de una especie con comportamiento migratorio.”
Como resultado, de una audiencia de más de 5 horas de duración, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución con 12 disposiciones, entre las que se destacan:
- Pausa ecológica inmediata en todo el territorio nacional por quemas y chaqueos y pausa ecológica para actividades extractivas o antrópicas que amenacen su supervivencia.
- Protección integral para defensores ambientales.
- Creación de un fondo nacional para la conservación del jaguar.
- Recategorización del estado de conservación del jaguar en el Libro Rojo de especies amenazadas.
- Política de tolerancia cero al tráfico de fauna silvestre, con controles reforzados en aeropuertos y capacitación del personal.
- Reforma educativa nacional, con enfoque en biodiversidad, cambio climático y derechos de la naturaleza.
El Tribunal anunció que hará seguimiento permanente al cumplimiento de estas medidas, marcando así un precedente jurídico que fortalece la justicia ambiental en Bolivia y posiciona al país como referente en la defensa de los derechos de la naturaleza.
La audiencia celebrada en Sucre marcó un precedente inédito en la defensa ambiental boliviana, no solo por la naturaleza de las medidas dictadas, sino por el amplio respaldo multisectorial que la acompañó. En palabras de la diputada María René Álvarez, promotora de la Acción Ambiental Directa: “Hoy es un día histórico en la jurisdicción ambiental. Logramos que el Tribunal Agroambiental resuelva medidas de prevención para la especie, el jaguar, y que se disponga la conservación de su hábitat. Esto implica la prohibición de quemas y la no emisión de autorizaciones para los chaqueos en territorios sensibles. Hemos dado un paso muy importante junto a las autoridades indígenas, a la sociedad civil organizada, los guardaparques y los colectivos defensores de la naturaleza.”
Esta resolución marca un hito en la defensa de la vida silvestre y de los territorios que sostienen la vida. Proteger al jaguar es proteger la red de la que dependemos todos: comunidades, culturas, ecosistemas y generaciones futuras. Es un paso firme hacia una convivencia armónica con la naturaleza, donde los derechos de la naturaleza se reconocen, se respetan y se defienden con compromiso colectivo.
